El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) adquirió, por medio del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), la galleta por Q14.6 millones sin tener aval del Ministerio de Educación.
El dato salió a relucir durante una citación en el Congreso donde la titular del ministerio, Claudia Ruiz, dijo que no hicieron ningún requerimiento de compra de la galleta.
“Desconozco las declaraciones. No, señor diputado”, respondió la funcionaria al ser cuestionada por el diputado Carlos Barreda si solicitó la compra tal como afirmó hace unos días el titular del Mides, Raúl Romero.
Por esta situación, el congresista adelantó que citará a Romero para que despeje las dudas acerca de la compra, que según la publicación de elPeriódico, se realizó cinco horas antes que venciera el Estado de Calamidad por la emergencia del covid-19.
“El tendrá que venir a explicar el próximo lunes”, advirtió el diputado.
República. se comunicó con el vocero del Mides, Walter Gómez, para pedir una opinión a lo declarado por la ministra. Se nos pidió las preguntas por correo, pero al momento no se ha recibido respuesta.
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La compra de Q14.6 millones
El fodes adquirió una galleta nutricionalmente mejorada por Q14.6 millones. El proceso de compra fue revelada por elPeriódico el 2 de octubre.
Según la publicación, media hora tardó la junta de calificación de la entidad para evaluar las características nutricionales de las 11.1 millones de galletas vitaminadas que se compraron el 30 de septiembre. Fueron adquidiras por medio de un concurso inmediato, publicado y adjudicado el último día de vigencia del Estado de Calamidad por el coronavirus.
El medio de comunicación aseguró que el proceso por excepción identificado con el NOG 13375873, no cumplió con todos los lineamientos de transparencia requeridos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado (Digae) en la circular 04-2020. Por ese medio se pidió que fueran publicados todos los documentos que respaldaran las compras amparadas en el Estado de Calamidad por el covid-19.
Julio Humberto Leiva Chacón, representante legal de la empresa Conalib, a la que se le adjudició la compra, indicó por medio de una aclaración que “todo el proceso fue transparente y se puede demostrar con los más de 19 años que tienen de experiencia en los cuales nunca han sido cuestionados”.
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