EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A partir de las primeras horas de este martes fueron liberados los presos políticos retenidos durante varios meses por el régimen de Daniel Ortega.
La liberación se da luego de la aprobación de la Ley de Amnistía que elimina todos los procesos contra las personas que participaron en las protestas, incluyendo a los policías y paramilitares acusados de la represión.
La liberación de los procesos está acompañada de la Cruz Roja, según medios de comunicación de Nicaragua.
Entre los liberados figuran hombres y mujeres de todas las edades. Hay líderes campesinos, militares retirados, periodistas, estudiantes y personas particulares.
Bajo amenazas
Previo a la liberación de los presos políticos, las autoridades del régimen de Ortega advirtieron a los liberados que si participan de nuevo en protestas, volverán a ser capturados.
Esta amenaza fue repetida por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, quien confirmó lo que supone para los presos políticos la Ley de Amnistía del régimen.
El diputado y sindicalista Porras afirmó que la amnistía supone para el orteguismo “un trago amargo” por tener que liberar a los presos políticos.
El congresista dijo que la ley no debe tomarse como un “borrón” de los delitos y los procesos contra los autoconvocados, no es “cuenta nueva” porque se les reactivarían los procesos si vuelven a participar o convocar a protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, indica La Prensa de Nicaragua.
“Ahí está claro. No es borrón y cuenta nueva. Si vuelven a repetir entonces inmediatamente se activa la cuenta que está pendiente, la factura, ahí se reactiva y tenés que volver a la posición anterior, y además se agrega los delitos que cometás (a futuro)”, advirtió Porras.
Cuestionan Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía (996) la aprobaron los setenta diputados orteguistas el sábado pasado en un trámite de urgencia. En el artículo 3 de la Ley se establece que los presos políticos perderán la amnistía si “incurren en conductas repetitivas generadoras de los delitos” contemplados en la norma y les será revocado el beneficio.
Juristas independientes y organismos de derechos humanos han criticado que esto supone que los presos políticos seguirán siendo rehenes del régimen Ortega Murillo y les niega los derechos constitucionales como ciudadanos a manifestarse libremente, concluye La Prensa.
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La liberación de los procesos está acompañada de la Cruz Roja, según medios de comunicación de Nicaragua.
Entre los liberados figuran hombres y mujeres de todas las edades. Hay líderes campesinos, militares retirados, periodistas, estudiantes y personas particulares.
Bajo amenazas
Previo a la liberación de los presos políticos, las autoridades del régimen de Ortega advirtieron a los liberados que si participan de nuevo en protestas, volverán a ser capturados.
Esta amenaza fue repetida por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, quien confirmó lo que supone para los presos políticos la Ley de Amnistía del régimen.
El diputado y sindicalista Porras afirmó que la amnistía supone para el orteguismo “un trago amargo” por tener que liberar a los presos políticos.
El congresista dijo que la ley no debe tomarse como un “borrón” de los delitos y los procesos contra los autoconvocados, no es “cuenta nueva” porque se les reactivarían los procesos si vuelven a participar o convocar a protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, indica La Prensa de Nicaragua.
“Ahí está claro. No es borrón y cuenta nueva. Si vuelven a repetir entonces inmediatamente se activa la cuenta que está pendiente, la factura, ahí se reactiva y tenés que volver a la posición anterior, y además se agrega los delitos que cometás (a futuro)”, advirtió Porras.
Cuestionan Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía (996) la aprobaron los setenta diputados orteguistas el sábado pasado en un trámite de urgencia. En el artículo 3 de la Ley se establece que los presos políticos perderán la amnistía si “incurren en conductas repetitivas generadoras de los delitos” contemplados en la norma y les será revocado el beneficio.
Juristas independientes y organismos de derechos humanos han criticado que esto supone que los presos políticos seguirán siendo rehenes del régimen Ortega Murillo y les niega los derechos constitucionales como ciudadanos a manifestarse libremente, concluye La Prensa.
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