EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Por Helen Montoya, especial para República
Honduras. A partir de abril, las protestas y bloqueo de calles no cesan en Honduras; médicos y maestros, transportistas de carga pesada, policías y universitarios, han mostrado su descontento frente a la crisis política que se vive en ese país.
El martes se registró un enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Técnico Honduras en la capital, que intentaban colocar una barricada en un bulevar en Tegucigalpa.
Los manifestantes con el rostro cubierto, lanzaron piedras a la policía, que respondió con bombas lacrimógenas.
Estos enfrentamientos se han vuelto comunes por la inconformidad de varios sectores que reclaman más apoyo para educación, salud y que rechazan cualquier intento de recortar el presupuesto a estos rubros.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández promulgó acuerdos en el área de salud y educación, que luego fueron derogados por las manifestaciones contra esos convenios, calificados de dañinos para la población.
Hechos violentos
El lunes 24 de junio, elementos policiales y militares dispararon contra un grupo de estudiantes que se encontraba en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Unos treinta miembros de la Policía Militar del Orden Público irrumpió en el campus universitario, disparando a los estudiantes que mantenían algunos edificios tomados en apoyo a las manifestaciones que promueve la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación.
En ese hecho resultaron heridos cinco estudiantes y dos policías.
Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, manifestó que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Púbico para que investiguen el caso.
“Lastimosamente fueron reprimidos con bala viva. Sentimos impotencia y cólera. Condenamos enérgicamente las acciones irresponsables realizadas por la Policía Militar al ingresar en el campus”, escribió en su cuenta de Twitter el rector de la Universidad.
El ingreso de la Seguridad a la universidad fue condenado por varios sectores, organizaciones y trascendió en medios internacionales.
Mediante un comunicado, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina), argumentó que los soldados entraron en el campus de la Universidad “por la flagrante de privación de la libertad de un miembro de la autoridad que con violencia e intimidación fue sometido e ingresado abruptamente por parte de encapuchados” al interior de la máxima casa de estudios.
Además, los miembros de las fuerzas de seguridad afirman que llegaron a la afueras de la Universidad para restablecer el orden, pero fueron atacados con bombas caseras letales, cañones Masaya, piedras, palos y otros objetos.
Por otra parte, la semana pasada se paralizaron los transportistas de carga pesada que exigían la agilización en el trámite del permiso de operación y del código aduanero, ocasionando caos principalmente en la entrada de Tegucigalpa.
Debido al paro varias gasolineras del país quedaron sin combustible. Mientras que el día siguiente (martes) hubo una huelga de brazos caídos por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
Esta huelga de los policías causó mayores protestas y bloqueos en todo el territorio, saqueos de negocios y una represión por parte de la Policía Militar del Orden Público, que dejó más de 20 heridos y al menos dos muertos.
El paro de los transportistas duró tres días tras la negociación con representantes de ese rubro y el Gobierno.
Para disolver las protestas, la policía militar reprimió a los manifestantes después que cientos de policías de las fuerzas especiales antidisturbios declararan una huelga “de brazos caídos” de dos días.
Los policías alegan que sus superiores les obligaban a trabajar en jornadas sin descanso, pero tras llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Seguridad, que les prometieron mejoras en sus condiciones laborales, volvieron a sus labores
Inicio de las protestas
Luego de seis semanas de protestas por la anulación del decreto que “privatizaría” los sistemas nacionales de Salud y Educación, médicos y maestros organizados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, expusieron las necesidades de los centros educativos y hospitales del país.
“No estamos protestando por el tema laboral únicamente, eso sería disminuir a la mínima expresión este movimiento, estamos aquí para defender la salud y la educación”, expresó Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras.
“Los decretos del Ejecutivo fueron derogados y aunque ponían en riesgo nuestras conquistas laborales, nosotros aventajaríamos en nuestras demandas laborales, en caso de ser despedidos, pues recurriríamos a la Corte para ser reintegrados”, detalla Santos.
