Todas las fotografías se recabaron por cortesía de la Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas”.
En la Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas”, el tiempo se mide en hojas amarillas, bordes ásperos y tinta que se queda pegada al contacto. Un tomo del Diario IMPACTO brinda una radiografía del país después del sismo de 1976 a través de noticias, avisos y anuncios. No está todo, pero alcanza para entender qué tema acaparó en el primer mes tras el 4 de febrero: la vivienda.
No la vivienda como meta, sino como urgencia. Un techo que falta, paredes que amenazan con desplomarse, alquileres que se disparan o una licencia municipal. En una página, se muestra la imagen de una estructura colapsada con láminas retorcidas. Al lado, un titular suena a advertencia en medio del duelo: “Para Venta o Alquiler Tenderán a Paralizar la Inversión en Este Ramo” (sic).
La nota, fechada el 20 de febrero, habla además de un “faltante de vivienda”: gente que antes tenía casa. El artículo insiste en algo que ese febrero obligó a discutir sin anestesia: Si se impide que la nueva demanda se refleje en precios, “no habrá casas para todos”, porque se mantiene artificialmente una demanda superior a la oferta.
Con precios libres —sostiene— la oferta tendería a equilibrarse. La vivienda aparece como mercado: señales, incentivos, decisiones de inversión. Y el temblor, de pronto, se vuelve debate sobre cómo no apagar la única máquina capaz de multiplicar techos: la construcción privada.
Papel, firmas y “habitabilidad”
Pero basta pasar las páginas para encontrar el impulso contrario, igual de real y febril: castigar a quien se aprovecha. Un anteproyecto de ley propone multas y prisión para quienes alteren precios de alquiler. Congela rentas al nivel del 31 de enero y convierte el incremento en delito. Las sanciones buscan disuadir: GTQ 5000 de multa y un año de prisión para quien viole la disposición.
Para viviendas y locales ya construidos y arrendados, el propietario debe cobrar la misma renta que cobró la última vez; si no hay contrato escrito, se entiende tácitamente. El terremoto obliga a poner por escrito lo que antes se arreglaba “de palabra”. La vivienda se vuelve papel y firma.
Aparece otra capa coherente con la situación: para arrendar, sería indispensable presentar —antes o al momento de firmar— un certificado de habitación y seguridad extendido por una entidad autorizada. También se sanciona al que extienda certificados falsos. La reconstrucción no solo trata de levantar paredes, sino de impedir que alguien venda “habitabilidad” donde lo que hay es riesgo maquillado.
Esa preocupación reaparece en la voz de la comuna capitalina. En un aviso fechado el 14 —diferente al de la foto anterior—, advierte que “personas ajenas” realizan inspecciones a viviendas dañadas y ofrecen servicios de planificación y construcción. Luego delimita quiénes sí están autorizados —estudiantes de Ingeniería y personal del Departamento de Control de la Construcción Urbana— “a solicitud de los afectados” y obligados a identificarse. Es un aviso breve, pero apunta a que se multipliquen los impostores.
Otro comunicado municipal adopta el tono de instructivo. Por la enorme cantidad de consultas sobre daños en edificios de tres o más niveles —y por la imposibilidad de atender todas las solicitudes diarias— se fija un procedimiento: coordinar con el propietario para solicitar un informe de ingeniero estructural; evaluar daños y recomendar reparación o demolición; someterlo a revisión municipal; y, si procede, obtener licencia de reparación.
Además, se ordena remover elementos no estructurales dañados que amenacen a terceros en vía pública o colindancias. Febrero está lleno de esa tensión: la urgencia empuja a reparar, pero la autoridad empuja a no improvisar.
Adobe, cemento, albañiles y madera
Entre avisos, prohibiciones y anteproyectos, el país descubre su dependencia de lo más básico: insumos. Ahí entra un anuncio de Cementos Novella: dice contar con suficiente cemento para suplir la demanda nacional. Asegura que sus plantas no sufrieron daños que impidan operar a máxima capacidad y advierte contra acaparadores “sin escrúpulos” que venden cemento “a precios exageradamente altos”.
Remata con un número: Q1.85 por saco, puesto en fábrica La Pedrera, zona 6. En una Guatemala que tiembla, el precio oficial intenta ser una promesa de orden: que la urgencia no sea excusa para aprovecharse de la necesidad ajena.
Y entonces, como si el periódico quisiera cerrar un capítulo en la historia de la construcción, aparece en gran titular —25 de febrero—: “Termino era del adobe” (sic). No lo plantea como moda, sino como giro obligado. El adobe es símbolo de fragilidad, pesadez y, cuando cae, mortal. En contraste, el block y el concreto aparecen como promesa de resistencia. La vivienda se reimagina en nuevas técnicas: amarre de paredes, refuerzos, materiales menos pesados, soluciones reproducibles sin maquinaria sofisticada.
