EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La
tercerización de servicios públicos no es algo nuevo en el país. Algunas comunas lo
han utilizado con el argumento de aumentar su recaudación; sin embargo, la misma también tiene su lado oscuro, ya que junto a la posibilidad de cobrar más impuestos también aumentan las denuncias de corrupción. Comunas como Mixco, Chinautla, Fraijanes y San Miguel Petapa son algunos ejemplos. La posibilidad de contratar a terceros para sustituir el trabajo de las instituciones públicas se posicionó nuevamente al conocerse la intención de la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT)
de contratar a una empresa argentina para delegar el cobro de impuestos.
La
intención de la SAT fue puesta en la palestra pública por un sindicato de la
institución que se oponía a la medida. Éste argumentaba que la empresa recibiría alrededor de Q300 millones de
comisión por prestar el servicio. Ello genero crítica de diversos sectores y el Directorio de la
SAT dio marcha atrás. No obstante, el presidente Otto Pérez
Molina sostiene que es el mejor mecanismo para lograr una mejor recaudación.
En ese contexto, la tercerización en el servicio de
recaudación fiscal ha generado opiniones encontradas entre aquellos que no cuestionan la capacidad de la iniciativa privada para apoyar el servicio público y los que intuyen anomalías por funcionarios
y particulares para aprovecharse de las finanzas del Estado.
Para el analista
Hugo Maúl, tercerizar los servicios de
recaudación puede mejorarla pero ello no debe quedar en
manos privadas y alejar el control del Estado. “Los mecanismos de control sobre quienes de forma privada
realicen la recaudación deben estar afinados y ser muy estrictos para
evitar que la cura se convierta en un mal peor”, asegura.
Según el Ministro de Finanzas, Dorval Carías, todavía no hay un plan concreto relacionado con la propuesta de
la SAT. Asegura que ni siquiera hay una decisión al respecto y que el revuelo causado a nivel mediático no tiene una justificación. La figura del Ministro de Finanzas preside el Directorio de la SAT.
El
funcionario reconoce el interés de al menos dos empresas internacionales para
prestar estos servicios y de empresarios locales que ya tienen experiencia en
el manejo de recaudación tributaria. “Pero cada una de ellas tienen sus pro y
contras que hay que analizar; nada de
esto es nuevo. Hace años que hay propuestas al respecto, pero no fue sino hasta
ahora que a nivel mediático tomó fuerzas”, señaló
Para
Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la solución
no pasa por contratar a una empresa que se encargue de realizar el trabajo que
le corresponde al Estado. “Se
habla de un techo de pago de acuerdo con los resultados y que el mismo podría
llegar cerca de los Q300 millones, pero el Estado debe ejercer una acción
fiscalizadora que seguramente recaería en la SAT y entonces tendríamos una
institución cuyo costo de sostener es elevado”, dice. Según el
analista, los caminos más viables son los de encontrar las asesorías necesarias
y específicas para las áreas que se deben fortalecer, costo que resulta mucho
más barato pues hay instituciones oficiales que pueden hacer dicho trabajo, no
sólo en Guatemala sino internacionales.
Lo anterior
ayudaría sin utilizar a terceros para aumentar la recaudación, que en los últimos tres años ha registrado un déficit. La SAT tiene una
proyección de recaudar Q48 mil 500 en el 2014, lo que significa Q3 mil millones
menos a la meta planteada en enero (de Q51 mil 500). En
el 2013 tampoco
se llegó a la meta programada: la SAT logró una recaudación de Q46 mil
306 millones, lo que significó una brecha de Q2 mil 800 millones. La meta era
de Q49 mil 107 millones.
Costo-Beneficiode la tercerización
Para Oscar
Vásquez, de Acción Ciudadana, la tercerización en sí no es mala. Hace
ver que puede ayudar al Estado a cumplir con sus funciones y para hacer más eficientes los procesos, por ejemplo en el caso de la emisión de
pasaportes o licencias. Según el
analista, el problema es la forma
en hacer las cosas, cuando no se respetan los procesos de contratación.
Esa falta de transparencia se presta a sospechas de corrupción y vicios,
asegura, e indica que eso fue lo que sucedió en el caso de la SAT ‘porque a
dedo se estaba contratando a una empresa sin respetar los procedimientos’.
Según las conclusiones de un foro sobre el tema, realizado por el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la tercerización de servicios se han aplicado con anterioridad “pero sin éxito”. En la actividad se cuestionó la intención de la SAT de contratar a un
consorcio internacional por un plazo excesivamente largo (diez años).
Y es que las estimaciones contenidas en los dictámenes de la
SAT evidencian que el valor base sobre el cual se calcularían los honorarios
del consorcio a contratar era demasiado bajo. Para Ricardo Barrientos, este hallazgo permite concluir que la SAT acepta que no alcanzará las metas de
recaudación del 2014. Por ello, llamó a la reflexión a cómo el
Ejecutivo debiese enfrentar esta declaración de incapacidad por parte del ente recaudador.
Pero
también existe quienes no solamente claman por la privatización, sino además la
descentralización de los servicios como solución para mejorar la
recaudación. En este caso, Gerson López, Secretario General de la Asociación Nacional de
Municipalidades (Anam), afirma que varias comunas están ya en la disposición de
lograr buenos resultados en el cobro de algunos rubros de impuestos. Actualmente 228 municipalidades de los 338 municipios se hacen cargo del cobro
del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y los resultados ‘han sido extraordinarias’, dice.
El
funcionario menciona cómo la municipalidad de Mixco logró un aumento de hasta
el 38% en la recaudación del IUSI con la tercerización del servicio; sin
embargo, reconoce que el mismo también tiene su lado oscuro porque aumentaron
las denuncias de casos de corrupción. También recuerda los casos de los
municipios de Chinautla, Fraijanes
y San Miguel Petapa en el último año.
Tercerización controversial
Municipalidad de Mixco
Un ejemplo
de tercerización con dudoso
procedimiento se encuentra en la comuna mixqueña. En el año 1998, el ex alcalde del municipio, Abraham Rivera, contrató a la empresa Multicobros, S.A. para realizar los cobros
del IUSI y el Impuesto de Contribución por Mejoras. Al momento de realizarse el contrato, la municipalidad tenía
una recaudación por ambos impuestos de aproximadamente Q3 millones. Después de dos años de instalarse la tercerización en el servicio, la recaudación llegó a Q25 millones.
Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Salieron a luz pública anomalías en la negociación del contrato: la adjudicación del mismo se hizo por medio de una cotización
(109-96) cuando correspondía hacer un proceso de licitación para que
participaran más empresas y no seleccionar a una en particular, como finalmente sucedió. Además, la cotización no fue por
servicios de recaudación sino por arrendamiento de equipo de computación.
El contrato establecía que Multicobros
recibía un pago de Q25 por cada Q100 recaudados, de tal manera que la empresa
recibía un equivalente a Q6 millones al año. Sin embargo, la Municipalidad en la administración de
Abraham Rivera se quedó endeudada por Q100 millones. Las subsiguientes
administraciones, a cargo del hijo del Rivera, Amilcar, mantuvieron el contrato
vigente a la referida empresa y jamás se llegó a un proceso legal por el caso. A pesar de la petición de
República.Gt por conocer el estado actual de la recaudación de esa comuna a su actual alcalde, Otto Pérez Leal, jamás fue respondida la solicitud.
Casos similares ocurrieron en las municipalidades de Chinautla, Fraijanes y San Miguel Petapa.
La
tercerización de servicios públicos no es algo nuevo en el país. Algunas comunas lo
han utilizado con el argumento de aumentar su recaudación; sin embargo, la misma también tiene su lado oscuro, ya que junto a la posibilidad de cobrar más impuestos también aumentan las denuncias de corrupción. Comunas como Mixco, Chinautla, Fraijanes y San Miguel Petapa son algunos ejemplos. La posibilidad de contratar a terceros para sustituir el trabajo de las instituciones públicas se posicionó nuevamente al conocerse la intención de la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT)
de contratar a una empresa argentina para delegar el cobro de impuestos.
La
intención de la SAT fue puesta en la palestra pública por un sindicato de la
institución que se oponía a la medida. Éste argumentaba que la empresa recibiría alrededor de Q300 millones de
comisión por prestar el servicio. Ello genero crítica de diversos sectores y el Directorio de la
SAT dio marcha atrás. No obstante, el presidente Otto Pérez
Molina sostiene que es el mejor mecanismo para lograr una mejor recaudación.
En ese contexto, la tercerización en el servicio de
recaudación fiscal ha generado opiniones encontradas entre aquellos que no cuestionan la capacidad de la iniciativa privada para apoyar el servicio público y los que intuyen anomalías por funcionarios
y particulares para aprovecharse de las finanzas del Estado.
Para el analista
Hugo Maúl, tercerizar los servicios de
recaudación puede mejorarla pero ello no debe quedar en
manos privadas y alejar el control del Estado. “Los mecanismos de control sobre quienes de forma privada
realicen la recaudación deben estar afinados y ser muy estrictos para
evitar que la cura se convierta en un mal peor”, asegura.
Según el Ministro de Finanzas, Dorval Carías, todavía no hay un plan concreto relacionado con la propuesta de
la SAT. Asegura que ni siquiera hay una decisión al respecto y que el revuelo causado a nivel mediático no tiene una justificación. La figura del Ministro de Finanzas preside el Directorio de la SAT.
