EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Fiscalía abre celulares del presidente Alvarado por caso de datos personales en Costa Rica
La Fiscalía de Costa Rica comenzó el proceso para “abrir” los teléfonos como parte de la investigación contra el presidente, Carlos Alvarado. Ello por la creación de una unidad de análisis de datos de la población.
La Fiscalía informó del inicio de estas diligencias que podrían extenderse por dos semanas y con las que busca obtener pruebas relacionadas con este caso.
En el proceso participaron los abogados personales del presidente Alvarado. La defensa se quejó de que la Fiscalía habría entrado antes de tiempo a un disco duro decomisado para revisar correos electrónicos.
La fiscal general, Emilia Navas, dijo a los periodistas que eso es falso. Aseguró que las autoridades judiciales están siguiendo el debido proceso en este caso.
El presidente Alvarado señaló que luego de inspeccionar la construcción de una carretera, que siente “gran tranquilidad” y que es “positivo” que el proceso avance. Aseguró que ha depositado en las instituciones judiciales la confianza para conocer la verdad de estos hechos.
Alvarado no soportó la presión
El caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) salió a la luz el 21 de febrero de 2020. En esa fecha los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, que se centraban en su artículo 7.
Ese artículo indicaba: “Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD”. Además que “para el cumplimiento de sus fines y objetivos” incluida “la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.
El presidente Alvarado siempre dijo que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en Casa Presidencial. Reconoció que hubo errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
El mandatario también ha reconocido que hubo “torpeza política” en la elaboración del decreto.
Además, las autoridades reiteraron que el Gobierno nunca ha tenido la intención de violentar la privacidad de las personas, sino contar con herramientas para mejorar las políticas públicas.
Desde que salió a la luz este tema, la oposición política ha criticado al Gobierno de Alvarado y le ha acusado de “espiar” a los costarricenses. Esto mediante la recopilación de datos personales y de cometer un delito al firmar un decreto contrario a la ley.
Alvarado deberá comparecer ante el Congreso el 10 de febrero para dar explicaciones por este caso, Lo anterior según determinó en diciembre pasado una comisión investigadora del Legislativo.
Por este caso renunciaron en febrero pasado el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas. También el coordinador del equipo de análisis de datos, Diego Fernández, todos investigados por la Fiscalía.
La Fiscalía registró el 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados. Se decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.
Los delitos que se investigan son prevaricato (firma de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales.
Fiscalía abre celulares del presidente Alvarado por caso de datos personales en Costa Rica
La Fiscalía de Costa Rica comenzó el proceso para “abrir” los teléfonos como parte de la investigación contra el presidente, Carlos Alvarado. Ello por la creación de una unidad de análisis de datos de la población.
La Fiscalía informó del inicio de estas diligencias que podrían extenderse por dos semanas y con las que busca obtener pruebas relacionadas con este caso.
En el proceso participaron los abogados personales del presidente Alvarado. La defensa se quejó de que la Fiscalía habría entrado antes de tiempo a un disco duro decomisado para revisar correos electrónicos.
La fiscal general, Emilia Navas, dijo a los periodistas que eso es falso. Aseguró que las autoridades judiciales están siguiendo el debido proceso en este caso.
El presidente Alvarado señaló que luego de inspeccionar la construcción de una carretera, que siente “gran tranquilidad” y que es “positivo” que el proceso avance. Aseguró que ha depositado en las instituciones judiciales la confianza para conocer la verdad de estos hechos.
Alvarado no soportó la presión
El caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) salió a la luz el 21 de febrero de 2020. En esa fecha los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, que se centraban en su artículo 7.
Ese artículo indicaba: “Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD”. Además que “para el cumplimiento de sus fines y objetivos” incluida “la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.
El presidente Alvarado siempre dijo que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en Casa Presidencial. Reconoció que hubo errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
El mandatario también ha reconocido que hubo “torpeza política” en la elaboración del decreto.
Además, las autoridades reiteraron que el Gobierno nunca ha tenido la intención de violentar la privacidad de las personas, sino contar con herramientas para mejorar las políticas públicas.
Desde que salió a la luz este tema, la oposición política ha criticado al Gobierno de Alvarado y le ha acusado de “espiar” a los costarricenses. Esto mediante la recopilación de datos personales y de cometer un delito al firmar un decreto contrario a la ley.
Alvarado deberá comparecer ante el Congreso el 10 de febrero para dar explicaciones por este caso, Lo anterior según determinó en diciembre pasado una comisión investigadora del Legislativo.
Por este caso renunciaron en febrero pasado el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas. También el coordinador del equipo de análisis de datos, Diego Fernández, todos investigados por la Fiscalía.
La Fiscalía registró el 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados. Se decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.
Los delitos que se investigan son prevaricato (firma de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales.
