La Corte de Constitucionalidad (CC), es la principal responsable de que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones no hayan asumido. Esa fue la principal conclusión del webinar denominado Escenarios para la elección de magistrados de la CSJ.
La conferencia virtual a cargo de los abogados Roberto Molina Barreto, Stuardo Ralón y José Echeverría, fue organizada por República. con el patrocinio de FERCO, Cementos Progreso y Banco Industrial.
Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, hizo un repaso de las múltiples acciones legales que se presentaron para entrampar el proceso.
“El 26 de febrero del 2019 el Congreso hizo la convocatoria para integrar las Comisiones de Postulación, semanas después la CC anuló la convocatoria debido a un amparo presentado por la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS)“, recordó el abogado.
El 13 de octubre del 2019 finalizó el período constitucional y debieron asumir las nuevas autoridades de las Cortes
El 5 de junio el Congreso volvió a convocar y el 16 de septiembre la Corte ordenó repetir el proceso debido a un amparo presentado por la Fundación Myrna Mack.
Echeverría también detalla que el 18 de febrero del 2020 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó el caso denominado Comisiones Paralelas.
Siete días después Acción Ciudadana presentó una acción para detener el proceso y luego se sumó la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), con otra acción para impedir la elección.
“La sentencia de la CC es extraña que parece contradecirse un poco. Define un metodo engorroso. Conocer el informe en 20 días y convocar en cinco días”, enumera Echeverría, al señalar la resolución que obligó al Congreso a sesionar a más tardar el martes 23 de junio.
Estamos en un laberinto, dice Stuardo Ralón
El abogado constitucionalista cuestiona a la Corte de Constitucionalidad que ahora obliga a los diputados a hacer el voto a viva voz por cada aspirante.
“La sentencia obliga a un procedimiento que podría tardar más de tres meses, siempre y cuando los candidatos logren la mayoría de votos. Es decir, estamos en un laberinto fuera del plazo constitucional y con una presión muy fuerte sobre el Congreso como si los diputados fueran los responsables”, resaltó el abogado, que preside el Centro de la Defensa de la Constitución.
No duda que estamos ante “un proceso accidentando con una serie de resoluciones que violentan los plazos constitucionales y acordando un mecanismo de votación complicado. Muy distinto al mecanismo que establece la Ley Orgánica del Congreso”.
Molina Barreto: resoluciones de la CC son ideológicas
Para el exmagistrado y expresidente de la CC, Roberto Molina Barreto, las acciones de los magistrados muestran “que esto es ideológico. Es una lucha de poder”.
“El linchamiento se quiere hacer al Congreso cuando el linchamiento debe ser a quien lo provocó. Y quien lo provocó fue la Corte de Constitucionalidad. Este un callejón sin salida”, opinó Molina, quien comparó esta acción con la que cometió el expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, cuando disolvió los poderes del Estado y las Cortes del país.
“Por ese hecho fue apresado, está en el exilio y tiene orden de captura. En octubre de 2019 la CC hace lo mismo, disolvió las Cortes, hizo normas temporales por medio de una sentencia y están libres sin ningún proceso penal que avance”, resaltó.
Aunque el panorama se torna complejo, el abogado considera que el Congreso debe buscar una salida para “renormalizar la Constitución porque está dañada”.
Por el momento los diputados no han definido cuándo harán la elección, luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que manda a los congresistas a descalificar a todos los candidatos a las Cortes señalados en procesos legales a cargo del Ministerio Público.
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Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, hizo un repaso de las múltiples acciones legales que se presentaron para entrampar el proceso.
“El 26 de febrero del 2019 el Congreso hizo la convocatoria para integrar las Comisiones de Postulación, semanas después la CC anuló la convocatoria debido a un amparo presentado por la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS)“, recordó el abogado.
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Echeverría también detalla que el 18 de febrero del 2020 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó el caso denominado Comisiones Paralelas.
Siete días después Acción Ciudadana presentó una acción para detener el proceso y luego se sumó la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), con otra acción para impedir la elección.
“La sentencia de la CC es extraña que parece contradecirse un poco. Define un metodo engorroso. Conocer el informe en 20 días y convocar en cinco días”, enumera Echeverría, al señalar la resolución que obligó al Congreso a sesionar a más tardar el martes 23 de junio.
Estamos en un laberinto, dice Stuardo Ralón
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“La sentencia obliga a un procedimiento que podría tardar más de tres meses, siempre y cuando los candidatos logren la mayoría de votos. Es decir, estamos en un laberinto fuera del plazo constitucional y con una presión muy fuerte sobre el Congreso como si los diputados fueran los responsables”, resaltó el abogado, que preside el Centro de la Defensa de la Constitución.
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Molina Barreto: resoluciones de la CC son ideológicas
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“Por ese hecho fue apresado, está en el exilio y tiene orden de captura. En octubre de 2019 la CC hace lo mismo, disolvió las Cortes, hizo normas temporales por medio de una sentencia y están libres sin ningún proceso penal que avance”, resaltó.
Aunque el panorama se torna complejo, el abogado considera que el Congreso debe buscar una salida para “renormalizar la Constitución porque está dañada”.
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