Sujetos no identificados invadieron de manera violenta y criminal la finca el Pataxte, de El Estor, Izabal, secuestrando a los trabajadores de la propiedad privada. Cámaras grabaron el momento en que ingresan por la fuerza y con machetes, amenazan a los guardias y los despojan de su armamento.
Entraron corriendo, unos iban con el rostro cubierto y luego de intimidar a los agentes y quitarles sus armas, las usan para disparar al aire. Se calcula que los invasores son unos 250.
La finca es propiedad de la empresa Naturaceites, compañía que genera trabajo para decenas de personas y es una de las pocas fuentes de empleo en el área. Por ahora se desconoce cuál es la situación física de los secuestrados.
La Cámara del Agro demanda la presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y Procuraduría de los Derechos Humanos, para resguardar la vida de los empleados que se ganan la vida de manera honrada.
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Asimismo, la entidad demanda que se agilicen los procesos de desalojo de las propiedades invadidas y se castigue conforme lo establece la ley, a los cabecillas y financistas de estos grupos criminales que solo causan daño a la inversión y fomentan la pobreza porque impiden que miles de familias tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Sujetos no identificados invadieron de manera violenta y criminal la finca el Pataxte, de El Estor, Izabal, secuestrando a los trabajadores de la propiedad privada. Cámaras grabaron el momento en que ingresan por la fuerza y con machetes, amenazan a los guardias y los despojan de su armamento.
Entraron corriendo, unos iban con el rostro cubierto y luego de intimidar a los agentes y quitarles sus armas, las usan para disparar al aire. Se calcula que los invasores son unos 250.
La finca es propiedad de la empresa Naturaceites, compañía que genera trabajo para decenas de personas y es una de las pocas fuentes de empleo en el área. Por ahora se desconoce cuál es la situación física de los secuestrados.
La Cámara del Agro demanda la presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y Procuraduría de los Derechos Humanos, para resguardar la vida de los empleados que se ganan la vida de manera honrada.
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