La Comisión Pesquisidora no se ha detenido y continúa el análisis del antejuicio contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
El presidente de la pesquisidora, Luis Rosales, informó que la instancia sigue analizando el antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela y Bonerge Mejía.
La solicitud fue promovida por el abogado José Roberto Hernández, quien considera que los magistrados se extralimitaron en sus funciones al resolver a favor de la Fiscal General, Consuelo Porras, un amparo relacionado al proceso de elección de cortes.
Al dar trámite a la petición, la Comisión Permanente integró la pesquisidora con los diputados Luis Rosales, quien la preside; Santiago Nájera, y Douglas Rivero, quienes deberán elaborar un informe circunstanciado donde recomendarán si procede o no el retiro de inmunidad.
Congreso versus Corte de Constitucionalidad
Horas después de integrar la pesquisidora, la CC se autoamparó al dar trámite a las acciones promovidas por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas , Acción Ciudadana y la Fundación Myrna Mack. Con esa resolución ordenó al Congreso suspender la Comisión y entregar el expediente.
El Congreso remitió una copia y argumentó que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Algunos diputados se han mostrado a favor de la decisión de la Comisión Permanente, entre ellos el expresidente de ese organismo, Alvaro Arzú.
“Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”, escribió Arzú.
Al momento, las autoridades del Congreso no han emitido una declaración oficial acerca del trabajo de la pesquisidora.
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La solicitud fue promovida por el abogado José Roberto Hernández, quien considera que los magistrados se extralimitaron en sus funciones al resolver a favor de la Fiscal General, Consuelo Porras, un amparo relacionado al proceso de elección de cortes.
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Horas después de integrar la pesquisidora, la CC se autoamparó al dar trámite a las acciones promovidas por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas , Acción Ciudadana y la Fundación Myrna Mack. Con esa resolución ordenó al Congreso suspender la Comisión y entregar el expediente.
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Algunos diputados se han mostrado a favor de la decisión de la Comisión Permanente, entre ellos el expresidente de ese organismo, Alvaro Arzú.
“Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”, escribió Arzú.
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