EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Corte de Constitucionalidad (CC) abrió el camino para recuperar dinero de un fraude millonario cometido en el Ministerio de Salud durante la gestión del Partido Patriota (PP).
La CC declaró inconstitucional que el Ministerio de Salud haya pagado el trabajo de asesoría y representación legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS).
El desembolso se realizó de 2013 a 2015.
Con esa resolución de la CC, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), podrían perseguir que se devuelvan los más de Q10 millones pagados al profesional que asesoró al sindicato.
La resolución también tiene efecto en otros pactos colectivos de instituciones públicas, por lo que si actualmente existen cláusulas similares, deben quedar sin efecto.
Pago ilegal al abogado
De acuerdo con el expediente de la CC número 31-2016, se declara inconstitucional que el Ministerio de Salud haya pagado el servicio de representación legal del sindicato.
“Con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por Gabriel Orellana Rojas contra el artículo 51 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. El cual fue suscrito el 21 de agosto de 2013 entre el Ministerio de Salud y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala”, indica el fallo.
El abogado Gabriel Orellana, quien presentó la acción, manifestó que la Corte resolvió que era “totalmente ilegal” que el Gobierno cubriera los honorarios de los abogados asesores del sindicato de salubristas.
“Existe una acción legal que se presentó contra el abogado que está prófugo. Este abogado no recibió la totalidad de los Q20 millones porque la Ministra en ese entonces suspendió los pagos. Sin embargo, recibió una parte de ese dinero, y ahora esta obligado a devolverlo“, añadió Orellana.
Podrán recuperar el dinero
Según el jurista, el MP o la PGN son los responsables de perseguir que se devuelva ese dinero. Explicó que además del abogado, la responsabilidad de reintegrar esa cantidad de dinero es del ministro que firmó o autorizó el Pacto de Condiciones de Trabajo.
“Recuerdo que el doctor Jorge Villavicencio, quien ya falleció, era el ministro. Aquí también es importante saber que eso no es obstáculo para no recuperar el dinero. Pueden demandar para la devolución del dinero a lo que se llama la herencia que dejó, o sea la sucesión. Sobre eso podría ejecutarlo el Estado de Guatemala”, subrayó Orellana.
La resolución tiene efecto en los pactos colectivos de instituciones públicas, si en la actualidad existen cláusulas similares en otros acuerdos de condiciones de trabajo, y deben quedar sin efecto.
Otros puntos de la resolución
Orellana añadió que otro aspecto importante de la resolución de la CC, es que había una cláusula en el pacto colectivo que establecía que ese ministerio no podría contratar servicios de hospitales privados sin que fueron o llevaran el visto bueno del propio sindicato.
“Afortunadamente, con la resolución la CC se establece que eso se debe interpretar en el sentido que son las circunstancias las que determinarán la necesidad, de facilitar y utilizar esos servicios, tal como se está haciendo ahora”, manifestó el abogado.
Además dijo que otro punto técnico importante de la sentencia es que va dirigido contra un pacto de condiciones colectivas de trabajo.
Ello implica que estos pactos originalmente la CC consideraba que no podrían ser impugnados en vía de inconstitucional porque no son leyes dictadas por el Congreso o reglamentos dictadas por el Ejecutivo o por cualquier otra entidad que tenga esa facultad de dictar los reglamentos.
“A raíz de es dificultad técnica, la CC había venido rechazando esos casos. Hubo un precedente en 2010, en donde la CC consideró que estas disposiciones colectivas de trabajo, en ciertos casos, en especial cuando se trata de sindicatos del Gobierno de la República, pueden tener una trascendencia de carácter general y por lo tanto, afectar a la ciudadanía. Por ese motivo había admitido una vez ese tema y en otros posteriores había rechazo. En este caso, la CC abiertamente reconoce que sí pueden, dándose algunas condiciones, admitirse este tipo de acciones”, agregó.
Es muy importante porque hay algunos pactos colectivos en otros ministerios que son muy abusivos
Gabriel Orellana
Quién es César Landelino Franco López
El abogado que cobró los honorarios del Pacto Colectivo del Ministerio de Salud es César Landelino Franco López.
- Abogado de los sindicalistas del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS)
- Señalado por el MP de fraude en el proceso de suscripción del pacto colectivo y condiciones de trabajo del Ministerio y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud.
- De acuerdo con el MP, en 20 febrero del 2014 recibió los primeros Q7 millones como honorarios profesionales.
- El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago, por otros Q7 millones, y con la deducción de impuestos, cobró Q6 millones 375 mil 600, de acuerdo con la Fiscalía.
- El abogado emitió cheques por montos menores a US$10 mil para evitar las sospechas de transacciones monetarias, según las investigaciones.
- Los beneficiarios fueron José Gabriel Sepulveda López, Rolando Eberto Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco, quienes cobraron Q5 millones 752 mil 937, según el avance de la pesquisa.
