EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El 28 de mayo de 2020 la magistrada María Eugenia Morales pidió permiso con goce de salario para ausentarse de su trabajo durante el Estado de Calamidad. La razón de su inasistencia fue el riesgo de contagio del covid-19.
Pero aunque el Estado de Calamidad se mantiene vigente y el virus sigue contagiando, la magistrada Morales apareció de pronto el 30 de julio y pidió suspender su licencia.
Regresó a la Corte y no perdió tiempo. Un día después de solicitar su integración, el 31 de julio, ya estaba resolviendo cómo acatar el plazo establecido por la Corte de Constitucionalidad (CC), en relación con una nueva resolución acerca del antejuicio contra cuatro magistrados de la CC.
Según la magistrada Morales, se enteró del fallo de la CC contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del viernes 24 de julio, en los medios de comunicación.
No se indica si esa resolución originó su retorno, ya que no han desaparecido las causas que motivaron su ausencia con goce de salario durante dos meses.
Y volvió para asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y resolver la solicitud de antejucio contra los magistrados Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
Hasta antes del 10 de septiembre, la magistrada Morales realizó varios intentos por conformar el pleno de la Corte Suprema de Justicia para emitir un nuevo fallo en relación con el caso.
Pero no logró. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre, la CC, incluidos dos de los magistrados señalados, otorgó el poder a la magistrada Morales para tomar el control absoluto en este caso.
La magistrada “… debe disponer por sí y sin que sea necesario que medie autorización de cualquier otro integrante de esa Corte, todos los actos que correspondan, con el objeto de alcanzar la conformación legítima de la Corte Suprema”, indica la resolución.
El fallo de la CC se dio luego de que la Fundación Myrna Mack, el Procurador de los Derechos Humanos y Acción Ciudadana, solicitaran un nueva resolución para que se acatara la orden de emitir un nuevo fallo en la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados.
Magistrada Morales está recusada
Según el abogado José Roberto Hernández, quien planteó la acción legal contra los cuatro magistrados de la CC, María Eugenia Morales no puede ejercer el cargo en este caso hasta que se resuelva la recusación en su contra.
Se busca apartarla del caso porque ella también fue parte del proceso de selección de magistrados de las Cortes. Ese fue el motivo por el cual todos los magistrados titulares se inhibieron de conocer la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la CC.
La recusación contra Morales debe ser resuelta por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia previo a conocer de nuevo el expediente de antejuicio contra los funcionarios de la CC.
Cuando los magistrados titulares se inhibieron, Morales se encontraba con licencia y por ello fue la única que no se pronunció, pero Hernández considera que también tiene impedimento.
Con el fallo emitido el 10 de septiembre, la CC le confió el poder que ella buscó desde que se reincorporó a la CSJ.
La Ley establece que en ausencia del presidente de la CSJ, el cargo lo ocupará el magistrado siguiente en el orden de designación. Morales es la última designada (XII), pero como todos los funcionarios se inhibieron, ella debe ejercer el cargo.
Por ello a la magistrada Morales le corresponde, según la CC, integrar la Corte Suprema de Justicia y resolver como los magistrados indican: es decir, rechazar la petición de antejuicio planteada contra ellos por el abogado Hernández.
Pero Hernández insiste en que la magistrada Morales no puede avanzar hasta que no se resuelva su recusación. En caso contrario se cometería un delito, subraya el abogado.
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CC ordena a la CSJ un nuevo fallo en caso antejuicio de magistrados
Los magistrados no quieren conocer el antejuicio
El 26 de junio de 2020, magistrados suplentes conformaron el pleno de la CSJ y dieron trámite a la petición de antejuicio contra los cuatro magistrados. Pero previo a ello hubo distintas convocatorias y los magistrados se excusaron.
Los primeros en apartarse fueron los magistrados titulares de la CSJ, excepto Morales que estaba con permiso especial. Luego se convocó a los presidentes de Sala, pero también se inhibieron. Hubo otros intentos hasta que, por fin, la Corte de integró y dio trámite a la petición. El expediente solo se envió al Congreso.
