EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luego del autoamparo resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), diversos sectores, instituciones y abogados, se han pronunciado contra el fallo.
La mayoría coincide en que los magistrados también están sujetos a la ley y no pueden ser juez y parte. Incluso, basan sus cuestionamientos en resoluciones anteriores de esta Corte.
“Las resoluciones por medio de las que magistrados se autoamparan pueden dar fundamento más serio para una persecución penal, que las mismas resoluciones por las que se les estaba cuestionando inicialmente. Ser juez y parte no tiene justificación por ningún lado que se le vea”, escribió el abogado Julio García-Merlos.
Mientras que el constitucionalista, Roberto Molina Barreto, expresa que “los magistrados de la CC no le están otorgando un amparo al Procurador de los Derechos Humanos, sino se lo están otorgando a ellos mismos, y sin ningún fundamento. Los magistrados no pueden ser juez y parte”.
Además, añade que “el Derecho Internacional, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, facultan al Congreso de la República a tramitar un proceso de antejuicio contra los magistrados”.
El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), subrayó que “es inaceptable que en un estado de derecho y república democrática, haya un poder que no esté sujeto a la ley”.
“El hecho que tres magistrados de la corte de Constitucionalidad hayan conocido y resuelto un asunto propio evitando que el Congreso pueda conocer si debe o no retirarse la inmunidad para que sean investigados, es un acto ilegal contrario a los más elementales estándares de imparcialidad y en violación de la Constitución, impidiendo al Congreso de la República ejercer lo establecido en el artículo 165 constitucional”, subrayó el constitucionalista Stuardo Ralón, presidente del Cedecon.
Más reacciones
La Alianza para la Defensa de la República (Ader), se sumó a los cuestionamientos contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
El autoamparo “no tiene legitimidad ni legalidad, en consecuencia carece de validez. Es un fallo ilegal, los magistrados tenían impedimento” para conocer los amparos, señaló la entidad.
“Es un fallo que adolece de imparcialidad, violentando la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, subrayó Ader.
La Asociación de Amigos del País fue otra institución que rechazó la resolución.
“No se puede permitir que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitan resoluciones de las cuales ellos mismos son directamente favorecidos. Autoamparándose para quedar impunes de sus acciones contra el Estado de Derecho”, indico la entidad.
“Se debe rechazar cualquier intento de concentración de poder, especialmente en una Corte ideologizada y que demuestra pretensiones de poder absoluto”, apuntó la Asociación de Amigos del País.
Mientras tanto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, demanda a las autoridades “apegar su conducta oficial y actuaciones” a la Constitución.
Además, “solicita al Ministerio Público que cumpla con su deber constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución”.
Sector privado cuestiona proceder de magistrados
Mientras tanto, el sector empresarial también rechazó la resolución de autoamparo de los magistrados con trámite de antejuicio.
“Este comportamiento de varios de los magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares. De resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales”, señaló el Cacif
“Nadie está por encima de la ley, y toda persona o funcionario público debe dar cuenta de su actuar”, indicó el sector privado organizado.
Otros de los gremios que se pronunció fue la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que enfatizó que “no podemos dejar a Guatemala en manos de magistrados que violan las leyes”.
“En Guatemala, la ley establece claramente que todos los funcionarios públicos son responsables de sus resoluciones, se encuentran sujetos a la ley, no son superiores a ella y pueden ser sometidos a los tribunales”, enfatizaron los industriales.
“En respeto a los principios de la ética y con estricto cumplimiento de la ley. Los magistrados denunciados no deben conocer de un caso que se ha instaurado en su contra“, agregó la CIG.
También la Cámara del Agro (Camagro) planteó una postura de rechazo al autoamparo.
“La imparcialidad es un estándar, no solo ético sino un aspecto esencial y obligatorio para todo juez o magistrado. Incluidos los que integran el tribunal constitucional”, indicó la Camagro.
“Un juez o magistrado no puede conocer sobre un asunto donde tenga interés directo a donde él mismo sea el beneficiario de una resolución que suscribe”, subrayó el gremio del agro.
La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), también consideró que los magistrados de la CC violaron la ley al autoampararse.
“El fallo ha puesto en riesgo el Estado de Derecho en Guatemala, violando garantías constitucionales como la de la independencia e imparcialidad de los jueces”, remarcó Asazgua.
“Con el fallo se evidencia que existe un poder absoluto que está por encima de lo que establece la Constitución”, resaltó el sector azucarero.
La Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), también se unió a las voces que rechazan el autoamparo de los magistrados de la CC.
“El fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad pone en peligro la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la imparcialidad de los jueces, vulnerando el Estado de Derecho y la institucionalidad de Guatemala”, señaló Grepalma.
“Ningún juez o magistrado debería conocer ni resolver expedientes donde pueda tener un interés directo o indirecto. Toda decisión y fallo de las autoridades del país, debe estar sujeta a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que toda actuación al margen de la ley, altera gravemente al ordenamiento jurídico del país”, enfatizó esta gremial.
Partido Valor se suma al rechazo
El Partido Valor también se pronunció contra la decisión de los funcionarios. Señaló que “no es la primera vez que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pretenden su impunidad no obstante que han emitido varios fallos que atentan contra el Estado de Derecho”.
“Los magistrados no pueden actuar sin ningún control jurídico abrogándose poderes tiránicos, dando órdenes inconstitucionales”, añadió la organización.
“Ningún magistrado puede ser juez y parte en proceso que los vinculan, pues ello es prohibido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional…”.
“Se pide a la Fiscal General de la República cumplir con hacer que se cumplan las leyes tal y como se lo ordena la Constitución”, agregó el Partido Valor.