Denuncia fue planteada por diputado
La investigación inició en julio de 2014, luego que el diputado Roberto Villate presentó una denuncia contra el exministro Jorge Villavicencio por la suscripción “anómala” del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud.
La investigación determinó que se realizó el pago de honorarios profesionales al abogado Franco López por asesoría técnica, sin contar con dictamen financiero ni contratos de servicios profesionales, de acuerdo con el Ministerio Público.
Aparte de los pagos al abogado Franco López, el MP señaló que “en el desarrollo de la investigación, los fiscales identificaron a un grupo de personas relacionadas con el cobro de viáticos por medio del reglamento que se insertó de manera irregular en el Pacto Colectivo”.
Intentaron ocultar el dinero
“Luego de adquirir el dinero proveniente del acto ilícito, (el abogado) realizó transacciones financieras al emitir cheques, que fueron cobrados en efectivo, por parte de diversas personas allegadas a él”, indica el MP.
“Franco López emitió innumerables cheques, por cantidades que no superaban los US$10 mil, para evadir los controles del Sistema Financiero Supervisado y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)”.
“Los cheques fueron emitidos a nombre de Rolando Eberto Cancinos Barrios, José Gabriel Sepúlveda López y Javier Eduardo Méndez Franco. Con la estratificación del dinero obtenido de forma ilícita al estafar al Estado pretendía ocultar el verdadero destino de los fondos, puesto que estas personas cobraron en efectivo, para que se perdiera la trazabilidad del dinero”, concluye el MP.
Las órdenes de captura fueron giradas contra 16 personas.
Los 11 detenidos
Por el delito de abuso de autoridad
- Jorge Luis Pérez Ramírez
- Edgar Encarnación Lara Caballeros
- Edna Carolina Prera Guinther
- Byron Francisco Ponce Molina
- Susy Verónica Ríos Morales
- Carlos Guillermo Quijada Sandoval
Peculado por sustracción en forma de delito continuado
- Roberto Guarán Jiménez
Abuso de autoridad
-Miembros de la comisión negociadora, por parte del Sindicato de Salud
- Luis Alberto Lara Ballina –fallecido-
- Dora Regina Ruano Saldaña
- Luis Antulio Alpirez Guzmán
Lavado de dinero u otros activos
- Javier Eduardo Méndez Franco
- Rolando Eberto Cancinos Barrios
- Te sugerimos leer:
La Corte de Constitucionalidad (CC) abrió el camino para recuperar dinero de un fraude millonario cometido en el Ministerio de Salud durante la gestión del Partido Patriota (PP).
La CC declaró inconstitucional que el Ministerio de Salud haya pagado el trabajo de asesoría y representación legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS).
El desembolso se realizó de 2013 a 2015.
Con esa resolución de la CC, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), podrían perseguir que se devuelvan los más de Q10 millones pagados al profesional que asesoró al sindicato.
La resolución también tiene efecto en otros pactos colectivos de instituciones públicas, por lo que si actualmente existen cláusulas similares, deben quedar sin efecto.
Pago ilegal al abogado
De acuerdo con el expediente de la CC número 31-2016, se declara inconstitucional que el Ministerio de Salud haya pagado el servicio de representación legal del sindicato.
“Con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por Gabriel Orellana Rojas contra el artículo 51 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. El cual fue suscrito el 21 de agosto de 2013 entre el Ministerio de Salud y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala”, indica el fallo.
El abogado Gabriel Orellana, quien presentó la acción, manifestó que la Corte resolvió que era “totalmente ilegal” que el Gobierno cubriera los honorarios de los abogados asesores del sindicato de salubristas.
“Existe una acción legal que se presentó contra el abogado que está prófugo. Este abogado no recibió la totalidad de los Q20 millones porque la Ministra en ese entonces suspendió los pagos. Sin embargo, recibió una parte de ese dinero, y ahora esta obligado a devolverlo“, añadió Orellana.
Podrán recuperar el dinero
Según el jurista, el MP o la PGN son los responsables de perseguir que se devuelva ese dinero. Explicó que además del abogado, la responsabilidad de reintegrar esa cantidad de dinero es del ministro que firmó o autorizó el Pacto de Condiciones de Trabajo.
“Recuerdo que el doctor Jorge Villavicencio, quien ya falleció, era el ministro. Aquí también es importante saber que eso no es obstáculo para no recuperar el dinero. Pueden demandar para la devolución del dinero a lo que se llama la herencia que dejó, o sea la sucesión. Sobre eso podría ejecutarlo el Estado de Guatemala”, subrayó Orellana.
La resolución tiene efecto en los pactos colectivos de instituciones públicas, si en la actualidad existen cláusulas similares en otros acuerdos de condiciones de trabajo, y deben quedar sin efecto.
