EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público (MP) informó que el exministro del Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi gestionó desde hace unos nueve meses el proceso para entregarse a la justicia guatemalteca.
Según la Fiscalía, la defensa de Sinibaldi solicitó iniciar el proceso para someterse a la justicia para solventar su situación jurídica.
Las autoridades confirmaron que el exministro está vinculado a cinco casos de corrupción bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP: Odebrecht, Corrupción y Corrupción, Transurbano, Caso Arcas y Cooptación del Estado.
La fiscal general, Consuelo Porras, manifestó que hace nueve meses los abogados del exfuncionario presentaron la petición ponerse a disposición del sistema de justicia para resolver su situación jurídica por las distintas órdenes de captura en su contra.
La Fiscal General afirmó que con la División de la Interpol de Guatemala de la PNC se gestionó el trámite para el levantamiento de las alertas migratorias que facilitaran su retorno al país.
También se coordinó con el Ministerio de Gobernación para detenerlo y conducirlo a tribunales. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció el proceso para los traslados del exfuncionario hasta Guatemala.
“Con estas acciones el MP cumple con su el compromiso de velar por el estricto cumplimento de las leyes del país, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad”, manifestó Porras.
Traslado de Sinibaldi
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), declaró que el exministro tiene cinco órdenes detención vigentes, relacionadas con igual número de casos de corrupción.
Explicó que este lunes será puesto a disposición del Juzgado “B”, de Mayor Riesgo, por ser donde se gestionó la primera orden de captura contra el exministro.
Aclaró que Sinibaldi no firmó ningún acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y será un juzgado que decida su situación.
“La situación jurídica de un procesado quién la decide es un órgano jurisdiccional, no podemos hablar de un proceso de colaboración eficaz que es inexistente”, explicó Sandoval.
Detalló que el MP intervino en el proceso donde fue necesario hacer gestiones con autoridades externas a la institución.
“Sinibaldi salió de la ciudad de Florencia, Italia rumbo a Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Después se trasladó a la ciudad de México y luego a Tapachula, desde donde se desplazó vía terrestre hacia Guatemala“, manifestó Sandoval.
Agregó que este lunes la judicatura se realizó la audiencia para hacer saber el motivo de la detención y la orden de captura vigente en 2016 por el caso denominado La Cooperacha, incluido en el proceso Cooptación del Estado.
“Que el Ministerio Público gestionará algún trámite en este caso no significa que exista algún compromiso de la institución de la situación jurídica”, declaró Sandoval.
Juzgados y medidas
Sandoval reiteró que los abogados de Sinibaldi fueron los que presentaron varias peticiones, una de esas solicitudes fue presentada al despacho del MP.
Detalló que estarán a la espera de la decisión de los juzgados, y si en algunos de los casos el juzgado decide ligarlo a proceso, se pueden entrar a discutir las medias de coerción.
“Entre los parámetros que tomará la Fiscalía para esto es la posibilidad que pueda fugarse o que pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Del marco legal no podemos salirnos”, enfatizó Sandoval
El Ministerio Público (MP) informó que el exministro del Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi gestionó desde hace unos nueve meses el proceso para entregarse a la justicia guatemalteca.
Según la Fiscalía, la defensa de Sinibaldi solicitó iniciar el proceso para someterse a la justicia para solventar su situación jurídica.
Las autoridades confirmaron que el exministro está vinculado a cinco casos de corrupción bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP: Odebrecht, Corrupción y Corrupción, Transurbano, Caso Arcas y Cooptación del Estado.
La fiscal general, Consuelo Porras, manifestó que hace nueve meses los abogados del exfuncionario presentaron la petición ponerse a disposición del sistema de justicia para resolver su situación jurídica por las distintas órdenes de captura en su contra.
La Fiscal General afirmó que con la División de la Interpol de Guatemala de la PNC se gestionó el trámite para el levantamiento de las alertas migratorias que facilitaran su retorno al país.
También se coordinó con el Ministerio de Gobernación para detenerlo y conducirlo a tribunales. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció el proceso para los traslados del exfuncionario hasta Guatemala.
“Con estas acciones el MP cumple con su el compromiso de velar por el estricto cumplimento de las leyes del país, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad”, manifestó Porras.
Traslado de Sinibaldi
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), declaró que el exministro tiene cinco órdenes detención vigentes, relacionadas con igual número de casos de corrupción.
Explicó que este lunes será puesto a disposición del Juzgado “B”, de Mayor Riesgo, por ser donde se gestionó la primera orden de captura contra el exministro.
Aclaró que Sinibaldi no firmó ningún acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y será un juzgado que decida su situación.
“La situación jurídica de un procesado quién la decide es un órgano jurisdiccional, no podemos hablar de un proceso de colaboración eficaz que es inexistente”, explicó Sandoval.
Detalló que el MP intervino en el proceso donde fue necesario hacer gestiones con autoridades externas a la institución.
“Sinibaldi salió de la ciudad de Florencia, Italia rumbo a Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Después se trasladó a la ciudad de México y luego a Tapachula, desde donde se desplazó vía terrestre hacia Guatemala“, manifestó Sandoval.
Agregó que este lunes la judicatura se realizó la audiencia para hacer saber el motivo de la detención y la orden de captura vigente en 2016 por el caso denominado La Cooperacha, incluido en el proceso Cooptación del Estado.
“Que el Ministerio Público gestionará algún trámite en este caso no significa que exista algún compromiso de la institución de la situación jurídica”, declaró Sandoval.
Juzgados y medidas
Sandoval reiteró que los abogados de Sinibaldi fueron los que presentaron varias peticiones, una de esas solicitudes fue presentada al despacho del MP.
Detalló que estarán a la espera de la decisión de los juzgados, y si en algunos de los casos el juzgado decide ligarlo a proceso, se pueden entrar a discutir las medias de coerción.
“Entre los parámetros que tomará la Fiscalía para esto es la posibilidad que pueda fugarse o que pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Del marco legal no podemos salirnos”, enfatizó Sandoval
