EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una denuncia penal contra los diputados de Semilla Samuel Andrés Pérez Álvarez y Román Wilfredo Castellanos Caal, fue presentada en el Ministerio Público (MP).
La acción legal también va dirigida contra el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y Luis Daniel Reyes, Defensor de Personas Trabajadoras de esa institución.
A los congresistas, al Procurador y al empleado de esa entidad, se les señala de cometer cinco delitos:
- Asociación Ilícita
- Abuso de autoridad
- Violación a la Constitución
- Usurpación de Atribuciones
- Tráfico de Influencias
La denuncia se basa en acciones presuntamente ilegales que los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, así como Luis Daniel Reyes, habrían cometido al intentar ingresar en una empresa sin la presencia de autoridad competente.
“No se necesita mayor análisis para comprender que dos diputados del Congreso de la República y un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con anuencia del Procurador de los Derechos Humanos, han violentado el ‘principio de legalidad‘, que en reiteradas sentencias la Corte de Constitucionalidad ha establecido en su jurisprudencia, como el límite del poder gubernamental y la libertad de los ciudadanos que nos regimos por el respeto de la ley. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta y los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe”.
“Es claro entonces que si en Guatemala se tiene un sistema republicano y democrático, que se rige por un Estado de Derecho, en el cual nadie es superior a la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce garantías y derechos fundamentales a todos los ciudadanos contra el poder del Estado, asimismo limita el uso del poder del mismo por parte de los funcionarios y empleados públicos”, añade la denuncia.
“En nuestro país en los últimos años ha existido una violación sistemática de la ley por parte de funcionarios públicos, y no se puede seguir permitiendo, y que no tenga consecuencias legales, como ha sucedido con la conducta de los denunciados”, señala el abogado Raúl Falla, en representación de la Fundación contra el Terrorismo.
“Tomando en consideración que entre los denunciados, se encuentran diputados y el Procurador de los Derechos Humanos, que gozan de la prerrogativa de antejuicio, es indispensable para practicar los medios de investigación pertinentes, que se solicite el retiro del mismo a la Corte Suprema de Justicia y a donde corresponda según la ley”, concluye la acción legal.
Origen de la denuncia contra diputados y la PDH
Los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, así como el representante de la PDH, documentaron ellos mismos un intento por ingresar en una empresa en Amatitlán, sin la presencia del Ministerio de Trabajo.
El hecho fue corroborado por República. con uno de los señalados y mediante la publicación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, el 17 de junio de 2020.
Industriales rechazan acción
La acción de los legisladores del bloque Semilla y de Reyes, de la PDH, fue rechazada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que emitió un comunicado.
- La función de fiscalización de los diputados del Congreso de la República se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución de la República y en las leyes.
- En relación a la PDH, es común que acompañe a la Inspección General de Trabajo, pero deben contar con la autorización de las empresas para que los funcionarios de la PDH ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores.
- La Constitución Política de la República es clara en relación a que, cuando un dignatario o funcionario en el ejercicio de su cargo infrinja la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y perjuicios, pudiendo existir responsabilidad penal o civil.
“Solicitamos a las autoridades correspondientes, abrir un proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad”, indicó la CIG en su comunicado.
Una denuncia penal contra los diputados de Semilla Samuel Andrés Pérez Álvarez y Román Wilfredo Castellanos Caal, fue presentada en el Ministerio Público (MP).
La acción legal también va dirigida contra el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y Luis Daniel Reyes, Defensor de Personas Trabajadoras de esa institución.
A los congresistas, al Procurador y al empleado de esa entidad, se les señala de cometer cinco delitos:
- Asociación Ilícita
- Abuso de autoridad
- Violación a la Constitución
- Usurpación de Atribuciones
- Tráfico de Influencias
La denuncia se basa en acciones presuntamente ilegales que los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, así como Luis Daniel Reyes, habrían cometido al intentar ingresar en una empresa sin la presencia de autoridad competente.
“No se necesita mayor análisis para comprender que dos diputados del Congreso de la República y un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con anuencia del Procurador de los Derechos Humanos, han violentado el ‘principio de legalidad‘, que en reiteradas sentencias la Corte de Constitucionalidad ha establecido en su jurisprudencia, como el límite del poder gubernamental y la libertad de los ciudadanos que nos regimos por el respeto de la ley. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta y los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe”.
“Es claro entonces que si en Guatemala se tiene un sistema republicano y democrático, que se rige por un Estado de Derecho, en el cual nadie es superior a la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce garantías y derechos fundamentales a todos los ciudadanos contra el poder del Estado, asimismo limita el uso del poder del mismo por parte de los funcionarios y empleados públicos”, añade la denuncia.
“En nuestro país en los últimos años ha existido una violación sistemática de la ley por parte de funcionarios públicos, y no se puede seguir permitiendo, y que no tenga consecuencias legales, como ha sucedido con la conducta de los denunciados”, señala el abogado Raúl Falla, en representación de la Fundación contra el Terrorismo.
“Tomando en consideración que entre los denunciados, se encuentran diputados y el Procurador de los Derechos Humanos, que gozan de la prerrogativa de antejuicio, es indispensable para practicar los medios de investigación pertinentes, que se solicite el retiro del mismo a la Corte Suprema de Justicia y a donde corresponda según la ley”, concluye la acción legal.
Origen de la denuncia contra diputados y la PDH
Los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, así como el representante de la PDH, documentaron ellos mismos un intento por ingresar en una empresa en Amatitlán, sin la presencia del Ministerio de Trabajo.
El hecho fue corroborado por República. con uno de los señalados y mediante la publicación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, el 17 de junio de 2020.
Industriales rechazan acción
La acción de los legisladores del bloque Semilla y de Reyes, de la PDH, fue rechazada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que emitió un comunicado.
- La función de fiscalización de los diputados del Congreso de la República se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución de la República y en las leyes.
- En relación a la PDH, es común que acompañe a la Inspección General de Trabajo, pero deben contar con la autorización de las empresas para que los funcionarios de la PDH ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores.
- La Constitución Política de la República es clara en relación a que, cuando un dignatario o funcionario en el ejercicio de su cargo infrinja la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y perjuicios, pudiendo existir responsabilidad penal o civil.
“Solicitamos a las autoridades correspondientes, abrir un proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad”, indicó la CIG en su comunicado.
