EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Corte de Constitucionalidad (CC), dio un plazo de tres horas al Congreso de la República para remitir el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de esa institución.
Esta resolución de la Corte no requiere aprobación de todos los magistrados, basta con que la presidenta, Gloria Porras, lo decida para emitir la orden al Legislativo.
Ya sin el expediente original, el Congreso no tendrá el documento para continuar con el proceso para retirar la inmunidad a los funcionarios.
Ahora toca saber qué resolverá el Legislativo, pues el domingo dejó entrever que no acataría el autoamparo resuelto por los magistrados señalados en la petición de antejuicio.
“Esta Corte ordena al Presidente del Congreso de la República y de la Comisión Permanente, así como a los demás miembros que intengran dicha Comisión, que remita el expediente original de las diligencias de antejuicio 37-2020, en un plazo de tres horas a partir de que sea notificado”, señala un comunicado de prensa publicado en la cuenta de Twitter de la CC.
“De no tenerlo en su poder, deberá girar instrucciones a quien corresponda a fin de dar exacto cumplimiento a lo ordenado”, añade el texto.
Además, la CC enfatiza que “la Comisión Pesquisidora ya no tiene vigencia por la orden que emitió esta Corte al otorgar amparo provisional en resolución del 27 de junio de 2020, su actuar no tiene validez legal”.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
La Corte de Constitucionalidad (CC), dio un plazo de tres horas al Congreso de la República para remitir el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de esa institución.
Esta resolución de la Corte no requiere aprobación de todos los magistrados, basta con que la presidenta, Gloria Porras, lo decida para emitir la orden al Legislativo.
Ya sin el expediente original, el Congreso no tendrá el documento para continuar con el proceso para retirar la inmunidad a los funcionarios.
Ahora toca saber qué resolverá el Legislativo, pues el domingo dejó entrever que no acataría el autoamparo resuelto por los magistrados señalados en la petición de antejuicio.
“Esta Corte ordena al Presidente del Congreso de la República y de la Comisión Permanente, así como a los demás miembros que intengran dicha Comisión, que remita el expediente original de las diligencias de antejuicio 37-2020, en un plazo de tres horas a partir de que sea notificado”, señala un comunicado de prensa publicado en la cuenta de Twitter de la CC.
“De no tenerlo en su poder, deberá girar instrucciones a quien corresponda a fin de dar exacto cumplimiento a lo ordenado”, añade el texto.
Además, la CC enfatiza que “la Comisión Pesquisidora ya no tiene vigencia por la orden que emitió esta Corte al otorgar amparo provisional en resolución del 27 de junio de 2020, su actuar no tiene validez legal”.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
