Para que la privación de libertad sea el último recurso en adolescentes en conflicto con la ley, una docena de instituciones implementaron este viernes el Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil (MAIJU).
El convenio que fue firmado el 31 de agosto de 2020, busca abordar de forma especializada e integral la justicia juvenil, así como promover medidas alternas y la reinserción social.
Amalia Mazariegos, secretaria de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del Organismo Judicial (OJ) informó que de 2005 a 2019, se contabilizaron 32 mil 648 casos denunciados en el Ministerio Público (MP) cometidos por adolescentes. “En 2019 fueron 5 mil 428, es decir, 15 casos diarios“, lamento.
“Con el nuevo modelo se garantiza un desarrollo social integral, el respeto de los Derechos Humanos y el tratamiento de una justicia especial para la juventud”.
Amalia Mazariegos, secretaria de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del OJ.
En qué consiste el nuevo modelo
El modelo MAIJU se enfoca en el adolescente y no en el delito para dar una atención y respuesta especializada, aseguró Mazariegos.
En un primer momento interviene del MP, OJ y el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP). Luego es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) que trabaja en la desjudicialización, conciliación o criterio de oportunidad, según sea el caso.
Para otras situaciones será necesario ligar a procesos a los adolescentes en libertad o sin ella. En el proceso privativo se identifican los grupos de jóvenes procesados y los sancionados.
En el caso de los no privativos serán atendidos con servicios comunitarios, medidas socieducativas a través de las municipalidades, iglesias y oenegés, explicó Mazariegos.
Un último proceso será la post-sanción para que los jóvenes tengan oportunidades a la reinserción con acompañamiento.
El sistema judicial ya se aplica en algunos juzgados del departamento de Guatemala, según la funcionaria.
Según la Fiscal General, Consuelo Porras, el propósito del MAIJU es fortalecer la coordinación con las instituciones y establecer mecanismos sincronizados.
Durante su intervención, previo al corte simbólico del modelo, agradeció el apoyo técnico de Instituto Italo Latinoamericano y agencias de Estados Unidos.
“Se integran estándares para la averiguación de la verdad y que la justicia responda al perfil específico de cada adolescente. También buscar alternativas a la privación de la libertad y la reinserción”
Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público.
Las instituciones involucradas
- Ministerio Público
- Organismo Judicial
- Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
- Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Gobernación
- Secretaría Bienestar Social
- Instituto Nacional de Ciencias Forenses
- Instituto de la Defensa Pública Penal
- Municipalidad de Guatemala
- La Procuraduría General de la Nación
Para que la privación de libertad sea el último recurso en adolescentes en conflicto con la ley, una docena de instituciones implementaron este viernes el Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil (MAIJU).
El convenio que fue firmado el 31 de agosto de 2020, busca abordar de forma especializada e integral la justicia juvenil, así como promover medidas alternas y la reinserción social.
Amalia Mazariegos, secretaria de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del Organismo Judicial (OJ) informó que de 2005 a 2019, se contabilizaron 32 mil 648 casos denunciados en el Ministerio Público (MP) cometidos por adolescentes. “En 2019 fueron 5 mil 428, es decir, 15 casos diarios“, lamento.
“Con el nuevo modelo se garantiza un desarrollo social integral, el respeto de los Derechos Humanos y el tratamiento de una justicia especial para la juventud”.
Amalia Mazariegos, secretaria de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del OJ.
En qué consiste el nuevo modelo
El modelo MAIJU se enfoca en el adolescente y no en el delito para dar una atención y respuesta especializada, aseguró Mazariegos.
En un primer momento interviene del MP, OJ y el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP). Luego es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) que trabaja en la desjudicialización, conciliación o criterio de oportunidad, según sea el caso.
Para otras situaciones será necesario ligar a procesos a los adolescentes en libertad o sin ella. En el proceso privativo se identifican los grupos de jóvenes procesados y los sancionados.
En el caso de los no privativos serán atendidos con servicios comunitarios, medidas socieducativas a través de las municipalidades, iglesias y oenegés, explicó Mazariegos.
Un último proceso será la post-sanción para que los jóvenes tengan oportunidades a la reinserción con acompañamiento.
El sistema judicial ya se aplica en algunos juzgados del departamento de Guatemala, según la funcionaria.
Según la Fiscal General, Consuelo Porras, el propósito del MAIJU es fortalecer la coordinación con las instituciones y establecer mecanismos sincronizados.
Durante su intervención, previo al corte simbólico del modelo, agradeció el apoyo técnico de Instituto Italo Latinoamericano y agencias de Estados Unidos.
“Se integran estándares para la averiguación de la verdad y que la justicia responda al perfil específico de cada adolescente. También buscar alternativas a la privación de la libertad y la reinserción”
Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público.
Las instituciones involucradas
- Ministerio Público
- Organismo Judicial
- Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
- Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Gobernación
- Secretaría Bienestar Social
- Instituto Nacional de Ciencias Forenses
- Instituto de la Defensa Pública Penal
- Municipalidad de Guatemala
- La Procuraduría General de la Nación