EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Declaración Patrimonial se encuentra establecida en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual consiste en declarar los bienes que se poseen bajo juramento. Deberá presentarse a la Contraloría General de Cuentas como requisito para asumir el cargo al que fue electa una persona y al concluir el mismo.
La declaración de probidad deberá incluir los ingresos anuales de los funcionarios y sus cónyuges, detalle de bienes y derechos del declarante, su cónyuge e hijos dependientes, respaldados con documentos legales con el objetivo transparentar el ejercicio de la administración pública, para evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado.
Sin embargo, a diferencia de otros países en que los ciudadanos tienen acceso a las declaraciones de probidad de los funcionarios, en Guatemala la Ley les garantiza la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales puesto que se prohíbe su divulgación por cualquier medio, y solo podría verificar dentro de un proceso judicial en contra de algún funcionario.
Pese a que la ley ampara al empleado público, los últimos acontecimientos de corrupción que tienen en prisión al exbinomio presidencial Otto Pérez y Roxana Baldetti y que incluso les han inmobilizando propiedades por ser adquiridas con dinero de dudosa procedencia, han levantado un movimiento ciudadano que exige transparencia. De tal manera que organizaciones y medios de comunicación comprometieron de forma “moral” a los candidatos que pasaron a segunda vuelta, para hacer público su patrimonio y de esta forma empezar una administración transparente.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indica que Guatemala es de los pocos países de la región de América Latina que tienen esa declaración jurada como reservada, por lo que varios organismos han recomendado que sea haga pública, cosa que no se ha cumplido.
Marroquín dice que nadie le prohíbe a un candidato o funcionario hacer pública su declaración patrimonial, recordó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti, siempre ofreció hacer pública su declaración, y después dijo que sus abogados no le recomendaban hacerlo. “Esto no es de abogados, es de voluntad política. Es evidente que nuestros políticos le tienen miedo a ese escrutinio ciudadano”, señala.
Los candidatos presidenciales durante la contienda electoral siempre ofrecen hacer pública su declaración patrimonial en algún momento, estrategia para ganar la simpatía del electorado, sin que lo hagan efectivo, por lo que se impide que la ciudadanía conozca el patrimonio de quienes llevarán la administración de los recursos públicos.
“Con la negación de Morales y Torres veremos posiciones muy parecidas a las acostumbradas en el pasado, candidatos y gobernantes que están más de lado de la opacidad que de la transparencia, ofertan en campaña todo aquello que ya en el poder no cumplen”, asegura Marroquín.
Además refiere que “no debería haber temor de revelar sus bienes porque se supone que si se postulan a un cargo público es principalmente para servir y no para ir a acumular fortuna, es una torpeza no hacerla pública conociendo el contexto y la coyuntura que vive el país”.
Por su parte Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, dice que si los candidatos dijeron que antes de la segunda vuelta iban a hacer público su estado patrimonial y no la han hecho, pareciera ser que se están acercando a la elección con un mal pie, porque aun antes de ser electos están incumpliendo a su palabra nada menos que en el tema más sensible que es el de la transparencia.
“Es momento de demostrar que son personas honestas y que no tienen malas intenciones de hacerse de un cargo público para contribuir a enriquecerse o ayudar a sus amigos y colegas a hacerlo”, indica Fuentes.
En Guatemala la cultura de corrupción se encuentra enraizada y por ende se busca que los candidatos hagan público sus bienes y se autorice su divulgación, para comprobar que no se enriquezcan del erario nacional.
Según Fuentes lo que reflejan Morales y Torres es que no están escuchando la principal preocupación de los guatemaltecos en este momento y es claro que “el pueblo de Guatemala no dejará nunca más que los políticos abusen del poder”, lo que hay que hacerles saber es que estarán vigilados desde el primer día, cualquiera de los dos que tome posesión.
“El 2015 es un parteaguas en la historia guatemalteca, en especial en el tema de corrupción vamos a estar muy atentos en favor de la transparencia”, dice Fuentes.
El ofrecimiento
Pese al compromiso de hacer pública su declaración patrimonial jurada, a dos días de las elecciones ninguno de los dos (Morales y Torres) ha mostrado la voluntad de hacerlo.
Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo en varias oportunidades que era un compromiso publicar su declaración patrimonial antes de la segunda vuelta electoral.
