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De acuerdo con De León Duque, este hecho refleja el incumplimiento de los preceptos contenidos en la ley de la materia, y reflejan “el abandono en que históricamente el Estado de Guatemala ha tenido al Sistema Penitenciario, lo que se traduce en el control que las estructuras criminales ejercen en las prisiones”.
Asimismo, señala que las condiciones deplorables de hacinamiento en que viven las personas privadas de libertad al no contar con las instalaciones adecuadas “ya es una violación de los derechos humanos por parte del Estado de Guatemala y constituye un riesgo eminente de seguridad para la población reclusa”.
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Asimismo, señala que las condiciones deplorables de hacinamiento en que viven las personas privadas de libertad al no contar con las instalaciones adecuadas “ya es una violación de los derechos humanos por parte del Estado de Guatemala y constituye un riesgo eminente de seguridad para la población reclusa”.