A finales de abril de este año, la Cámara Legislativa aprobó en su primer debate el artículo 1 de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.
Para los gremios de ambos ministerios fue “alarmante” porque en esa nueva normativa se facilitaban despidos, lo que causó que médicos y docentes tomaran acciones orientadas a derogar los Decretos Ejecutivos números PCM-026-2018, PCM-027- 2018.
“La salud y educación son derechos humanos fundamentales con carácter de gratuidad, lo que significa que se les devuelvan los impuestos a los hondureños a través de estos servicios”, comenta Santos.
Piden un mediador extranjero
Para el proceso de diálogo, la Plataforma para la Defensa de Salud y Educación solicita la presencia de un mediador extranjero, experto en políticas públicas y derechos humanos.
“Necesitamos un veedor, un juez que sea imparcial y creíble para ambas partes; que no sea un militante del partido de Gobierno o un funcionario”, indican fuentes de la Plataforma.
Agrega que buscan un diálogo que establezca las líneas de comunicación a través de interlocutores válidos que tengan credibilidad.
Mientras, el gobierno ha insistido en que la derogación es suficiente para que haya diálogo; pero, la plataforma por la Salud y Educación afirma que no existen garantías para resolver el conflicto en negociaciones y ha impuesto nueve condiciones para acceder a un diálogo con el gobierno.
La presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que antes de sentarse en mesas, tendrán que cumplir con las exigencias de médicos y maestros.
Uno de los puntos principales que exige la plataforma, es el retiro inmediato de las tropas militares y policiales en las comunidades de Paujiles y Guapinol, que llevan años en un contexto de represión y han apoyado las tomas de carreteras en la lucha por la defensa de la Salud y Educación.
También piden que para acceder a una mesa de negociación, no debe haber ningún tipo de represalias contra dirigentes de la plataforma, luego de denuncias recientes que acusan al gobierno de infiltrar “grupos criminales” en las movilizaciones para desatar la violencia y arrestar a manifestantes.
Reiteran que el diálogo es para construir un plan integral, por lo que deben estar presentes todas las organizaciones de la plataforma.
Además, exigen una resolución objetiva y apegada a derecho a favor de Ronmel Herrera Portillo, acusado de provocar incendio en la entrada de la embajada de Estados Unidos y tratado por el gobierno como criminal de alto riesgo, al trasladarlo a una de las cárceles de máxima seguridad.
En otro punto, exigen la “investigación imparcial para determinar la autoría de muertes, lesiones y daños contra la integridad de las personas en los procesos de represión por parte de los organismos de seguridad del Estado”.
Por último, la Plataforma solicita el reintegro inmediato de sus compañeros sancionados.
La derogación de los decretos, fue una lucha incesante de la población que durante un mes mantuvo encendidas y masivas movilizaciones, caracterizadas por la violencia emprendida desde las fuerzas policiales y militares.
La lucha no ha concluido
Para Santos, “la lucha sigue” y desde que dieron la voz de alerta a la poblaciòn de que pretendían hacer negocios con la salud y la educación, considera que “no debería ser una lucha abanderada por el Colegio médico ni por los maestros, sino por toda la ciudadanía”.
Con las protestas masivas, la población, junto con los médicos y maestros, lograron se derogaran los decretos de privatización, “pero todavía persiste el riegos de la privatización por la Ley Marco del Seguro Social”, asegura Santos, anunciando que el diálogo no será posible mientras no estén las condiciones claras.
Demandan más presupuesto para Salud
Para que en los hospitales haya medicinas y todos los insumos médicos, dice el galeno, es necesario que se asignen 42 mil millones de Lempiras al presupuesto en salud y no 14 mil millones de Lempiras; esa diferencia es asumida por los pacientes quienes deben comprar las jeringas, sueros y medicinas.
