EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los diputados aprobaron las reformas al Código Procesal Penal, más conocida como Ley de Aceptación de Cargos.
La normativa, que cobrará vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial, establece beneficios para los procesados que acepten que cometieron un delito.
- Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad.
- Si acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciar la audiencia a debate, tendrá derecho a que las penas se le rebajen a una tercera parte.
- Si acepta los cargos después de iniciada la audiencia de debate hasta antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte.
Los delitos excluidos en la ley
La rebaja de penas por la aceptación no se aplicará a los siguientes delitos:
Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación y agresión sexual.
También se excluyó el ingreso a espectáculos y distribución de material pornografico, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada y actividades sexuales remuneradas.
Producción de pornografia de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión, terrorismo, femicidio y delitos contemplados en ley de narcoactividad.
También quedaron fuera los delitos relacionados al aborto, seguridad del Estado y contra el orden institucional.
No están obligados a declarar
Los congresistas dejaron fuera el artículo que obligaba a los procesados a declarar como testigos.
La propuesta original establecía que si el Ministerio Público lo requería debían declarar y en caso se negarán perderían los beneficios.
En el último minuto incluyeron una enmienda que establece que la reparación al Estado o a sus víctimas puede darse por medio de un convenio de pago.
La ley fue avalada por 81 diputados.
Los diputados aprobaron las reformas al Código Procesal Penal, más conocida como Ley de Aceptación de Cargos.
La normativa, que cobrará vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial, establece beneficios para los procesados que acepten que cometieron un delito.
- Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad.
- Si acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciar la audiencia a debate, tendrá derecho a que las penas se le rebajen a una tercera parte.
- Si acepta los cargos después de iniciada la audiencia de debate hasta antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte.
Los delitos excluidos en la ley
La rebaja de penas por la aceptación no se aplicará a los siguientes delitos:
Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación y agresión sexual.
También se excluyó el ingreso a espectáculos y distribución de material pornografico, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada y actividades sexuales remuneradas.
Producción de pornografia de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión, terrorismo, femicidio y delitos contemplados en ley de narcoactividad.
También quedaron fuera los delitos relacionados al aborto, seguridad del Estado y contra el orden institucional.
No están obligados a declarar
Los congresistas dejaron fuera el artículo que obligaba a los procesados a declarar como testigos.
La propuesta original establecía que si el Ministerio Público lo requería debían declarar y en caso se negarán perderían los beneficios.
En el último minuto incluyeron una enmienda que establece que la reparación al Estado o a sus víctimas puede darse por medio de un convenio de pago.
La ley fue avalada por 81 diputados.