Además indicó en una entrevista a un medio escrito que la propuesta para que los funcionarios hagan este procedimiento ya está en el Congreso. Se plantea como una reforma que lo permita y que al asumir un funcionario tenga esto como requisito. Para hablar de transparencia, “tenemos que predicar con el testimonio y el ejemplo”, dijo Torres.
Republica.gt hizo una serie de llamadas al portavoz del partido UNE, Ronaldo Robles, para saber cuándo la candidata haría publica su declaración patrimonial, sin embargo no contestó ninguna llamada al igual que nunca atendieron la una solicitud de entrevista del medio.
Por su parte el candidato Jimmy Morales del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dijo en una entrevista con República.gt que no tenían ningún problema con hacer pública su declaración patrimonial. Pese a ello no ha cumplido.
También se llamó al responsable del equipo de comunicación de Morales, Rudy Reyes, pero tampoco contestó, a pesar de que el candidato ha dicho tener una política de puertas abiertas para los medios de comunicación.
Firman pacto a favor de la transparencia
No han dado voluntad de dar cuentas al pueblo sobre sus bienes, sin embargo, los candidatos este jueves suscribieron dos acuerdos históricos, que se pretende sí se cumplan. Uno enfocado al fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio Civil, y el otro enfocado a la Alianza Nacional por la Transparencia.
El objetivo del acuerdo es comprometer a los presidenciables a implementar mecanismos asertivos para que el país genere los ingresos necesarios que originen más oportunidades para todos.
“Es un compromiso para llevar una agenda crítica en temas cruciales que nos ayuden a consolidar el Estado de Derecho. Los compromisos políticos que ambos candidatos están sellando con su firma son ejemplo de madurez democrática para que juntos podamos trabajar por mejorar nuestras instituciones”, dijo Felipe Bosch, presidente de Fundación para el Desarrollo (Fundesa), quien fungió como testigo de honor.
Los candidatos también suscribieron otro acuerdo denominado Alianza Nacional por la Transparencia donde el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y Acción Ciudadana se comprometen a fortalecer las áreas donde se conocen los temas contra la corrupción.
“Se crea una instancia interinstitucional para conocer y discutir los casos más relevantes de corrupción, ese es el espíritu del convenio. El próximo martes tenemos una primera reunión para darle agenda a los compromisos”, explicó Marroquín.
La Declaración Patrimonial se encuentra establecida en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual consiste en declarar los bienes que se poseen bajo juramento. Deberá presentarse a la Contraloría General de Cuentas como requisito para asumir el cargo al que fue electa una persona y al concluir el mismo.
La declaración de probidad deberá incluir los ingresos anuales de los funcionarios y sus cónyuges, detalle de bienes y derechos del declarante, su cónyuge e hijos dependientes, respaldados con documentos legales con el objetivo transparentar el ejercicio de la administración pública, para evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado.
Sin embargo, a diferencia de otros países en que los ciudadanos tienen acceso a las declaraciones de probidad de los funcionarios, en Guatemala la Ley les garantiza la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales puesto que se prohíbe su divulgación por cualquier medio, y solo podría verificar dentro de un proceso judicial en contra de algún funcionario.
Pese a que la ley ampara al empleado público, los últimos acontecimientos de corrupción que tienen en prisión al exbinomio presidencial Otto Pérez y Roxana Baldetti y que incluso les han inmobilizando propiedades por ser adquiridas con dinero de dudosa procedencia, han levantado un movimiento ciudadano que exige transparencia. De tal manera que organizaciones y medios de comunicación comprometieron de forma “moral” a los candidatos que pasaron a segunda vuelta, para hacer público su patrimonio y de esta forma empezar una administración transparente.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indica que Guatemala es de los pocos países de la región de América Latina que tienen esa declaración jurada como reservada, por lo que varios organismos han recomendado que sea haga pública, cosa que no se ha cumplido.
Marroquín dice que nadie le prohíbe a un candidato o funcionario hacer pública su declaración patrimonial, recordó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti, siempre ofreció hacer pública su declaración, y después dijo que sus abogados no le recomendaban hacerlo. “Esto no es de abogados, es de voluntad política. Es evidente que nuestros políticos le tienen miedo a ese escrutinio ciudadano”, señala.
Los candidatos presidenciales durante la contienda electoral siempre ofrecen hacer pública su declaración patrimonial en algún momento, estrategia para ganar la simpatía del electorado, sin que lo hagan efectivo, por lo que se impide que la ciudadanía conozca el patrimonio de quienes llevarán la administración de los recursos públicos.