“Desde que nombraron a la pedagoga Alba Consuelo Flores como ministra de Salud, no se registran cambios sustanciales en la mejora de la red hospitalaria a nivel nacional y no han podido manejar la crisis del dengue”, asegura el doctor Santos.
Para el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, desde el nombramiento de la ministra de Salud, aumentó el dengue porque dejaron de invertir para eliminar el vector, despidieron al personal, quitaron prebendas a los trabajadores de estas áreas, y no contrataron nuevamente al entomólogo.
“Dejaron de invertir en combustible y veneno. No hicieron lo necesario para controlar eso y ahora tenemos una situación alarmante en la que han fallecido muchos hondureños y no por culpa de los médicos”, comenta el galeno.
“Claro está que ella solo se preocupa por los números porque así lo dicen las notas que manda anunciando que recortará el gasto pero, sólo lo hacen para disminuir, según ellos, esa carga fiscal; no es gasto sino inversión, además son fondos de los contribuyentes”, amplía el médico.
“Pretendemos llegar a un sistema de salud accesible para todos, somos intransigentes ya que no podemos permitir la privatización de estos sectores. La Organización de Naciones Unidas, ONU establece las condiciones necesarias para un diálogo, así que no nos podemos ir a sentar así nomás”, concluye.
Quejas por deserción escolar
En el caso de educación se están produciendo retrocesos en indicadores como deserción escolar.
“A lo que hay que agregar que no se han logrado enfrentar los desafíos de la cobertura en los niveles de pre-escolar y media”, analiza Eugenio Sosa, analista político del Centro de Estudio para la Democracia.
Por otro lado, agrega, los maestros tienen diez años de estar enfrentando el deterioro de sus conquistas laborales y no han tenido aumentos salariales sustantivos, se les incrementó la edad de jubilación, se les impuso la jornada continua y se han sustituido los concursos y plazas por contratos interinos, entre otras quejas.
“Las competencias entregadas a las comisiones como la de reorganizar los sistemas de salud y educación para ejecutar los planes sectoriales, hace que los trabajadores de la salud y docentes se sientan amenazados ante posibles despidos”, dice Sosa.
Estos decretos de emergencia y comisiones no son más que la expresión del desmontaje del Estado social y de la crisis de toda la institucionalidad estatal”, considera Sosa.
“Por ello, cabe destacar que el Gobierno ha creado una especie de Estado de excepción al emitir decretos de emergencia y crear comisiones de reorganización”, cuestiona Sosa.
Las movilizaciones y paros en los sectores de la salud y la educación se han prolongado por dos meses. La ola de protestas dejó varios heridos y carreteras bloqueadas en varios puntos del país.
Las manifestaciones crecieron con el llamado a un paro nacional donde se sumaron estudiantes, enfermeras y grupos de oposición del Gobierno.
La población opositora al régimen ha aprovechado los espacios cubiertos por el magisterio en las calles y ha evidenciado su clamor: “¡Fuera Joh!”. Una consigna que es tendencia en redes y que significa lo que significa. “Fuera Juan Orlando Hernández”.
Esto trata de alguna forma la Plataforma para la defensa de la Salud y Educación en Honduras, según muchas voces independientes y organizadas.
Antecedentes
En 2015 hubo movilizaciones de las antorchas en el país protagonizada por la ciudadanía indignada contra la corrupción que se evidenció luego del “destape” del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Esta ola de protestas se caracterizó por ser altamente rutinaria, las movilizaciones se realizaban todos los viernes o sábados en Tegucigalpa y las ciudades más importantes del país.
No contó con un referente organizativo articulador, pero logró ampliarse a nivel nacional.
Mientras que en 2017 las protestas estuvieron marcadas por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pidiendo la destitución de la rectora Julieta Castellanos y por asegurar la representación estudiantil en el gobierno universitario.
Estas acciones fueron una continuación de luchas anteriores por la derogación de la normativa académica y otras reivindicaciones.
De noviembre 2017 a enero 2018 se trató de movilizaciones populares en rechazo a las elecciones que sacaron electo por segunda vez al presidente Hernández.
