IUSI: un tira y afloja entre el bolsillo del vecino y la caja municipal

La discusión sobre el IUSI llegó al Congreso como reclamo por la tarifa, pero detrás hay dos intereses en pugna: el vecino que exige ver su pago en obra y el municipio que depende del ingreso para operar. El fondo es quién garantiza que lo recaudado vuelva en infraestructura y servicios.

Por qué importa. El reclamo del vecino lo comparten un diputado, un funcionario municipal y dos expertas, ponentes en un evento de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción. Coincidieron en exigir el cumplimiento de la ley, que ya destina lo recaudado a inversión y servicios públicos.

• Héctor Flores, secretario general del Concejo Municipal capitalino, recordó que el 70 % debe ir a obra pública, infraestructura y servicios. Si el vecino no percibe ese retorno, el reclamo debe apuntar a la ejecución, no al impuesto.

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• El diputado Julio Héctor Estrada lo plantea como “un contrato” en donde el vecino aporta directo y puede exigir obras. Puede estar fallando, sostiene, pero eso no obliga a romperlo.

• Marielos Marín, profesora investigadora del Observatorio para las Ciudades (UNIS), indica que un impuesto eficiente devuelve en infraestructura lo que recauda. Cuando eso falla, el vecino paga sin ver obra y el municipio pierde legitimidad en el cobro.

Datos clave. Las cifras muestran por qué la cuerda se tensa por los dos extremos: el peso del IUSI varía según el municipio, pero su recorte golpearía con fuerza a los que más dependen de él.

• A nivel nacional, el IUSI representa el 36.34 % de los ingresos corrientes municipales. La dependencia crece donde hay más desarrollo urbano: en Fraijanes llega al 61.89 % y en 11 municipios metropolitanos es la principal fuente de ingresos.

• La recaudación se concentra en 10 municipios (77.4 % del total). La Ciudad de Guatemala encabeza con GTQ 752M —el 41 %—, seguida de Mixco (GTQ 165M), Villa Nueva (GTQ 146M) y Santa Catarina Pinula (GTQ 98M).

• La iniciativa 6709 propone una tasa única de 3 por millar en lugar de la escala de 2, 6 y 9. Reduciría la recaudación nacional en GTQ 1164M al año; sumando transferencias, el golpe a los principales municipios rondaría GTQ 1736M.

Punto de fricción. La 6709 atiende una molestia real, pero no la causa. Baja la tarifa sin actualizar el catastro, sin medir si el 70 % llega a obra y sin cerrar la brecha entre avalúos reales y rezagados.

• Agua y drenajes, recolección de basura, parques, banquetas y atención ciudadana se financian con ese ingreso. Según la comuna capitalina, con el recorte el mantenimiento de calles caería de 47.5M a 29.5M de m² al año, una baja cercana al 38 %, que se repetiría en cada servicio.

• “No retiren recursos al municipio porque lo van a resentir”, advierte Flores, quien agrega que si la fuente no fuera el IUSI, otro impuesto tendría que compensarlo.

• Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, advirtió que el dictamen carece de análisis técnico sobre impacto fiscal y compensación municipal. El vecino tiene menor tarifa, pero eso repercutiría en obras y servicios.

Lo que sigue. Una reforma técnica debería responder tres preguntas antes de tocar la tarifa: cuánto paga cada inmueble según su valor real, cuánto vuelve al territorio y cómo lo verifica el contribuyente.

• Marín propone no tocar tasas sin actualizar catastros, etiquetar los fondos para infraestructura local —con incentivos para densificación y vivienda social— y aplicar gradualidad. Incluso plantea subir al 80 % la proporción para servicios básicos.

• Estrada prefiere reducir tasas, pero actualizar valores cuando una venta, aporte, liquidación o remate revele uno nuevo, para ampliar la base y cobrar con más justicia sin depender de una tarifa alta sobre pocos.

• Cáceres insiste en llevar la discusión de lo político a lo técnico: cualquier excepción —por edad, antigüedad o tipo de vivienda— debería atender la capacidad de pago, sin fragmentar la base ni abrir impugnaciones constitucionales.

Balance. El contribuyente necesita ver qué financia su pago; el municipio, conservar capacidad de inversión. La 6709 responde al reclamo por la tarifa, pero deja pendientes el catastro, la trazabilidad y el destino del 70 %. Hasta resolverlos, el verdadero problema —a dónde va el dinero— seguirá sin respuesta.