Estuardo Castellanos, uno de los magistrados que conformó el pleno, opina que ningún magistrado, incluso los titulares, debió inhibirse. En su caso, asegura que atendió el llamado porque es parte de sus atribuciones como magistrado.
Dificultades para integrar el pleno de la CSJ
Pero aparte de integrar el pleno de magistrados, se deben resolver cada una de las inhibitorias y ello podría extender el proceso durante largo tiempo.
Ello porque la Corte de Constitucionalidad mandó que cuando se presente el suplente, debe analizar la inhibitoria, convocar a las partes interesadas y después de escucharlos, determinar si se acepta la excusa.
De tal forma que la integración de la CSJ no será fácil ni se prevé que sea como posiblemente lo consideraron los magistrados de la CC. Darle el poder a la magistrada María Eugenia Morales para rechazar la solicitud de antejuicio contra ellos, parece que no será algo simple.
Acá puedes descargar la resolución de la Corte de Constitucionalidad_
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejercía funciones de la Junta Directiva cuando el Legislativo no estaba en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
Mientras tanto, la magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, convocó a las 23:00 horas de ese viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados resolvieron conceder los amparos temporales y con ello evitaron un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo consideró que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que buscaba evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometieron cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
Investigación en manos del MP
El Congreso de la República no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados de esa institución.
La Comisión Permanente del Legislativo volvió a entregar una copia del documento que contiene el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
El Congreso argumentó con anterioridad que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Pasada las 18:38 horas del lunes 29 de junio, solo remitieron la copia y un memorial donde expusieron que se envió con anterioridad un documento donde explicaron por qué solo entregan copia certificada y legalizada.
Debido a ello, la CC pidió al MP investigar la actuación de la Comisión Permanente del Congreso. El caso ahora está en manos de la Fiscalía que tramitó antejuicio contra diputados y los magistrados de la CSJ y Corte de Constitucionalidad.
El 28 de mayo de 2020 la magistrada María Eugenia Morales pidió permiso con goce de salario para ausentarse de su trabajo durante el Estado de Calamidad. La razón de su inasistencia fue el riesgo de contagio del covid-19.
Pero aunque el Estado de Calamidad se mantiene vigente y el virus sigue contagiando, la magistrada Morales apareció de pronto el 30 de julio y pidió suspender su licencia.
Regresó a la Corte y no perdió tiempo. Un día después de solicitar su integración, el 31 de julio, ya estaba resolviendo cómo acatar el plazo establecido por la Corte de Constitucionalidad (CC), en relación con una nueva resolución acerca del antejuicio contra cuatro magistrados de la CC.
Según la magistrada Morales, se enteró del fallo de la CC contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del viernes 24 de julio, en los medios de comunicación.
No se indica si esa resolución originó su retorno, ya que no han desaparecido las causas que motivaron su ausencia con goce de salario durante dos meses.
Y volvió para asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y resolver la solicitud de antejucio contra los magistrados Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
Hasta antes del 10 de septiembre, la magistrada Morales realizó varios intentos por conformar el pleno de la Corte Suprema de Justicia para emitir un nuevo fallo en relación con el caso.
Pero no logró. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre, la CC, incluidos dos de los magistrados señalados, otorgó el poder a la magistrada Morales para tomar el control absoluto en este caso.
La magistrada “… debe disponer por sí y sin que sea necesario que medie autorización de cualquier otro integrante de esa Corte, todos los actos que correspondan, con el objeto de alcanzar la conformación legítima de la Corte Suprema”, indica la resolución.
El fallo de la CC se dio luego de que la Fundación Myrna Mack, el Procurador de los Derechos Humanos y Acción Ciudadana, solicitaran un nueva resolución para que se acatara la orden de emitir un nuevo fallo en la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados.
Magistrada Morales está recusada
Según el abogado José Roberto Hernández, quien planteó la acción legal contra los cuatro magistrados de la CC, María Eugenia Morales no puede ejercer el cargo en este caso hasta que se resuelva la recusación en su contra.