Agresión a periodista
El sábado 22 de junio, hubo una manifestación denominada “marcha por la paz”, realizada por integrantes del Partido Nacional, donde Jefferson Martínez, estudiante de periodismo que cubría el evento fue golpeado brutalmente y acusado de lanzar una bomba lacrimógena.
“Sentí que moriría,” fue su declaración a la prensa al ser puesto en libertad. Se evidenció de nuevo el uso de carros donados por Canadá y buses de iglesias evangélicas en el traslado de la gente.
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Por Helen Montoya, especial para República
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El martes se registró un enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Técnico Honduras en la capital, que intentaban colocar una barricada en un bulevar en Tegucigalpa.
Los manifestantes con el rostro cubierto, lanzaron piedras a la policía, que respondió con bombas lacrimógenas.
Estos enfrentamientos se han vuelto comunes por la inconformidad de varios sectores que reclaman más apoyo para educación, salud y que rechazan cualquier intento de recortar el presupuesto a estos rubros.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández promulgó acuerdos en el área de salud y educación, que luego fueron derogados por las manifestaciones contra esos convenios, calificados de dañinos para la población.
Hechos violentos
El lunes 24 de junio, elementos policiales y militares dispararon contra un grupo de estudiantes que se encontraba en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Unos treinta miembros de la Policía Militar del Orden Público irrumpió en el campus universitario, disparando a los estudiantes que mantenían algunos edificios tomados en apoyo a las manifestaciones que promueve la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación.
En ese hecho resultaron heridos cinco estudiantes y dos policías.
Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, manifestó que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Púbico para que investiguen el caso.
“Lastimosamente fueron reprimidos con bala viva. Sentimos impotencia y cólera. Condenamos enérgicamente las acciones irresponsables realizadas por la Policía Militar al ingresar en el campus”, escribió en su cuenta de Twitter el rector de la Universidad.
El ingreso de la Seguridad a la universidad fue condenado por varios sectores, organizaciones y trascendió en medios internacionales.
Mediante un comunicado, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina), argumentó que los soldados entraron en el campus de la Universidad “por la flagrante de privación de la libertad de un miembro de la autoridad que con violencia e intimidación fue sometido e ingresado abruptamente por parte de encapuchados” al interior de la máxima casa de estudios.
Además, los miembros de las fuerzas de seguridad afirman que llegaron a la afueras de la Universidad para restablecer el orden, pero fueron atacados con bombas caseras letales, cañones Masaya, piedras, palos y otros objetos.
Por otra parte, la semana pasada se paralizaron los transportistas de carga pesada que exigían la agilización en el trámite del permiso de operación y del código aduanero, ocasionando caos principalmente en la entrada de Tegucigalpa.
Debido al paro varias gasolineras del país quedaron sin combustible. Mientras que el día siguiente (martes) hubo una huelga de brazos caídos por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
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Para disolver las protestas, la policía militar reprimió a los manifestantes después que cientos de policías de las fuerzas especiales antidisturbios declararan una huelga “de brazos caídos” de dos días.
Los policías alegan que sus superiores les obligaban a trabajar en jornadas sin descanso, pero tras llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Seguridad, que les prometieron mejoras en sus condiciones laborales, volvieron a sus labores
Inicio de las protestas
Luego de seis semanas de protestas por la anulación del decreto que “privatizaría” los sistemas nacionales de Salud y Educación, médicos y maestros organizados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, expusieron las necesidades de los centros educativos y hospitales del país.
“No estamos protestando por el tema laboral únicamente, eso sería disminuir a la mínima expresión este movimiento, estamos aquí para defender la salud y la educación”, expresó Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras.
“Los decretos del Ejecutivo fueron derogados y aunque ponían en riesgo nuestras conquistas laborales, nosotros aventajaríamos en nuestras demandas laborales, en caso de ser despedidos, pues recurriríamos a la Corte para ser reintegrados”, detalla Santos.