El cambio de material empuja otra demanda: la madera. En las páginas de febrero asoma la “presión” sobre los aserraderos, especialmente por pino y ciprés. La transición del adobe al block no era solo un cambio técnico: reordenaba toda la cadena de abastecimiento, desde aserraderos y transporte hasta ferreterías y cuadrillas.
En ese punto asoma otro actor silencioso, pero decisivo: los albañiles. La reconstrucción convirtió la mano de obra en urgencia y, por lo mismo, en un bien más caro. El diario registra un ajuste salarial: pasa de GTQ 2.50 a GTQ 3 diarios, y con el alza también se estira la jornada. El dato, pequeño en apariencia, marca el pulso del posdesastre: cuando todo el país necesita levantar paredes al mismo tiempo, el oficio toma un valor diferente.
Créditos para la vivienda
En medio de esta discusión capitalina sobre licencias, precios y materiales, se cuela otro asunto: los créditos de vivienda. Se habla de trámites en 36 horas y de montos acotados —GTQ 1000 para reparación y GTQ 1500 para reconstrucción— con plazos de hasta 10 años.
Aparecen como parte del Plan de Emergencia bajo el lema “Los Más Necesitados”, pensado para empujar la vivienda popular y, al menos en el papel, ordenar prioridades: hogares con ingresos menores a Q150 mensuales. Esas cifras eran la posibilidad de comprar lámina, clavos, madera, pagar mano de obra y cerrar una pared antes de que la intemperie se instalara.
También dejaban ver una tensión de fondo: el crédito prometía velocidad, pero el cuello de botella seguía repitiéndose en otras páginas: la disponibilidad y el precio real de los materiales, y la capacidad de construir con licencia sin caer en atajos.
Eso es, quizá, lo que estas páginas con 50 años de antigüedad dejan evidencia: febrero de 1976 no fue un relato lineal de reconstrucción. Guatemala quiso proteger al inquilino sin apagar la inversión; ordenar reparaciones sin frenar el regreso; cerrar la puerta a la estafa sin detener la urgencia; pasar del adobe al concreto sin perder de vista el costo; poner límites a los precios sin empujar el mercado al desabastecimiento; reconstruir sin que la prisa fabricara otra tragedia. Y, sobre todo, hizo algo que solo se entiende leyendo el archivo: convertir el desorden en reglas mínimas, pero suficientes para empezar de nuevo.
Todas las fotografías se recabaron por cortesía de la Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas”.
En la Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas”, el tiempo se mide en hojas amarillas, bordes ásperos y tinta que se queda pegada al contacto. Un tomo del Diario IMPACTO brinda una radiografía del país después del sismo de 1976 a través de noticias, avisos y anuncios. No está todo, pero alcanza para entender qué tema acaparó en el primer mes tras el 4 de febrero: la vivienda.
No la vivienda como meta, sino como urgencia. Un techo que falta, paredes que amenazan con desplomarse, alquileres que se disparan o una licencia municipal. En una página, se muestra la imagen de una estructura colapsada con láminas retorcidas. Al lado, un titular suena a advertencia en medio del duelo: “Para Venta o Alquiler Tenderán a Paralizar la Inversión en Este Ramo” (sic).
La nota, fechada el 20 de febrero, habla además de un “faltante de vivienda”: gente que antes tenía casa. El artículo insiste en algo que ese febrero obligó a discutir sin anestesia: Si se impide que la nueva demanda se refleje en precios, “no habrá casas para todos”, porque se mantiene artificialmente una demanda superior a la oferta.
Con precios libres —sostiene— la oferta tendería a equilibrarse. La vivienda aparece como mercado: señales, incentivos, decisiones de inversión. Y el temblor, de pronto, se vuelve debate sobre cómo no apagar la única máquina capaz de multiplicar techos: la construcción privada.
Papel, firmas y “habitabilidad”
Pero basta pasar las páginas para encontrar el impulso contrario, igual de real y febril: castigar a quien se aprovecha. Un anteproyecto de ley propone multas y prisión para quienes alteren precios de alquiler. Congela rentas al nivel del 31 de enero y convierte el incremento en delito. Las sanciones buscan disuadir: GTQ 5000 de multa y un año de prisión para quien viole la disposición.
Para viviendas y locales ya construidos y arrendados, el propietario debe cobrar la misma renta que cobró la última vez; si no hay contrato escrito, se entiende tácitamente. El terremoto obliga a poner por escrito lo que antes se arreglaba “de palabra”. La vivienda se vuelve papel y firma.
Aparece otra capa coherente con la situación: para arrendar, sería indispensable presentar —antes o al momento de firmar— un certificado de habitación y seguridad extendido por una entidad autorizada. También se sanciona al que extienda certificados falsos. La reconstrucción no solo trata de levantar paredes, sino de impedir que alguien venda “habitabilidad” donde lo que hay es riesgo maquillado.
