EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Armada con panfletos y carteles en mano, tapabocas y gel desinfectante, Luz Ortiz recorre junto a un colectivo de mujeres latinas los vecindarios de Houston, Texas, donde se registró el mayor índice de desalojos y contagios de la covid-19.
“¿Sabía que si le cambian la cerradura de su apartamento está en su derecho de reclamar otro juego de llaves?”, se le escucha decir a Ortiz en un vecindario en el oeste del condado de Harris.
“Si está atrasado con la renta, hay ayuda”, remata, mientras desliza un panfleto en el interior de un vehículo que aprisa la marcha.
Ortiz es fundadora de Mujeres Trabajadoras Inmigrantes, una organización creada luego del devastador paso del Huracán Harvey por Texas, que dejó decenas de muertos y millonarias pérdidas.
Desde entonces, la misión de la organización ha sido educar y guiar a las mujeres latinas a través de programas para conocer mejor sus derechos laborales y humanos.
“Pero desde hace ocho meses nuestro objetivo se ha enfocado en los derechos de los inquilinos para que no se dejen intimidar ni amenazar por los propietarios”, señala Ortiz, originaria de Colombia.
Los latinos del condado más grande de Texas pertenecen a uno de los estratos sociales con menos recursos económicos y, según Ortiz, la mayoría desconoce las leyes que rigen el código de propiedad estatal.
“Muchos han perdido sus trabajos y nuestras mujeres trabajadoras latinas, que laboran en la limpieza o el sector industrial, se están quedando en casa con los hijos a los que tienen que sacar adelante mientras se las arreglan para llevar el pan de cada día”, recalca.
Por eso, Mujeres Trabajadoras Inmigrantes procura orientar a la comunidad que “encara” a otra pandemia: el “virus de la renta”.
No hay para la renta
Galendis Jau, de Guatemala y madre de tres niños adolescentes, dejó de trabajar varios meses en una cafetería de un centro de estudios superior. Debía varios meses de renta cuando se topó con Mujeres Trabajadoras Inmigrantes.
Luego, a días del desalojo inminente, encontró la información que necesitaba para solicitar ayuda financiera a través de los programas municipales y caritativos.
“Hay muchas personas que están siendo afectadas. Por medio de esta organización nos podemos ayudar”, recalca Jau, quien colabora con Mujeres Trabajadoras Inmigrantes para llevar el mismo mensaje que ella recibió.
De acuerdo a January Advisors, en 2020 se tramitaron 32 mil 992 órdenes de desahucios inmobiliarios. De esa cifra solo el 3% tuvo representación legal en una audiencia en corte.
Comunidades vulnerables
Yilian David, hondureña, también es madre de tres niños y desde hace más de un año es voluntaria con Mujeres Trabajadoras Inmigrantes.
Señala que muchos inmigrantes garífunas en Houston experimentan recortes de empleo y maltratos porque están atrasados en el pago del alquiler mensual.
“Los amenazan constantemente, les cortan el servicio de luz, se quedan sin agua. Lo peor es que muchos aguantan esos abusos y se quedan callados por la condición de inmigrante y por temor, pero tenemos derechos”, enfatiza David.
Asistencia social
El gobierno municipal y del condado han puesto en marcha programas de asistencia financiera con hasta al menos dos meses del pago de la renta. Pero de acuerdo a Rob Warnock, de Apartment List, esa ayuda no es suficiente para detener la acumulación de las deudas inmobiliarias.
“Las comunidades inmigrantes en todo el país han experimentado pérdida de empleo y como consecuencia han dejado de percibir cobertura médica casi un 50 % mayor que el resto de la población”, advierte.
De hecho, el 30 % de los inquilinos en todo EE. UU. no pudieron hacer frente al pago de la renta o hipoteca a principios de enero de 2021. Mientras que cerca del 20 % no pudo hacer ningún pago debido a la crisis económica desatada por el covid-19, una tendencia que se ha repetido desde mayo de 2019.
Conocer sus derechos
Mientras tanto, Ortiz y el grupo de Mujeres Trabajadoras Inmigrantes continuarán en su propósito de repartir cuanto volante puedan en las calles de Houston y sus alrededores, donde viven las comunidades inmigrantes de latinos más vulnerables.
“La idea es que sepan que sus derechos cuentan y que no pueden sacarlos de sus apartamentos por falta de pago sin una orden judicial y sin antes haber ido a corte a exponer y a explicar por qué no pueden hacer los pagos”, sostiene.
