EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Asociación Coordinadora Pastoral Campesina, Acompañamiento Técnico y Desarrollo Rural no tiene oficina y el lugar que reporta como tal es una vieja casa particular, pintada a medias de color melón y con puertas blancas, ubicada en los límites del Centro Histórico de la zona 1, donde le hacen el favor de recibir notificaciones.
La asociación que ha recibido fundos públicos por Q3.5 millones y que no quiso demostrar a la Contraloría General de Cuentas (CGC) cómo gastó Q3.3 millones, fue creada el 6 de noviembre de 2001 y fue inscrita en el Registro Civil el 31 de marzo del 2004.
El año pasado auditores de la entidad fiscalizadora llegaron a pedir cuentas de las operaciones, registros y documentos que respaldaran los recursos económicos que le entregaron, entre el 11 de noviembre de 2004 y 31 de diciembre del 2016, los ministerios de Ambiente y Agricultura, este último por medio del Fondo para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro).
Los auditados solo pudieron justificar y documentar gastos por Q189 mil 351 dados por Fonagro y administrados por la asociación entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del 2016.
Debido a ello la CGC presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) porque “las autoridades responsables de administrar los fondos públicos no permitieron el acceso a la información y documentos de soporte” de Q3.3 millones “razón por la cual existe la posibilidad de mal uso o mal manejo de los recursos públicos percibidos por la entidad o que los mismos hayan sido utilizados para otros fines”, se cita en el informe de auditoría de la CGC.
La entidad, que dice ser no lucrativa y de beneficio social, tiene entre sus funciones promover la organización de grupos comunales en beneficio de un desarrollo sostenible y auto sostenible; promover asistencia técnica y profesional para la elaboración de políticas para el respeto de los derechos humanos de la mujer y niños, entre otras.
Sin oficina
“No hay nadie que lo pueda atender, pero le voy a dar un número de celular”, dice del otro lado del intercomunicador una mujer, que no quiso identificarse, cuando se le preguntó por la asociación campesina.
La casa particular de color melón, con partes de pintura desprendida o por desprenderse, y una puerta de madera y un portón blanco, es reportada como la ubicación de la entidad sin fines de lucro. Está en la 1 avenida y 14 calle de la zona 1 capitalina.
Pero en realidad no tienen una oficina. “Fíjese que esa dirección es solo para recibir notificaciones. El representante es Marco Tulio Gramajo, esa dirección la registró porque no tiene oficina”, afirma Felipe Lobos, quien es la persona que contestó el número telefónico que proporcionó la mujer.
Él dice ser “tramitador” y a la vez el encargado de cobrar a los inquilinos que viven en la casa que reportó la asociación como su oficina. Asegura que apoyó el año pasado, sin cobrar un salario, como mensajero a la asociación campesina, pero se retiró hace un mes.
¿A dónde le llevaba los documentos y notificaciones? Se le preguntó. “Por teléfono. Físicamente no he entregado ninguno. Me venían los documentos, los fotografiaba y se los mandaba por WhatsApp”, responde.
Luego proporciona un número de celular para hablar con Marco Tulio Gramajo, presidente y representante legal de la asociación demandada ante el MP. “Está equivocado, ese es el número, pero yo lo tengo desde hace años”, responde una voz masculina del otro lado de la línea telefónica que niega ser Gramajo.
Se llamó de nuevo a Felipe Lobos y se le indicó que el número estaba equivocado. Pide unos minutos para revisar su agenda y responde: “Acabo de corroborar y ese es, lo que pasa es que este señor no contesta en el día, solo en la noche”, señaló.
La Asociación Coordinadora Pastoral Campesina, Acompañamiento Técnico y Desarrollo Rural no tiene oficina y el lugar que reporta como tal es una vieja casa particular, pintada a medias de color melón y con puertas blancas, ubicada en los límites del Centro Histórico de la zona 1, donde le hacen el favor de recibir notificaciones.
La asociación que ha recibido fundos públicos por Q3.5 millones y que no quiso demostrar a la Contraloría General de Cuentas (CGC) cómo gastó Q3.3 millones, fue creada el 6 de noviembre de 2001 y fue inscrita en el Registro Civil el 31 de marzo del 2004.
El año pasado auditores de la entidad fiscalizadora llegaron a pedir cuentas de las operaciones, registros y documentos que respaldaran los recursos económicos que le entregaron, entre el 11 de noviembre de 2004 y 31 de diciembre del 2016, los ministerios de Ambiente y Agricultura, este último por medio del Fondo para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro).
Los auditados solo pudieron justificar y documentar gastos por Q189 mil 351 dados por Fonagro y administrados por la asociación entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del 2016.
Debido a ello la CGC presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) porque “las autoridades responsables de administrar los fondos públicos no permitieron el acceso a la información y documentos de soporte” de Q3.3 millones “razón por la cual existe la posibilidad de mal uso o mal manejo de los recursos públicos percibidos por la entidad o que los mismos hayan sido utilizados para otros fines”, se cita en el informe de auditoría de la CGC.
La entidad, que dice ser no lucrativa y de beneficio social, tiene entre sus funciones promover la organización de grupos comunales en beneficio de un desarrollo sostenible y auto sostenible; promover asistencia técnica y profesional para la elaboración de políticas para el respeto de los derechos humanos de la mujer y niños, entre otras.
Sin oficina
“No hay nadie que lo pueda atender, pero le voy a dar un número de celular”, dice del otro lado del intercomunicador una mujer, que no quiso identificarse, cuando se le preguntó por la asociación campesina.
La casa particular de color melón, con partes de pintura desprendida o por desprenderse, y una puerta de madera y un portón blanco, es reportada como la ubicación de la entidad sin fines de lucro. Está en la 1 avenida y 14 calle de la zona 1 capitalina.
Pero en realidad no tienen una oficina. “Fíjese que esa dirección es solo para recibir notificaciones. El representante es Marco Tulio Gramajo, esa dirección la registró porque no tiene oficina”, afirma Felipe Lobos, quien es la persona que contestó el número telefónico que proporcionó la mujer.
Él dice ser “tramitador” y a la vez el encargado de cobrar a los inquilinos que viven en la casa que reportó la asociación como su oficina. Asegura que apoyó el año pasado, sin cobrar un salario, como mensajero a la asociación campesina, pero se retiró hace un mes.
¿A dónde le llevaba los documentos y notificaciones? Se le preguntó. “Por teléfono. Físicamente no he entregado ninguno. Me venían los documentos, los fotografiaba y se los mandaba por WhatsApp”, responde.
Luego proporciona un número de celular para hablar con Marco Tulio Gramajo, presidente y representante legal de la asociación demandada ante el MP. “Está equivocado, ese es el número, pero yo lo tengo desde hace años”, responde una voz masculina del otro lado de la línea telefónica que niega ser Gramajo.
Se llamó de nuevo a Felipe Lobos y se le indicó que el número estaba equivocado. Pide unos minutos para revisar su agenda y responde: “Acabo de corroborar y ese es, lo que pasa es que este señor no contesta en el día, solo en la noche”, señaló.