Esa preocupación reaparece en la voz de la comuna capitalina. En un aviso fechado el 14 —diferente al de la foto anterior—, advierte que “personas ajenas” realizan inspecciones a viviendas dañadas y ofrecen servicios de planificación y construcción. Luego delimita quiénes sí están autorizados —estudiantes de Ingeniería y personal del Departamento de Control de la Construcción Urbana— “a solicitud de los afectados” y obligados a identificarse. Es un aviso breve, pero apunta a que se multipliquen los impostores.
Otro comunicado municipal adopta el tono de instructivo. Por la enorme cantidad de consultas sobre daños en edificios de tres o más niveles —y por la imposibilidad de atender todas las solicitudes diarias— se fija un procedimiento: coordinar con el propietario para solicitar un informe de ingeniero estructural; evaluar daños y recomendar reparación o demolición; someterlo a revisión municipal; y, si procede, obtener licencia de reparación.
Además, se ordena remover elementos no estructurales dañados que amenacen a terceros en vía pública o colindancias. Febrero está lleno de esa tensión: la urgencia empuja a reparar, pero la autoridad empuja a no improvisar.
Adobe, cemento, albañiles y madera
Entre avisos, prohibiciones y anteproyectos, el país descubre su dependencia de lo más básico: insumos. Ahí entra un anuncio de Cementos Novella: dice contar con suficiente cemento para suplir la demanda nacional. Asegura que sus plantas no sufrieron daños que impidan operar a máxima capacidad y advierte contra acaparadores “sin escrúpulos” que venden cemento “a precios exageradamente altos”.
Remata con un número: Q1.85 por saco, puesto en fábrica La Pedrera, zona 6. En una Guatemala que tiembla, el precio oficial intenta ser una promesa de orden: que la urgencia no sea excusa para aprovecharse de la necesidad ajena.
Y entonces, como si el periódico quisiera cerrar un capítulo en la historia de la construcción, aparece en gran titular —25 de febrero—: “Termino era del adobe” (sic). No lo plantea como moda, sino como giro obligado. El adobe es símbolo de fragilidad, pesadez y, cuando cae, mortal. En contraste, el block y el concreto aparecen como promesa de resistencia. La vivienda se reimagina en nuevas técnicas: amarre de paredes, refuerzos, materiales menos pesados, soluciones reproducibles sin maquinaria sofisticada.
El cambio de material empuja otra demanda: la madera. En las páginas de febrero asoma la “presión” sobre los aserraderos, especialmente por pino y ciprés. La transición del adobe al block no era solo un cambio técnico: reordenaba toda la cadena de abastecimiento, desde aserraderos y transporte hasta ferreterías y cuadrillas.
En ese punto asoma otro actor silencioso, pero decisivo: los albañiles. La reconstrucción convirtió la mano de obra en urgencia y, por lo mismo, en un bien más caro. El diario registra un ajuste salarial: pasa de GTQ 2.50 a GTQ 3 diarios, y con el alza también se estira la jornada. El dato, pequeño en apariencia, marca el pulso del posdesastre: cuando todo el país necesita levantar paredes al mismo tiempo, el oficio toma un valor diferente.
Créditos para la vivienda
En medio de esta discusión capitalina sobre licencias, precios y materiales, se cuela otro asunto: los créditos de vivienda. Se habla de trámites en 36 horas y de montos acotados —GTQ 1000 para reparación y GTQ 1500 para reconstrucción— con plazos de hasta 10 años.
Aparecen como parte del Plan de Emergencia bajo el lema “Los Más Necesitados”, pensado para empujar la vivienda popular y, al menos en el papel, ordenar prioridades: hogares con ingresos menores a Q150 mensuales. Esas cifras eran la posibilidad de comprar lámina, clavos, madera, pagar mano de obra y cerrar una pared antes de que la intemperie se instalara.
También dejaban ver una tensión de fondo: el crédito prometía velocidad, pero el cuello de botella seguía repitiéndose en otras páginas: la disponibilidad y el precio real de los materiales, y la capacidad de construir con licencia sin caer en atajos.
Eso es, quizá, lo que estas páginas con 50 años de antigüedad dejan evidencia: febrero de 1976 no fue un relato lineal de reconstrucción. Guatemala quiso proteger al inquilino sin apagar la inversión; ordenar reparaciones sin frenar el regreso; cerrar la puerta a la estafa sin detener la urgencia; pasar del adobe al concreto sin perder de vista el costo; poner límites a los precios sin empujar el mercado al desabastecimiento; reconstruir sin que la prisa fabricara otra tragedia. Y, sobre todo, hizo algo que solo se entiende leyendo el archivo: convertir el desorden en reglas mínimas, pero suficientes para empezar de nuevo.
