En una ciudad donde los permisos se discuten tanto como se esperan, informar a tiempo sobre una nueva construcción puede cambiar la relación entre vecinos y desarrolladores. La participación vecinal no debería ser sinónimo de oposición, sino puente de transparencia para no encarecer el metro cuadrado de proyectos que, licencia en mano, se construirán tarde o temprano.
Cómo funciona. Cada autorización refleja la coordinación de varias instituciones. Uno de los pasos —la participación vecinal— nació para informar, pero en la práctica se comunica tarde. Sin canales digitales ni reglas claras, el diálogo llega después del ruido, y ese desfase se traduce en demoras y sobrecostos.
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Diego Flores, director de proyectos de Idea Central, asegura que “el desarrollo no se detiene por mala voluntad”. Con todo, cada mes en pausa representa capital inmovilizado que termina reflejándose en el precio final del metro cuadrado.
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Verónica Tzoc, gerente general de la VAC, señala que hay más de 300 municipalidades con criterios distintos. Sin homogeneización, un mismo expediente enfrenta reglas y plazos desiguales según el territorio.
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“Publicar en prensa ya no basta”, afirma Tzoc, quien advierte que la comunicación llega tarde y fragmentada. Se requiere difusión digital verificable, accesible y constante desde el inicio.
Punto de fricción. La participación de los vecinos opera sin estándares ni protocolos. No se trata de eliminarla, sino de transformarla: pasar del “no me avisaron” al “sé lo que viene y cómo se mitigará su impacto”.
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Flores propone reemplazar la consulta genérica por avisos informativos: carteles visibles, contactos de enlace y horarios de trabajo. “Participación sí, pero con certezas”, resume.
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Tzoc recomienda digitalizar el proceso con micrositios y bitácoras públicas para registrar cuándo y cómo se notificó a los vecinos.
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Informar no significa frenar. La comunicación temprana previene quejas, reduce tensiones y evita costos innecesarios que luego recaen en el comprador final.
Visto y no visto. La participación vecinal no ocurre al margen de la ley. Existen mecanismos formales dentro del proceso ambiental y urbanístico. Sin embargo, la brecha entre la norma y experiencia ciudadana demuestra que informar no siempre equivale a comunicar.
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Eva Lima, directora de la DCT, explica que la participación se contempla en el trámite ambiental ante el MARN, donde se informa a la población del área de influencia sobre el proyecto y sus impactos.
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Añade que el POT también establece consulta vecinal conforme a los parámetros definidos por la comuna, reforzando que todo proyecto con licencia cumple etapas de información pública.
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No obstante, tanto Flores como Tzoc coinciden en que el problema no es la falta de norma, sino la forma en que se ejecuta. La comunicación llega tarde, el diálogo no se documenta y el costo del retraso se incluye en el precio final.
Balance. El camino para no encarecer el metro cuadrado empieza con información oportuna. Si los vecinos conocen los proyectos, las instituciones comparten datos y los trámites son transparentes, la ciudad ganaría previsibilidad. La vivienda se vuelve más accesible y la inversión encuentra un marco confiable para crecer.
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Tzoc detalla que el plan apunta a un sistema digital que concentre cada paso del trámite, permitiendo a cualquier ciudadano conocer cómo se aprobó un proyecto, los requisitos que cumplió y las instituciones que lo autorizaron.
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Flores plantea protocolos simples por tipo de obra, que reduzcan duplicidades sin relajar estándares técnicos, recordando que no es lo mismo revisar una torre de 20 niveles que un condominio de cuatro casas.
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La solución no es frenar, sino anticipar. Una ciudad informada se construye con menos fricción, menos incertidumbre y con la confianza compartida de todas las partes involucradas.
En una ciudad donde los permisos se discuten tanto como se esperan, informar a tiempo sobre una nueva construcción puede cambiar la relación entre vecinos y desarrolladores. La participación vecinal no debería ser sinónimo de oposición, sino puente de transparencia para no encarecer el metro cuadrado de proyectos que, licencia en mano, se construirán tarde o temprano.
Cómo funciona. Cada autorización refleja la coordinación de varias instituciones. Uno de los pasos —la participación vecinal— nació para informar, pero en la práctica se comunica tarde. Sin canales digitales ni reglas claras, el diálogo llega después del ruido, y ese desfase se traduce en demoras y sobrecostos.
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Diego Flores, director de proyectos de Idea Central, asegura que “el desarrollo no se detiene por mala voluntad”. Con todo, cada mes en pausa representa capital inmovilizado que termina reflejándose en el precio final del metro cuadrado.
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Verónica Tzoc, gerente general de la VAC, señala que hay más de 300 municipalidades con criterios distintos. Sin homogeneización, un mismo expediente enfrenta reglas y plazos desiguales según el territorio.
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“Publicar en prensa ya no basta”, afirma Tzoc, quien advierte que la comunicación llega tarde y fragmentada. Se requiere difusión digital verificable, accesible y constante desde el inicio.
Punto de fricción. La participación de los vecinos opera sin estándares ni protocolos. No se trata de eliminarla, sino de transformarla: pasar del “no me avisaron” al “sé lo que viene y cómo se mitigará su impacto”.
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Flores propone reemplazar la consulta genérica por avisos informativos: carteles visibles, contactos de enlace y horarios de trabajo. “Participación sí, pero con certezas”, resume.
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Tzoc recomienda digitalizar el proceso con micrositios y bitácoras públicas para registrar cuándo y cómo se notificó a los vecinos.
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Informar no significa frenar. La comunicación temprana previene quejas, reduce tensiones y evita costos innecesarios que luego recaen en el comprador final.
Visto y no visto. La participación vecinal no ocurre al margen de la ley. Existen mecanismos formales dentro del proceso ambiental y urbanístico. Sin embargo, la brecha entre la norma y experiencia ciudadana demuestra que informar no siempre equivale a comunicar.
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Eva Lima, directora de la DCT, explica que la participación se contempla en el trámite ambiental ante el MARN, donde se informa a la población del área de influencia sobre el proyecto y sus impactos.
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Añade que el POT también establece consulta vecinal conforme a los parámetros definidos por la comuna, reforzando que todo proyecto con licencia cumple etapas de información pública.
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No obstante, tanto Flores como Tzoc coinciden en que el problema no es la falta de norma, sino la forma en que se ejecuta. La comunicación llega tarde, el diálogo no se documenta y el costo del retraso se incluye en el precio final.
Balance. El camino para no encarecer el metro cuadrado empieza con información oportuna. Si los vecinos conocen los proyectos, las instituciones comparten datos y los trámites son transparentes, la ciudad ganaría previsibilidad. La vivienda se vuelve más accesible y la inversión encuentra un marco confiable para crecer.
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Tzoc detalla que el plan apunta a un sistema digital que concentre cada paso del trámite, permitiendo a cualquier ciudadano conocer cómo se aprobó un proyecto, los requisitos que cumplió y las instituciones que lo autorizaron.
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Flores plantea protocolos simples por tipo de obra, que reduzcan duplicidades sin relajar estándares técnicos, recordando que no es lo mismo revisar una torre de 20 niveles que un condominio de cuatro casas.
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La solución no es frenar, sino anticipar. Una ciudad informada se construye con menos fricción, menos incertidumbre y con la confianza compartida de todas las partes involucradas.