Luego del autoamparo resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), diversos sectores, instituciones y abogados, se han pronunciado contra el fallo.
La mayoría coincide en que los magistrados también están sujetos a la ley y no pueden ser juez y parte. Incluso, basan sus cuestionamientos en resoluciones anteriores de esta Corte.
“Las resoluciones por medio de las que magistrados se autoamparan pueden dar fundamento más serio para una persecución penal, que las mismas resoluciones por las que se les estaba cuestionando inicialmente. Ser juez y parte no tiene justificación por ningún lado que se le vea”, escribió el abogado Julio García-Merlos.
Mientras que el constitucionalista, Roberto Molina Barreto, expresa que “los magistrados de la CC no le están otorgando un amparo al Procurador de los Derechos Humanos, sino se lo están otorgando a ellos mismos, y sin ningún fundamento. Los magistrados no pueden ser juez y parte”.
Además, añade que “el Derecho Internacional, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, facultan al Congreso de la República a tramitar un proceso de antejuicio contra los magistrados”.
El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), subrayó que “es inaceptable que en un estado de derecho y república democrática, haya un poder que no esté sujeto a la ley”.
“El hecho que tres magistrados de la corte de Constitucionalidad hayan conocido y resuelto un asunto propio evitando que el Congreso pueda conocer si debe o no retirarse la inmunidad para que sean investigados, es un acto ilegal contrario a los más elementales estándares de imparcialidad y en violación de la Constitución, impidiendo al Congreso de la República ejercer lo establecido en el artículo 165 constitucional”, subrayó el constitucionalista Stuardo Ralón, presidente del Cedecon.
Más reacciones
La Alianza para la Defensa de la República (Ader), se sumó a los cuestionamientos contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
El autoamparo “no tiene legitimidad ni legalidad, en consecuencia carece de validez. Es un fallo ilegal, los magistrados tenían impedimento” para conocer los amparos, señaló la entidad.
“Es un fallo que adolece de imparcialidad, violentando la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, subrayó Ader.
La Asociación de Amigos del País fue otra institución que rechazó la resolución.
“No se puede permitir que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitan resoluciones de las cuales ellos mismos son directamente favorecidos. Autoamparándose para quedar impunes de sus acciones contra el Estado de Derecho”, indico la entidad.
“Se debe rechazar cualquier intento de concentración de poder, especialmente en una Corte ideologizada y que demuestra pretensiones de poder absoluto”, apuntó la Asociación de Amigos del País.
Mientras tanto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, demanda a las autoridades “apegar su conducta oficial y actuaciones” a la Constitución.
Además, “solicita al Ministerio Público que cumpla con su deber constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución”.
Sector privado cuestiona proceder de magistrados
Mientras tanto, el sector empresarial también rechazó la resolución de autoamparo de los magistrados con trámite de antejuicio.
“Este comportamiento de varios de los magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares. De resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales”, señaló el Cacif
“Nadie está por encima de la ley, y toda persona o funcionario público debe dar cuenta de su actuar”, indicó el sector privado organizado.
Otros de los gremios que se pronunció fue la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que enfatizó que “no podemos dejar a Guatemala en manos de magistrados que violan las leyes”.
“En Guatemala, la ley establece claramente que todos los funcionarios públicos son responsables de sus resoluciones, se encuentran sujetos a la ley, no son superiores a ella y pueden ser sometidos a los tribunales”, enfatizaron los industriales.
“En respeto a los principios de la ética y con estricto cumplimiento de la ley. Los magistrados denunciados no deben conocer de un caso que se ha instaurado en su contra“, agregó la CIG.
También la Cámara del Agro (Camagro) planteó una postura de rechazo al autoamparo.
“La imparcialidad es un estándar, no solo ético sino un aspecto esencial y obligatorio para todo juez o magistrado. Incluidos los que integran el tribunal constitucional”, indicó la Camagro.
“Un juez o magistrado no puede conocer sobre un asunto donde tenga interés directo a donde él mismo sea el beneficiario de una resolución que suscribe”, subrayó el gremio del agro.
La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), también consideró que los magistrados de la CC violaron la ley al autoampararse.
“El fallo ha puesto en riesgo el Estado de Derecho en Guatemala, violando garantías constitucionales como la de la independencia e imparcialidad de los jueces”, remarcó Asazgua.
“Con el fallo se evidencia que existe un poder absoluto que está por encima de lo que establece la Constitución”, resaltó el sector azucarero.
La Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), también se unió a las voces que rechazan el autoamparo de los magistrados de la CC.
“El fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad pone en peligro la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la imparcialidad de los jueces, vulnerando el Estado de Derecho y la institucionalidad de Guatemala”, señaló Grepalma.
“Ningún juez o magistrado debería conocer ni resolver expedientes donde pueda tener un interés directo o indirecto. Toda decisión y fallo de las autoridades del país, debe estar sujeta a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que toda actuación al margen de la ley, altera gravemente al ordenamiento jurídico del país”, enfatizó esta gremial.
Partido Valor se suma al rechazo
El Partido Valor también se pronunció contra la decisión de los funcionarios. Señaló que “no es la primera vez que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pretenden su impunidad no obstante que han emitido varios fallos que atentan contra el Estado de Derecho”.
“Los magistrados no pueden actuar sin ningún control jurídico abrogándose poderes tiránicos, dando órdenes inconstitucionales”, añadió la organización.
“Ningún magistrado puede ser juez y parte en proceso que los vinculan, pues ello es prohibido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional…”.
“Se pide a la Fiscal General de la República cumplir con hacer que se cumplan las leyes tal y como se lo ordena la Constitución”, agregó el Partido Valor.
