EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha generado una serie de acciones y pronunciamientos.
La CC informó que el abogado Alfonso Carillo interpuso cinco recursos legales contra la convocatoria que realizó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso, el Consejo Superior Universitario (CSU), la junta directiva y el tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Sobre esas y otras dos acciones legales que presentará en las próximas horas la Asamblea Social y Popular, se pronunciaron gremios empresariales y de profesionales, que ven en el uso de amparo, un riesgo para la institucionalidad del país.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, el diputado Unionista, Álvaro Arzú Escobar, también se sumó a los pronunciamientos.
“Lo he venido diciendo desde hace días. Los mismos de siempre buscan judicializar la designación de magistrados a la CC para que los actuales se perpetúen en el cargo. Esto no lo debemos permitir”, escribió en Twitter el legislador.
Además, añadió “Siguen interponiendo acciones de amparo contra las designaciones de magistrados a la CC con el fin de judicializar el proceso. Que los actuales magistrados se prorroguen su propio período más allá del 14 de abril . Esto sería un ROMPIMIENTO CONSTITUCIONAL”.
Advierte retraso
Por su parte, Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), alertó sobre el “peligro” de que se retrase la toma de posesión de la CC.
“Sí, hay un peligro inminente. Creo que de hecho la Corte de Constitucionalidad ya había previsto prolongarse en su poder; sin embargo, se presentaron algunas variables que no esperaban, como los cambios de algunos magistrados en el último momento”, explicó Quezada.
La observación del experto se dio durante la conferencia de prensa mensual que hace el CIEN para abordar un tema coyuntural.
Otros pronunciamientos
La Alianza en Defensa de la República (Ader), que agrupa a profesionales del Derecho, manifestó su “rechazo a la intención de agravar la crisis existente”.
Con los amparo, según los abogados, se pretenden “paralizar la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”.
“Es inaceptable que nuevamente, a través del mal uso de instrumentos legales, abogados y organizaciones quiera impedir la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creando un grave riesgo a empeorar aún más la institucionalidad del país”, señala Ader.
“Apelamos a la actual Corte de Constitucionalildad y Corte Suprema de Justicia que velen por el respeto a la Constitución y al proceso de elección de los magistrados que deberán tomar posesión el 14 de abril de 2021″, añade.
“El imperante una elección transparente y que los organismos encargados de la elección antepongan el interés nacional por la defensa del orden constitucional ante cualquier otro interés. Es inaceptable que, bajo aparentes argumentos de defender la Constitución, se pretenda obstaculizar una elección que por mandato constitucional debe cumplirse”, enfatizan los abogados.
Al final de su comunicado, la entidad solicita a las cinco instituciones encargadas de designa magistrados, a “lograr una elección transparente, legítima y legal”.
Demandan transparencia y ética
“Quienes integren la Corte puedan llenar las expectativas de los guatemaltecos , sin distinción alguna, con decisiones apegadas a la Constitución, la ley, la étical, la honorabilidad y la imparcialidad”. Que velen por el orden constitucional.
A la población en general piden “seguir muy de cerca y fiscalizar este proceso… ya que las decisiones de ese órgano nos afectan a todos en nuestra vida. El respeto de nuestros derechos constitucionales depende de ello”.
La Cámara de Industria de Guatemala también se pronunció en ese sentido. Indica que “el uso indebido del amparo atenta contra el Estado de Derecho y la institucionalidad del pais”.
Además, señala que “arriesga la institucionalidad y el sistema de justicia”. “Nada debe evitar el cumplimiento del plazo del 14 de abril para la elección de la nueva magistratura de la CC”.
El proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha generado una serie de acciones y pronunciamientos.
La CC informó que el abogado Alfonso Carillo interpuso cinco recursos legales contra la convocatoria que realizó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso, el Consejo Superior Universitario (CSU), la junta directiva y el tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Sobre esas y otras dos acciones legales que presentará en las próximas horas la Asamblea Social y Popular, se pronunciaron gremios empresariales y de profesionales, que ven en el uso de amparo, un riesgo para la institucionalidad del país.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, el diputado Unionista, Álvaro Arzú Escobar, también se sumó a los pronunciamientos.
“Lo he venido diciendo desde hace días. Los mismos de siempre buscan judicializar la designación de magistrados a la CC para que los actuales se perpetúen en el cargo. Esto no lo debemos permitir”, escribió en Twitter el legislador.
Además, añadió “Siguen interponiendo acciones de amparo contra las designaciones de magistrados a la CC con el fin de judicializar el proceso. Que los actuales magistrados se prorroguen su propio período más allá del 14 de abril . Esto sería un ROMPIMIENTO CONSTITUCIONAL”.
Advierte retraso
Por su parte, Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), alertó sobre el “peligro” de que se retrase la toma de posesión de la CC.
“Sí, hay un peligro inminente. Creo que de hecho la Corte de Constitucionalidad ya había previsto prolongarse en su poder; sin embargo, se presentaron algunas variables que no esperaban, como los cambios de algunos magistrados en el último momento”, explicó Quezada.
La observación del experto se dio durante la conferencia de prensa mensual que hace el CIEN para abordar un tema coyuntural.
Otros pronunciamientos
La Alianza en Defensa de la República (Ader), que agrupa a profesionales del Derecho, manifestó su “rechazo a la intención de agravar la crisis existente”.
Con los amparo, según los abogados, se pretenden “paralizar la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”.
“Es inaceptable que nuevamente, a través del mal uso de instrumentos legales, abogados y organizaciones quiera impedir la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creando un grave riesgo a empeorar aún más la institucionalidad del país”, señala Ader.
“Apelamos a la actual Corte de Constitucionalildad y Corte Suprema de Justicia que velen por el respeto a la Constitución y al proceso de elección de los magistrados que deberán tomar posesión el 14 de abril de 2021″, añade.
“El imperante una elección transparente y que los organismos encargados de la elección antepongan el interés nacional por la defensa del orden constitucional ante cualquier otro interés. Es inaceptable que, bajo aparentes argumentos de defender la Constitución, se pretenda obstaculizar una elección que por mandato constitucional debe cumplirse”, enfatizan los abogados.
Al final de su comunicado, la entidad solicita a las cinco instituciones encargadas de designa magistrados, a “lograr una elección transparente, legítima y legal”.
Demandan transparencia y ética
“Quienes integren la Corte puedan llenar las expectativas de los guatemaltecos , sin distinción alguna, con decisiones apegadas a la Constitución, la ley, la étical, la honorabilidad y la imparcialidad”. Que velen por el orden constitucional.
A la población en general piden “seguir muy de cerca y fiscalizar este proceso… ya que las decisiones de ese órgano nos afectan a todos en nuestra vida. El respeto de nuestros derechos constitucionales depende de ello”.
La Cámara de Industria de Guatemala también se pronunció en ese sentido. Indica que “el uso indebido del amparo atenta contra el Estado de Derecho y la institucionalidad del pais”.
Además, señala que “arriesga la institucionalidad y el sistema de justicia”. “Nada debe evitar el cumplimiento del plazo del 14 de abril para la elección de la nueva magistratura de la CC”.
