EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una nueva denuncia fue presentada contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), y contra los representantes de la PDH, Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana.
La acción legal es contra los magistrados Bonerge Mejía, Francisco de Mata, Gloria Porras, María Cristina Fernández y Mynor Par Usen.
Asimismo, contra el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas y los representantes legales de la Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana (AC).
A los magistrados y los delegados de estas instituciones se les señala de ocho delitos:
- Abuso de autoridad
- Violación a la Constitución
- Resoluciones violatorias a la Constitución
- Prevaricato
- Obstaculización a a la acción penal
- Tráfico de influencias
- Obstrucción a la justicia
- Asociación ilícita
Denuncia por resolución en caso Cortes
La acción penal presentada este lunes 29 de junio en el Ministerio Público, está relacionada con la resolución de los magistrados, que el sábado emitieron una resolución de autoamparo.
Con ese fallo, los funcionarios frenaron el proceso de antejuicio iniciado en su contra por una resolución relacionada con el proceso de elección de las Cortes del país.
La denuncia fue planteada por el representante legal de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la PDH, Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
Por ahora se espera que la Corte de Constitucionalidad emita una nueva resolución luego de la respuesta recibida de parte del Legislativo.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
Una nueva denuncia fue presentada contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), y contra los representantes de la PDH, Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana.
La acción legal es contra los magistrados Bonerge Mejía, Francisco de Mata, Gloria Porras, María Cristina Fernández y Mynor Par Usen.
Asimismo, contra el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas y los representantes legales de la Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana (AC).
A los magistrados y los delegados de estas instituciones se les señala de ocho delitos:
- Abuso de autoridad
- Violación a la Constitución
- Resoluciones violatorias a la Constitución
- Prevaricato
- Obstaculización a a la acción penal
- Tráfico de influencias
- Obstrucción a la justicia
- Asociación ilícita
Denuncia por resolución en caso Cortes
La acción penal presentada este lunes 29 de junio en el Ministerio Público, está relacionada con la resolución de los magistrados, que el sábado emitieron una resolución de autoamparo.
Con ese fallo, los funcionarios frenaron el proceso de antejuicio iniciado en su contra por una resolución relacionada con el proceso de elección de las Cortes del país.
La denuncia fue planteada por el representante legal de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la PDH, Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
Por ahora se espera que la Corte de Constitucionalidad emita una nueva resolución luego de la respuesta recibida de parte del Legislativo.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