“Con la negación de Morales y Torres veremos posiciones muy parecidas a las acostumbradas en el pasado, candidatos y gobernantes que están más de lado de la opacidad que de la transparencia, ofertan en campaña todo aquello que ya en el poder no cumplen”, asegura Marroquín.
Además refiere que “no debería haber temor de revelar sus bienes porque se supone que si se postulan a un cargo público es principalmente para servir y no para ir a acumular fortuna, es una torpeza no hacerla pública conociendo el contexto y la coyuntura que vive el país”.
Por su parte Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, dice que si los candidatos dijeron que antes de la segunda vuelta iban a hacer público su estado patrimonial y no la han hecho, pareciera ser que se están acercando a la elección con un mal pie, porque aun antes de ser electos están incumpliendo a su palabra nada menos que en el tema más sensible que es el de la transparencia.
“Es momento de demostrar que son personas honestas y que no tienen malas intenciones de hacerse de un cargo público para contribuir a enriquecerse o ayudar a sus amigos y colegas a hacerlo”, indica Fuentes.
En Guatemala la cultura de corrupción se encuentra enraizada y por ende se busca que los candidatos hagan público sus bienes y se autorice su divulgación, para comprobar que no se enriquezcan del erario nacional.
Según Fuentes lo que reflejan Morales y Torres es que no están escuchando la principal preocupación de los guatemaltecos en este momento y es claro que “el pueblo de Guatemala no dejará nunca más que los políticos abusen del poder”, lo que hay que hacerles saber es que estarán vigilados desde el primer día, cualquiera de los dos que tome posesión.
“El 2015 es un parteaguas en la historia guatemalteca, en especial en el tema de corrupción vamos a estar muy atentos en favor de la transparencia”, dice Fuentes.
El ofrecimiento
Pese al compromiso de hacer pública su declaración patrimonial jurada, a dos días de las elecciones ninguno de los dos (Morales y Torres) ha mostrado la voluntad de hacerlo.
Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo en varias oportunidades que era un compromiso publicar su declaración patrimonial antes de la segunda vuelta electoral.
Además indicó en una entrevista a un medio escrito que la propuesta para que los funcionarios hagan este procedimiento ya está en el Congreso. Se plantea como una reforma que lo permita y que al asumir un funcionario tenga esto como requisito. Para hablar de transparencia, “tenemos que predicar con el testimonio y el ejemplo”, dijo Torres.
Republica.gt hizo una serie de llamadas al portavoz del partido UNE, Ronaldo Robles, para saber cuándo la candidata haría publica su declaración patrimonial, sin embargo no contestó ninguna llamada al igual que nunca atendieron la una solicitud de entrevista del medio.
Por su parte el candidato Jimmy Morales del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dijo en una entrevista con República.gt que no tenían ningún problema con hacer pública su declaración patrimonial. Pese a ello no ha cumplido.
También se llamó al responsable del equipo de comunicación de Morales, Rudy Reyes, pero tampoco contestó, a pesar de que el candidato ha dicho tener una política de puertas abiertas para los medios de comunicación.
Firman pacto a favor de la transparencia
No han dado voluntad de dar cuentas al pueblo sobre sus bienes, sin embargo, los candidatos este jueves suscribieron dos acuerdos históricos, que se pretende sí se cumplan. Uno enfocado al fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio Civil, y el otro enfocado a la Alianza Nacional por la Transparencia.
El objetivo del acuerdo es comprometer a los presidenciables a implementar mecanismos asertivos para que el país genere los ingresos necesarios que originen más oportunidades para todos.
“Es un compromiso para llevar una agenda crítica en temas cruciales que nos ayuden a consolidar el Estado de Derecho. Los compromisos políticos que ambos candidatos están sellando con su firma son ejemplo de madurez democrática para que juntos podamos trabajar por mejorar nuestras instituciones”, dijo Felipe Bosch, presidente de Fundación para el Desarrollo (Fundesa), quien fungió como testigo de honor.
Los candidatos también suscribieron otro acuerdo denominado Alianza Nacional por la Transparencia donde el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y Acción Ciudadana se comprometen a fortalecer las áreas donde se conocen los temas contra la corrupción.
“Se crea una instancia interinstitucional para conocer y discutir los casos más relevantes de corrupción, ese es el espíritu del convenio. El próximo martes tenemos una primera reunión para darle agenda a los compromisos”, explicó Marroquín.
