La iniciativa 6436 —presentada por más de 15 diputados de diferentes bancadas— plantea que el orden visual es valor. Obliga a retirar cableado aéreo en desuso o mal estado en zonas urbanas y lo conecta con plusvalía. El argumento enfatiza que el desorden visual se percibe como abandono, lo que influye en las decisiones de compra, renta e inversión.
Cómo funciona. En la propuesta, se asignan responsabilidades a las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, estandariza cómo identificar y reportar cables abandonados y activa sanciones por incumplimiento.
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Define un marco legal para que compañías mantengan y retiren cableado, con procedimientos de identificación, reporte y ejecución.
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Establece un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento para retirar cableado, sin trasladar el costo al consumidor.
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También prohíbe instalar cableado aéreo cerca de sitios declarados Patrimonio Cultural de la Nación o Patrimonio Intangible, bajo supervisión del CIV y MARN.
Entre líneas. Manfredo Corado, director de Locus Lab, explica que el “cableado muerto” no es un detalle porque comunica desorden e impacta en las percepciones de seguridad, bienestar y calidad.
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Su retiro se transfiere al mercado inmobiliario. Gabriel Estrada, asesor en Ferrey Real Estate, prevé que las mejoras visibles impactarían en sectores específicos. “La plusvalía aumentaría”.
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En zonas con plusvalía alta —10, 13, 14 y 15—, una limpieza visual sumaría a la propiedad y puede atraer inversionistas extranjeros, por estándares urbanos regionales.
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Corado sugiere priorizar polos con usos mixtos y flujo peatonal: ahí la limpieza visual rinde más en visitas, caminabilidad, consumo y confianza. El precio se ajusta primero en el corredor.
Visto y no visto. La contaminación visual no se reparte parejo. La zona 1 concentra historia, redes viejas y soluciones incrementales que se apilan sobre las calles. En un centro sensible, el cielo saturado degrada la experiencia urbana y la reputación.
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“Si hay 20 cables y retiran dos, no hay mayor diferencia”, advierte Raúl Monterroso, doctor en diseño arquitectónico. Una intervención mínima puede quedar como gesto cosmético.
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Añade una variable: patrimonio y reconfiguración del centro. La propuesta señala que en espacios con bienes patrimoniales no se puede colocar cableado. El reto también es evitar la reincidencia y sostener reglas claras.
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Plantea replicar el caso de la Sexta Avenida —libre de cables aéreos—, cuyo tratamiento considera al Centro Histórico como distrito: vivienda, trabajo y comercio. Sin ese giro, sigue siendo únicamente zona de paso y terminal.
Sí, pero. La propuesta es un avance, pero debería aprovechar la obra para ganar calle. Corado insiste en “apalancar” la oportunidad: no es solo sacar cables aéreos y colocarlos bajo tierra, es rediseñar el eje.
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“Se queda corta”, opina en esa línea Monterroso. Lo ideal es una ley de ordenamiento territorial: instrumentos participativos, técnicos y estratégicos para decidir ciudad a diez años.
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Ambos concuerdan en la necesidad de transformar el Centro Histórico. Manfredo señala banquetas limitadas, mejorar infraestructura caminable y elevar el estándar de uso diario. “No solo verla como una zona de paso”, comenta Monterroso.
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En plusvalía, la tesis es concreta: si se ordena el corredor y se sostiene, el precio ajusta. Si se interviene a medias o sin mantenimiento, el efecto se evapora. La incertidumbre castiga la inversión.
Balance. La 6436 puede empujar plusvalía sostenida. Pero su alcance es quirúrgico: si se ejecuta a medias, queda cosmético. Sin reglas de ordenamiento que eviten el “parche” y sin obra que mejore la calle —banquetas, caminabilidad, usos mixtos—, el mercado lo registra como gesto, no como transformación.
La iniciativa 6436 —presentada por más de 15 diputados de diferentes bancadas— plantea que el orden visual es valor. Obliga a retirar cableado aéreo en desuso o mal estado en zonas urbanas y lo conecta con plusvalía. El argumento enfatiza que el desorden visual se percibe como abandono, lo que influye en las decisiones de compra, renta e inversión.
Cómo funciona. En la propuesta, se asignan responsabilidades a las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, estandariza cómo identificar y reportar cables abandonados y activa sanciones por incumplimiento.
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Define un marco legal para que compañías mantengan y retiren cableado, con procedimientos de identificación, reporte y ejecución.
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Establece un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento para retirar cableado, sin trasladar el costo al consumidor.
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También prohíbe instalar cableado aéreo cerca de sitios declarados Patrimonio Cultural de la Nación o Patrimonio Intangible, bajo supervisión del CIV y MARN.
Entre líneas. Manfredo Corado, director de Locus Lab, explica que el “cableado muerto” no es un detalle porque comunica desorden e impacta en las percepciones de seguridad, bienestar y calidad.
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Su retiro se transfiere al mercado inmobiliario. Gabriel Estrada, asesor en Ferrey Real Estate, prevé que las mejoras visibles impactarían en sectores específicos. “La plusvalía aumentaría”.
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En zonas con plusvalía alta —10, 13, 14 y 15—, una limpieza visual sumaría a la propiedad y puede atraer inversionistas extranjeros, por estándares urbanos regionales.
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Corado sugiere priorizar polos con usos mixtos y flujo peatonal: ahí la limpieza visual rinde más en visitas, caminabilidad, consumo y confianza. El precio se ajusta primero en el corredor.
Visto y no visto. La contaminación visual no se reparte parejo. La zona 1 concentra historia, redes viejas y soluciones incrementales que se apilan sobre las calles. En un centro sensible, el cielo saturado degrada la experiencia urbana y la reputación.
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“Si hay 20 cables y retiran dos, no hay mayor diferencia”, advierte Raúl Monterroso, doctor en diseño arquitectónico. Una intervención mínima puede quedar como gesto cosmético.
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Añade una variable: patrimonio y reconfiguración del centro. La propuesta señala que en espacios con bienes patrimoniales no se puede colocar cableado. El reto también es evitar la reincidencia y sostener reglas claras.
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Plantea replicar el caso de la Sexta Avenida —libre de cables aéreos—, cuyo tratamiento considera al Centro Histórico como distrito: vivienda, trabajo y comercio. Sin ese giro, sigue siendo únicamente zona de paso y terminal.
Sí, pero. La propuesta es un avance, pero debería aprovechar la obra para ganar calle. Corado insiste en “apalancar” la oportunidad: no es solo sacar cables aéreos y colocarlos bajo tierra, es rediseñar el eje.
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“Se queda corta”, opina en esa línea Monterroso. Lo ideal es una ley de ordenamiento territorial: instrumentos participativos, técnicos y estratégicos para decidir ciudad a diez años.
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Ambos concuerdan en la necesidad de transformar el Centro Histórico. Manfredo señala banquetas limitadas, mejorar infraestructura caminable y elevar el estándar de uso diario. “No solo verla como una zona de paso”, comenta Monterroso.
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En plusvalía, la tesis es concreta: si se ordena el corredor y se sostiene, el precio ajusta. Si se interviene a medias o sin mantenimiento, el efecto se evapora. La incertidumbre castiga la inversión.
Balance. La 6436 puede empujar plusvalía sostenida. Pero su alcance es quirúrgico: si se ejecuta a medias, queda cosmético. Sin reglas de ordenamiento que eviten el “parche” y sin obra que mejore la calle —banquetas, caminabilidad, usos mixtos—, el mercado lo registra como gesto, no como transformación.