Se busca apartarla del caso porque ella también fue parte del proceso de selección de magistrados de las Cortes. Ese fue el motivo por el cual todos los magistrados titulares se inhibieron de conocer la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la CC.
La recusación contra Morales debe ser resuelta por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia previo a conocer de nuevo el expediente de antejuicio contra los funcionarios de la CC.
Cuando los magistrados titulares se inhibieron, Morales se encontraba con licencia y por ello fue la única que no se pronunció, pero Hernández considera que también tiene impedimento.
Con el fallo emitido el 10 de septiembre, la CC le confió el poder que ella buscó desde que se reincorporó a la CSJ.
La Ley establece que en ausencia del presidente de la CSJ, el cargo lo ocupará el magistrado siguiente en el orden de designación. Morales es la última designada (XII), pero como todos los funcionarios se inhibieron, ella debe ejercer el cargo.
Por ello a la magistrada Morales le corresponde, según la CC, integrar la Corte Suprema de Justicia y resolver como los magistrados indican: es decir, rechazar la petición de antejuicio planteada contra ellos por el abogado Hernández.
Pero Hernández insiste en que la magistrada Morales no puede avanzar hasta que no se resuelva su recusación. En caso contrario se cometería un delito, subraya el abogado.
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CC ordena a la CSJ un nuevo fallo en caso antejuicio de magistrados
Los magistrados no quieren conocer el antejuicio
El 26 de junio de 2020, magistrados suplentes conformaron el pleno de la CSJ y dieron trámite a la petición de antejuicio contra los cuatro magistrados. Pero previo a ello hubo distintas convocatorias y los magistrados se excusaron.
Los primeros en apartarse fueron los magistrados titulares de la CSJ, excepto Morales que estaba con permiso especial. Luego se convocó a los presidentes de Sala, pero también se inhibieron. Hubo otros intentos hasta que, por fin, la Corte de integró y dio trámite a la petición. El expediente solo se envió al Congreso.
Estuardo Castellanos, uno de los magistrados que conformó el pleno, opina que ningún magistrado, incluso los titulares, debió inhibirse. En su caso, asegura que atendió el llamado porque es parte de sus atribuciones como magistrado.
Dificultades para integrar el pleno de la CSJ
Pero aparte de integrar el pleno de magistrados, se deben resolver cada una de las inhibitorias y ello podría extender el proceso durante largo tiempo.
Ello porque la Corte de Constitucionalidad mandó que cuando se presente el suplente, debe analizar la inhibitoria, convocar a las partes interesadas y después de escucharlos, determinar si se acepta la excusa.
De tal forma que la integración de la CSJ no será fácil ni se prevé que sea como posiblemente lo consideraron los magistrados de la CC. Darle el poder a la magistrada María Eugenia Morales para rechazar la solicitud de antejuicio contra ellos, parece que no será algo simple.
Acá puedes descargar la resolución de la Corte de Constitucionalidad_
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejercía funciones de la Junta Directiva cuando el Legislativo no estaba en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
Mientras tanto, la magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, convocó a las 23:00 horas de ese viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados resolvieron conceder los amparos temporales y con ello evitaron un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo consideró que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que buscaba evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometieron cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
Investigación en manos del MP
El Congreso de la República no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados de esa institución.
La Comisión Permanente del Legislativo volvió a entregar una copia del documento que contiene el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
El Congreso argumentó con anterioridad que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Pasada las 18:38 horas del lunes 29 de junio, solo remitieron la copia y un memorial donde expusieron que se envió con anterioridad un documento donde explicaron por qué solo entregan copia certificada y legalizada.
Debido a ello, la CC pidió al MP investigar la actuación de la Comisión Permanente del Congreso. El caso ahora está en manos de la Fiscalía que tramitó antejuicio contra diputados y los magistrados de la CSJ y Corte de Constitucionalidad.
