EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Un Juzgado de Instancia Penal ligó a proceso penal a cuatro personas por su posible partición en la fiesta clandestina que se realizó en la Mueblería O3. Evento desarrollado el 12 de junio, durante las restricciones por la pademia del coronavirus.
A los procesados se les impuso una caución económica. También tienen prohibido salir del país y participar en cualquier evento.
Virginia de León, jueza del Juzgado Segundo de Instancia Penal, realizó la audiencia de primera declaración de cinco personas vinculadas con la fiesta clandestina, que se pusieron a disposición de las autoridades judiciales, este jueves.
“Las cinco personas son sospechosos de incumplir las medidas para prevenir el nuevo coronavirus Covid-19 en Guatemala”, informó el Ministerio Público (MP).
Multas y prohibición
El Ministerio Público declaró que la jueza después de escuchar a las partes procesales resolvió ligar a proceso a cuatro de las personas que se presentaron a la judicatura: Daniel Zarco, Christian Wandel, Ricardo Coba y Gabriel Quiñonez Arzú.
“Los cuatro fueron ligados a proceso por el delito de contravención de medidas sanitaria”, agregó el MP.
Además, se informó que se les impuso una caución económica de Q7 mil y deberán presentarse a firmar el libro judicial cada 15 días. Tienen prohibido salir del país y participar en cualquier evento.
Antecedentes de la fiesta
El fiesta clandestina se llevó a cabo el viernes 12 de junio en un establecimiento privado que se dedica a la comercialización de muebles. La Policía Nacional Civil llegó al lugar y desalojó a los participantes, aunque no realizaron capturas.
En los videos compartidos en redes sociales se observa a decenas de jóvenes y adultos que bailan y consumen bebidas alcohólicas con música en vivo.
El Ministerio de Gobernación presentó una denuncia en el Ministerio Público contra los responsables de organizar la fiesta. El caso es investigado por la Fiscalía de Santa Catarina Pinula.
La Policía Nacional Civil delegó a la Inspectoría General para que verifique la actuación de los agentes que se presentaron al inmueble cuando se realizaba el evento.
Un Juzgado de Instancia Penal ligó a proceso penal a cuatro personas por su posible partición en la fiesta clandestina que se realizó en la Mueblería O3. Evento desarrollado el 12 de junio, durante las restricciones por la pademia del coronavirus.
A los procesados se les impuso una caución económica. También tienen prohibido salir del país y participar en cualquier evento.
Virginia de León, jueza del Juzgado Segundo de Instancia Penal, realizó la audiencia de primera declaración de cinco personas vinculadas con la fiesta clandestina, que se pusieron a disposición de las autoridades judiciales, este jueves.
“Las cinco personas son sospechosos de incumplir las medidas para prevenir el nuevo coronavirus Covid-19 en Guatemala”, informó el Ministerio Público (MP).
Multas y prohibición
El Ministerio Público declaró que la jueza después de escuchar a las partes procesales resolvió ligar a proceso a cuatro de las personas que se presentaron a la judicatura: Daniel Zarco, Christian Wandel, Ricardo Coba y Gabriel Quiñonez Arzú.
“Los cuatro fueron ligados a proceso por el delito de contravención de medidas sanitaria”, agregó el MP.
Además, se informó que se les impuso una caución económica de Q7 mil y deberán presentarse a firmar el libro judicial cada 15 días. Tienen prohibido salir del país y participar en cualquier evento.
Antecedentes de la fiesta
El fiesta clandestina se llevó a cabo el viernes 12 de junio en un establecimiento privado que se dedica a la comercialización de muebles. La Policía Nacional Civil llegó al lugar y desalojó a los participantes, aunque no realizaron capturas.
En los videos compartidos en redes sociales se observa a decenas de jóvenes y adultos que bailan y consumen bebidas alcohólicas con música en vivo.
El Ministerio de Gobernación presentó una denuncia en el Ministerio Público contra los responsables de organizar la fiesta. El caso es investigado por la Fiscalía de Santa Catarina Pinula.
La Policía Nacional Civil delegó a la Inspectoría General para que verifique la actuación de los agentes que se presentaron al inmueble cuando se realizaba el evento.