El
funcionario reconoce el interés de al menos dos empresas internacionales para
prestar estos servicios y de empresarios locales que ya tienen experiencia en
el manejo de recaudación tributaria. “Pero cada una de ellas tienen sus pro y
contras que hay que analizar; nada de
esto es nuevo. Hace años que hay propuestas al respecto, pero no fue sino hasta
ahora que a nivel mediático tomó fuerzas”, señaló
Para
Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la solución
no pasa por contratar a una empresa que se encargue de realizar el trabajo que
le corresponde al Estado. “Se
habla de un techo de pago de acuerdo con los resultados y que el mismo podría
llegar cerca de los Q300 millones, pero el Estado debe ejercer una acción
fiscalizadora que seguramente recaería en la SAT y entonces tendríamos una
institución cuyo costo de sostener es elevado”, dice. Según el
analista, los caminos más viables son los de encontrar las asesorías necesarias
y específicas para las áreas que se deben fortalecer, costo que resulta mucho
más barato pues hay instituciones oficiales que pueden hacer dicho trabajo, no
sólo en Guatemala sino internacionales.
Lo anterior
ayudaría sin utilizar a terceros para aumentar la recaudación, que en los últimos tres años ha registrado un déficit. La SAT tiene una
proyección de recaudar Q48 mil 500 en el 2014, lo que significa Q3 mil millones
menos a la meta planteada en enero (de Q51 mil 500). En
el 2013 tampoco
se llegó a la meta programada: la SAT logró una recaudación de Q46 mil
306 millones, lo que significó una brecha de Q2 mil 800 millones. La meta era
de Q49 mil 107 millones.
Costo-Beneficiode la tercerización
Para Oscar
Vásquez, de Acción Ciudadana, la tercerización en sí no es mala. Hace
ver que puede ayudar al Estado a cumplir con sus funciones y para hacer más eficientes los procesos, por ejemplo en el caso de la emisión de
pasaportes o licencias. Según el
analista, el problema es la forma
en hacer las cosas, cuando no se respetan los procesos de contratación.
Esa falta de transparencia se presta a sospechas de corrupción y vicios,
asegura, e indica que eso fue lo que sucedió en el caso de la SAT ‘porque a
dedo se estaba contratando a una empresa sin respetar los procedimientos’.
Según las conclusiones de un foro sobre el tema, realizado por el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la tercerización de servicios se han aplicado con anterioridad “pero sin éxito”. En la actividad se cuestionó la intención de la SAT de contratar a un
consorcio internacional por un plazo excesivamente largo (diez años).
Y es que las estimaciones contenidas en los dictámenes de la
SAT evidencian que el valor base sobre el cual se calcularían los honorarios
del consorcio a contratar era demasiado bajo. Para Ricardo Barrientos, este hallazgo permite concluir que la SAT acepta que no alcanzará las metas de
recaudación del 2014. Por ello, llamó a la reflexión a cómo el
Ejecutivo debiese enfrentar esta declaración de incapacidad por parte del ente recaudador.
Pero
también existe quienes no solamente claman por la privatización, sino además la
descentralización de los servicios como solución para mejorar la
recaudación. En este caso, Gerson López, Secretario General de la Asociación Nacional de
Municipalidades (Anam), afirma que varias comunas están ya en la disposición de
lograr buenos resultados en el cobro de algunos rubros de impuestos. Actualmente 228 municipalidades de los 338 municipios se hacen cargo del cobro
del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y los resultados ‘han sido extraordinarias’, dice.
El
funcionario menciona cómo la municipalidad de Mixco logró un aumento de hasta
el 38% en la recaudación del IUSI con la tercerización del servicio; sin
embargo, reconoce que el mismo también tiene su lado oscuro porque aumentaron
las denuncias de casos de corrupción. También recuerda los casos de los
municipios de Chinautla, Fraijanes
y San Miguel Petapa en el último año.
Tercerización controversial
Municipalidad de Mixco
Un ejemplo
de tercerización con dudoso
procedimiento se encuentra en la comuna mixqueña. En el año 1998, el ex alcalde del municipio, Abraham Rivera, contrató a la empresa Multicobros, S.A. para realizar los cobros
del IUSI y el Impuesto de Contribución por Mejoras. Al momento de realizarse el contrato, la municipalidad tenía
una recaudación por ambos impuestos de aproximadamente Q3 millones. Después de dos años de instalarse la tercerización en el servicio, la recaudación llegó a Q25 millones.
Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Salieron a luz pública anomalías en la negociación del contrato: la adjudicación del mismo se hizo por medio de una cotización
(109-96) cuando correspondía hacer un proceso de licitación para que
participaran más empresas y no seleccionar a una en particular, como finalmente sucedió. Además, la cotización no fue por
servicios de recaudación sino por arrendamiento de equipo de computación.
El contrato establecía que Multicobros
recibía un pago de Q25 por cada Q100 recaudados, de tal manera que la empresa
recibía un equivalente a Q6 millones al año. Sin embargo, la Municipalidad en la administración de
Abraham Rivera se quedó endeudada por Q100 millones. Las subsiguientes
administraciones, a cargo del hijo del Rivera, Amilcar, mantuvieron el contrato
vigente a la referida empresa y jamás se llegó a un proceso legal por el caso. A pesar de la petición de
República.Gt por conocer el estado actual de la recaudación de esa comuna a su actual alcalde, Otto Pérez Leal, jamás fue respondida la solicitud.
Casos similares ocurrieron en las municipalidades de Chinautla, Fraijanes y San Miguel Petapa.