A finales de abril de este año, la Cámara Legislativa aprobó en su primer debate el artículo 1 de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.
Para los gremios de ambos ministerios fue “alarmante” porque en esa nueva normativa se facilitaban despidos, lo que causó que médicos y docentes tomaran acciones orientadas a derogar los Decretos Ejecutivos números PCM-026-2018, PCM-027- 2018.
“La salud y educación son derechos humanos fundamentales con carácter de gratuidad, lo que significa que se les devuelvan los impuestos a los hondureños a través de estos servicios”, comenta Santos.
Piden un mediador extranjero
Para el proceso de diálogo, la Plataforma para la Defensa de Salud y Educación solicita la presencia de un mediador extranjero, experto en políticas públicas y derechos humanos.
“Necesitamos un veedor, un juez que sea imparcial y creíble para ambas partes; que no sea un militante del partido de Gobierno o un funcionario”, indican fuentes de la Plataforma.
Agrega que buscan un diálogo que establezca las líneas de comunicación a través de interlocutores válidos que tengan credibilidad.
Mientras, el gobierno ha insistido en que la derogación es suficiente para que haya diálogo; pero, la plataforma por la Salud y Educación afirma que no existen garantías para resolver el conflicto en negociaciones y ha impuesto nueve condiciones para acceder a un diálogo con el gobierno.
La presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que antes de sentarse en mesas, tendrán que cumplir con las exigencias de médicos y maestros.
Uno de los puntos principales que exige la plataforma, es el retiro inmediato de las tropas militares y policiales en las comunidades de Paujiles y Guapinol, que llevan años en un contexto de represión y han apoyado las tomas de carreteras en la lucha por la defensa de la Salud y Educación.
También piden que para acceder a una mesa de negociación, no debe haber ningún tipo de represalias contra dirigentes de la plataforma, luego de denuncias recientes que acusan al gobierno de infiltrar “grupos criminales” en las movilizaciones para desatar la violencia y arrestar a manifestantes.
Reiteran que el diálogo es para construir un plan integral, por lo que deben estar presentes todas las organizaciones de la plataforma.
Además, exigen una resolución objetiva y apegada a derecho a favor de Ronmel Herrera Portillo, acusado de provocar incendio en la entrada de la embajada de Estados Unidos y tratado por el gobierno como criminal de alto riesgo, al trasladarlo a una de las cárceles de máxima seguridad.
En otro punto, exigen la “investigación imparcial para determinar la autoría de muertes, lesiones y daños contra la integridad de las personas en los procesos de represión por parte de los organismos de seguridad del Estado”.
Por último, la Plataforma solicita el reintegro inmediato de sus compañeros sancionados.
La derogación de los decretos, fue una lucha incesante de la población que durante un mes mantuvo encendidas y masivas movilizaciones, caracterizadas por la violencia emprendida desde las fuerzas policiales y militares.
La lucha no ha concluido
Para Santos, “la lucha sigue” y desde que dieron la voz de alerta a la poblaciòn de que pretendían hacer negocios con la salud y la educación, considera que “no debería ser una lucha abanderada por el Colegio médico ni por los maestros, sino por toda la ciudadanía”.
Con las protestas masivas, la población, junto con los médicos y maestros, lograron se derogaran los decretos de privatización, “pero todavía persiste el riegos de la privatización por la Ley Marco del Seguro Social”, asegura Santos, anunciando que el diálogo no será posible mientras no estén las condiciones claras.
Demandan más presupuesto para Salud
Para que en los hospitales haya medicinas y todos los insumos médicos, dice el galeno, es necesario que se asignen 42 mil millones de Lempiras al presupuesto en salud y no 14 mil millones de Lempiras; esa diferencia es asumida por los pacientes quienes deben comprar las jeringas, sueros y medicinas.
