EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Es noticia. La jueza federal Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Donald Trump revocar la certificación de Harvard para matricular estudiantes internacionales. La decisión responde a una demanda presentada por la universidad, que argumenta que la medida viola la Primera Enmienda y tendría un efecto devastador para más de 7000 estudiantes con visas.
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Burroughs señaló que Harvard sufriría un "daño inmediato e irreparable" si se mantiene la medida, y programó una audiencia para el 27 de mayo.
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La universidad afirmó que la revocación de la certificación eliminaría a una cuarta parte de su cuerpo estudiantil, compuesto por estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a su misión académica.
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La medida del gobierno ha sumido al campus en el caos días antes de la graduación, y los estudiantes extranjeros enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal o transferirse a otras instituciones.
Qué destacar. La administración Trump ha justificado la revocación de la certificación de Harvard citando preocupaciones sobre antisemitismo y actividades pro-palestinas en el campus. El presidente Trump defendió la medida argumentando que esos países no pagan nada por la educación de sus estudiantes.
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El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, revocó la certificación de Harvard para matricular estudiantes internacionales, alegando que la universidad no cumplió con las solicitudes de información sobre estudiantes extranjeros involucrados en actividades ilegales.
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Harvard ha denunciado que la medida es una represalia inconstitucional por oponerse a las exigencias políticas de la Casa Blanca, y ha presentado una demanda para frenar la orden presidencial.
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La universidad también ha enfrentado la congelación de USD 2600M en fondos federales y amenazas de retirar beneficios fiscales, como parte de una ofensiva más amplia contra instituciones académicas consideradas como bastiones del liberalismo.
Lo que sigue. La audiencia judicial programada para el 27 de mayo será clave para determinar el futuro de los estudiantes internacionales en Harvard y el alcance de la autoridad del gobierno federal sobre las instituciones académicas.
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Si la orden de restricción temporal no se extiende, los estudiantes extranjeros podrían verse obligados a transferirse a otras universidades o arriesgarse a perder su estatus legal para permanecer en el país.
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La disputa legal entre Harvard y la administración Trump podría sentar un precedente sobre la autonomía de las universidades y la protección de los derechos de los estudiantes internacionales en Estados Unidos.
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La comunidad académica y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por las implicaciones de la medida y han instado al gobierno a reconsiderar su posición.
Es noticia. La jueza federal Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Donald Trump revocar la certificación de Harvard para matricular estudiantes internacionales. La decisión responde a una demanda presentada por la universidad, que argumenta que la medida viola la Primera Enmienda y tendría un efecto devastador para más de 7000 estudiantes con visas.
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Burroughs señaló que Harvard sufriría un "daño inmediato e irreparable" si se mantiene la medida, y programó una audiencia para el 27 de mayo.
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La universidad afirmó que la revocación de la certificación eliminaría a una cuarta parte de su cuerpo estudiantil, compuesto por estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a su misión académica.
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Qué destacar. La administración Trump ha justificado la revocación de la certificación de Harvard citando preocupaciones sobre antisemitismo y actividades pro-palestinas en el campus. El presidente Trump defendió la medida argumentando que esos países no pagan nada por la educación de sus estudiantes.
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El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, revocó la certificación de Harvard para matricular estudiantes internacionales, alegando que la universidad no cumplió con las solicitudes de información sobre estudiantes extranjeros involucrados en actividades ilegales.
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Harvard ha denunciado que la medida es una represalia inconstitucional por oponerse a las exigencias políticas de la Casa Blanca, y ha presentado una demanda para frenar la orden presidencial.
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La universidad también ha enfrentado la congelación de USD 2600M en fondos federales y amenazas de retirar beneficios fiscales, como parte de una ofensiva más amplia contra instituciones académicas consideradas como bastiones del liberalismo.
Lo que sigue. La audiencia judicial programada para el 27 de mayo será clave para determinar el futuro de los estudiantes internacionales en Harvard y el alcance de la autoridad del gobierno federal sobre las instituciones académicas.
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Si la orden de restricción temporal no se extiende, los estudiantes extranjeros podrían verse obligados a transferirse a otras universidades o arriesgarse a perder su estatus legal para permanecer en el país.
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La disputa legal entre Harvard y la administración Trump podría sentar un precedente sobre la autonomía de las universidades y la protección de los derechos de los estudiantes internacionales en Estados Unidos.
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La comunidad académica y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por las implicaciones de la medida y han instado al gobierno a reconsiderar su posición.