El mes pasado, la Corte Suprema de Texas amplió la vigencia de un programa de desalojo que permite a los inquilinos y arrendatarios a llegar a un acuerdo para recibir fondos estatales equivalentes a hasta cinco meses de renta atrasada.
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“Si está atrasado con la renta, hay ayuda”, remata, mientras desliza un panfleto en el interior de un vehículo que aprisa la marcha.
Ortiz es fundadora de Mujeres Trabajadoras Inmigrantes, una organización creada luego del devastador paso del Huracán Harvey por Texas, que dejó decenas de muertos y millonarias pérdidas.
Desde entonces, la misión de la organización ha sido educar y guiar a las mujeres latinas a través de programas para conocer mejor sus derechos laborales y humanos.
“Pero desde hace ocho meses nuestro objetivo se ha enfocado en los derechos de los inquilinos para que no se dejen intimidar ni amenazar por los propietarios”, señala Ortiz, originaria de Colombia.
Los latinos del condado más grande de Texas pertenecen a uno de los estratos sociales con menos recursos económicos y, según Ortiz, la mayoría desconoce las leyes que rigen el código de propiedad estatal.
“Muchos han perdido sus trabajos y nuestras mujeres trabajadoras latinas, que laboran en la limpieza o el sector industrial, se están quedando en casa con los hijos a los que tienen que sacar adelante mientras se las arreglan para llevar el pan de cada día”, recalca.
Por eso, Mujeres Trabajadoras Inmigrantes procura orientar a la comunidad que “encara” a otra pandemia: el “virus de la renta”.
No hay para la renta
Galendis Jau, de Guatemala y madre de tres niños adolescentes, dejó de trabajar varios meses en una cafetería de un centro de estudios superior. Debía varios meses de renta cuando se topó con Mujeres Trabajadoras Inmigrantes.
Luego, a días del desalojo inminente, encontró la información que necesitaba para solicitar ayuda financiera a través de los programas municipales y caritativos.
“Hay muchas personas que están siendo afectadas. Por medio de esta organización nos podemos ayudar”, recalca Jau, quien colabora con Mujeres Trabajadoras Inmigrantes para llevar el mismo mensaje que ella recibió.
De acuerdo a January Advisors, en 2020 se tramitaron 32 mil 992 órdenes de desahucios inmobiliarios. De esa cifra solo el 3% tuvo representación legal en una audiencia en corte.
Comunidades vulnerables
Yilian David, hondureña, también es madre de tres niños y desde hace más de un año es voluntaria con Mujeres Trabajadoras Inmigrantes.
Señala que muchos inmigrantes garífunas en Houston experimentan recortes de empleo y maltratos porque están atrasados en el pago del alquiler mensual.
“Los amenazan constantemente, les cortan el servicio de luz, se quedan sin agua. Lo peor es que muchos aguantan esos abusos y se quedan callados por la condición de inmigrante y por temor, pero tenemos derechos”, enfatiza David.
Asistencia social
El gobierno municipal y del condado han puesto en marcha programas de asistencia financiera con hasta al menos dos meses del pago de la renta. Pero de acuerdo a Rob Warnock, de Apartment List, esa ayuda no es suficiente para detener la acumulación de las deudas inmobiliarias.
“Las comunidades inmigrantes en todo el país han experimentado pérdida de empleo y como consecuencia han dejado de percibir cobertura médica casi un 50 % mayor que el resto de la población”, advierte.
De hecho, el 30 % de los inquilinos en todo EE. UU. no pudieron hacer frente al pago de la renta o hipoteca a principios de enero de 2021. Mientras que cerca del 20 % no pudo hacer ningún pago debido a la crisis económica desatada por el covid-19, una tendencia que se ha repetido desde mayo de 2019.
Conocer sus derechos
Mientras tanto, Ortiz y el grupo de Mujeres Trabajadoras Inmigrantes continuarán en su propósito de repartir cuanto volante puedan en las calles de Houston y sus alrededores, donde viven las comunidades inmigrantes de latinos más vulnerables.
“La idea es que sepan que sus derechos cuentan y que no pueden sacarlos de sus apartamentos por falta de pago sin una orden judicial y sin antes haber ido a corte a exponer y a explicar por qué no pueden hacer los pagos”, sostiene.
El mes pasado, la Corte Suprema de Texas amplió la vigencia de un programa de desalojo que permite a los inquilinos y arrendatarios a llegar a un acuerdo para recibir fondos estatales equivalentes a hasta cinco meses de renta atrasada.