“Desde que nombraron a la pedagoga Alba Consuelo Flores como ministra de Salud, no se registran cambios sustanciales en la mejora de la red hospitalaria a nivel nacional y no han podido manejar la crisis del dengue”, asegura el doctor Santos.
Para el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, desde el nombramiento de la ministra de Salud, aumentó el dengue porque dejaron de invertir para eliminar el vector, despidieron al personal, quitaron prebendas a los trabajadores de estas áreas, y no contrataron nuevamente al entomólogo.
“Dejaron de invertir en combustible y veneno. No hicieron lo necesario para controlar eso y ahora tenemos una situación alarmante en la que han fallecido muchos hondureños y no por culpa de los médicos”, comenta el galeno.
“Claro está que ella solo se preocupa por los números porque así lo dicen las notas que manda anunciando que recortará el gasto pero, sólo lo hacen para disminuir, según ellos, esa carga fiscal; no es gasto sino inversión, además son fondos de los contribuyentes”, amplía el médico.
“Pretendemos llegar a un sistema de salud accesible para todos, somos intransigentes ya que no podemos permitir la privatización de estos sectores. La Organización de Naciones Unidas, ONU establece las condiciones necesarias para un diálogo, así que no nos podemos ir a sentar así nomás”, concluye.
Quejas por deserción escolar
En el caso de educación se están produciendo retrocesos en indicadores como deserción escolar.
“A lo que hay que agregar que no se han logrado enfrentar los desafíos de la cobertura en los niveles de pre-escolar y media”, analiza Eugenio Sosa, analista político del Centro de Estudio para la Democracia.
Por otro lado, agrega, los maestros tienen diez años de estar enfrentando el deterioro de sus conquistas laborales y no han tenido aumentos salariales sustantivos, se les incrementó la edad de jubilación, se les impuso la jornada continua y se han sustituido los concursos y plazas por contratos interinos, entre otras quejas.
“Las competencias entregadas a las comisiones como la de reorganizar los sistemas de salud y educación para ejecutar los planes sectoriales, hace que los trabajadores de la salud y docentes se sientan amenazados ante posibles despidos”, dice Sosa.
Estos decretos de emergencia y comisiones no son más que la expresión del desmontaje del Estado social y de la crisis de toda la institucionalidad estatal”, considera Sosa.
“Por ello, cabe destacar que el Gobierno ha creado una especie de Estado de excepción al emitir decretos de emergencia y crear comisiones de reorganización”, cuestiona Sosa.
Las movilizaciones y paros en los sectores de la salud y la educación se han prolongado por dos meses. La ola de protestas dejó varios heridos y carreteras bloqueadas en varios puntos del país.
Las manifestaciones crecieron con el llamado a un paro nacional donde se sumaron estudiantes, enfermeras y grupos de oposición del Gobierno.
La población opositora al régimen ha aprovechado los espacios cubiertos por el magisterio en las calles y ha evidenciado su clamor: “¡Fuera Joh!”. Una consigna que es tendencia en redes y que significa lo que significa. “Fuera Juan Orlando Hernández”.
Esto trata de alguna forma la Plataforma para la defensa de la Salud y Educación en Honduras, según muchas voces independientes y organizadas.
Antecedentes
En 2015 hubo movilizaciones de las antorchas en el país protagonizada por la ciudadanía indignada contra la corrupción que se evidenció luego del “destape” del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Esta ola de protestas se caracterizó por ser altamente rutinaria, las movilizaciones se realizaban todos los viernes o sábados en Tegucigalpa y las ciudades más importantes del país.
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Mientras que en 2017 las protestas estuvieron marcadas por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pidiendo la destitución de la rectora Julieta Castellanos y por asegurar la representación estudiantil en el gobierno universitario.
Estas acciones fueron una continuación de luchas anteriores por la derogación de la normativa académica y otras reivindicaciones.
De noviembre 2017 a enero 2018 se trató de movilizaciones populares en rechazo a las elecciones que sacaron electo por segunda vez al presidente Hernández.
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