Otros puntos de la resolución
Orellana añadió que otro aspecto importante de la resolución de la CC, es que había una cláusula en el pacto colectivo que establecía que ese ministerio no podría contratar servicios de hospitales privados sin que fueron o llevaran el visto bueno del propio sindicato.
“Afortunadamente, con la resolución la CC se establece que eso se debe interpretar en el sentido que son las circunstancias las que determinarán la necesidad, de facilitar y utilizar esos servicios, tal como se está haciendo ahora”, manifestó el abogado.
Además dijo que otro punto técnico importante de la sentencia es que va dirigido contra un pacto de condiciones colectivas de trabajo.
Ello implica que estos pactos originalmente la CC consideraba que no podrían ser impugnados en vía de inconstitucional porque no son leyes dictadas por el Congreso o reglamentos dictadas por el Ejecutivo o por cualquier otra entidad que tenga esa facultad de dictar los reglamentos.
“A raíz de es dificultad técnica, la CC había venido rechazando esos casos. Hubo un precedente en 2010, en donde la CC consideró que estas disposiciones colectivas de trabajo, en ciertos casos, en especial cuando se trata de sindicatos del Gobierno de la República, pueden tener una trascendencia de carácter general y por lo tanto, afectar a la ciudadanía. Por ese motivo había admitido una vez ese tema y en otros posteriores había rechazo. En este caso, la CC abiertamente reconoce que sí pueden, dándose algunas condiciones, admitirse este tipo de acciones”, agregó.
Es muy importante porque hay algunos pactos colectivos en otros ministerios que son muy abusivos
Gabriel Orellana
Quién es César Landelino Franco López
El abogado que cobró los honorarios del Pacto Colectivo del Ministerio de Salud es César Landelino Franco López.
- Abogado de los sindicalistas del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS)
- Señalado por el MP de fraude en el proceso de suscripción del pacto colectivo y condiciones de trabajo del Ministerio y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud.
- De acuerdo con el MP, en 20 febrero del 2014 recibió los primeros Q7 millones como honorarios profesionales.
- El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago, por otros Q7 millones, y con la deducción de impuestos, cobró Q6 millones 375 mil 600, de acuerdo con la Fiscalía.
- El abogado emitió cheques por montos menores a US$10 mil para evitar las sospechas de transacciones monetarias, según las investigaciones.
- Los beneficiarios fueron José Gabriel Sepulveda López, Rolando Eberto Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco, quienes cobraron Q5 millones 752 mil 937, según el avance de la pesquisa.
Denuncia fue planteada por diputado
La investigación inició en julio de 2014, luego que el diputado Roberto Villate presentó una denuncia contra el exministro Jorge Villavicencio por la suscripción “anómala” del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud.
La investigación determinó que se realizó el pago de honorarios profesionales al abogado Franco López por asesoría técnica, sin contar con dictamen financiero ni contratos de servicios profesionales, de acuerdo con el Ministerio Público.
Aparte de los pagos al abogado Franco López, el MP señaló que “en el desarrollo de la investigación, los fiscales identificaron a un grupo de personas relacionadas con el cobro de viáticos por medio del reglamento que se insertó de manera irregular en el Pacto Colectivo”.
Intentaron ocultar el dinero
“Luego de adquirir el dinero proveniente del acto ilícito, (el abogado) realizó transacciones financieras al emitir cheques, que fueron cobrados en efectivo, por parte de diversas personas allegadas a él”, indica el MP.
“Franco López emitió innumerables cheques, por cantidades que no superaban los US$10 mil, para evadir los controles del Sistema Financiero Supervisado y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)”.
“Los cheques fueron emitidos a nombre de Rolando Eberto Cancinos Barrios, José Gabriel Sepúlveda López y Javier Eduardo Méndez Franco. Con la estratificación del dinero obtenido de forma ilícita al estafar al Estado pretendía ocultar el verdadero destino de los fondos, puesto que estas personas cobraron en efectivo, para que se perdiera la trazabilidad del dinero”, concluye el MP.
Las órdenes de captura fueron giradas contra 16 personas.
Los 11 detenidos
Por el delito de abuso de autoridad
- Jorge Luis Pérez Ramírez
- Edgar Encarnación Lara Caballeros
- Edna Carolina Prera Guinther
- Byron Francisco Ponce Molina
- Susy Verónica Ríos Morales
- Carlos Guillermo Quijada Sandoval
Peculado por sustracción en forma de delito continuado
- Roberto Guarán Jiménez
Abuso de autoridad
-Miembros de la comisión negociadora, por parte del Sindicato de Salud
- Luis Alberto Lara Ballina –fallecido-
- Dora Regina Ruano Saldaña
- Luis Antulio Alpirez Guzmán
Lavado de dinero u otros activos
- Javier Eduardo Méndez Franco
- Rolando Eberto Cancinos Barrios
- Te sugerimos leer:
