EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Juzgado “A” de Mayor Riesgo aceptó la solicitud de exdiputados señalados en un caso de corrupción para no acudir al Ministerio Público (MP) a firmar el libro de control del arresto domiciliario, debido a la pandemia.
Los señalados en el proceso denominado Caso Plaza Fantasma pidieron autorización para no acudir a firmar ya que temen contagiarse de covid-19.
Este lunes se realizó la audiencia de revisión de medida de coersión solicitado por los exdiputados Christian Boussinot, César Fajardo, Arístides Crespo, Alfredo Rabbé y Carlos Herrera. Además de Edgar Leonel Fernández Regalado.
La audiencia se desarrolló en las instalaciones del Juzgado “A” de Mayor Riesgo ubicada en el edificio de la Torre de Tribunales, ciudad de Guatemala.
En la audiencia los congresistas pidieron no llegar al Ministerio Público a firmar el libro para evitar ser contagiados del nuevo coronavirus covid-19.
La petición que fue aceptada Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A.
Caso y exdiputados
Los exdiputados son señalados en el caso Plaza Fantama por la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.
Se indican que habrían facilitado la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) manifestó que la investigación reveló dos modalidades de contratación irregular en el Legislativo.
De acuerdo con el MP, la primera modalidad fue por medio de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022.
“Las personas contratadas no reunían los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar la necesidad para nombrar a este personal”, explicó la Fiscalía.
Además se evidenció que los integrantes de las Juntas Directivas habrían pactado distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Congreso.
La segunda modalidad se realizó por medio de la creación de plazas fantasma. Se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo.
En realidad prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados, de acuerdo con el Ministerio Público.
El Juzgado “A” de Mayor Riesgo aceptó la solicitud de exdiputados señalados en un caso de corrupción para no acudir al Ministerio Público (MP) a firmar el libro de control del arresto domiciliario, debido a la pandemia.
Los señalados en el proceso denominado Caso Plaza Fantasma pidieron autorización para no acudir a firmar ya que temen contagiarse de covid-19.
Este lunes se realizó la audiencia de revisión de medida de coersión solicitado por los exdiputados Christian Boussinot, César Fajardo, Arístides Crespo, Alfredo Rabbé y Carlos Herrera. Además de Edgar Leonel Fernández Regalado.
La audiencia se desarrolló en las instalaciones del Juzgado “A” de Mayor Riesgo ubicada en el edificio de la Torre de Tribunales, ciudad de Guatemala.
En la audiencia los congresistas pidieron no llegar al Ministerio Público a firmar el libro para evitar ser contagiados del nuevo coronavirus covid-19.
La petición que fue aceptada Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A.
Caso y exdiputados
Los exdiputados son señalados en el caso Plaza Fantama por la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.
Se indican que habrían facilitado la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) manifestó que la investigación reveló dos modalidades de contratación irregular en el Legislativo.
De acuerdo con el MP, la primera modalidad fue por medio de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022.
“Las personas contratadas no reunían los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar la necesidad para nombrar a este personal”, explicó la Fiscalía.
Además se evidenció que los integrantes de las Juntas Directivas habrían pactado distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Congreso.
La segunda modalidad se realizó por medio de la creación de plazas fantasma. Se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo.
En realidad prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados, de acuerdo con el Ministerio Público.
