EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En los últimos días se observó una serie de pugnas sociales vinculadas con temas empresariales, ideológicos o relacionados con los efectos del cierre de empresas extractivas, situación que puso sobre la mesa el tema de conflictividad de cara al desarrollo del presente gobierno.
Acerca de los últimos acontecimientos, el sector privado manifestó su preocupación pues considera que falta información en relación con los conflictos existentes. Por ejemplo, Carolina Castellanos, de la Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo Sostenible (ALDS), comenta que tras la oposición a los proyectos de minería, el tema “ha llegado hasta las cortes y están suspendiendo licencias”.
Afirmó que la responsabilidad recae en las autoridades quienes han fallado en los procesos para implementar las consultas o diálogos con las comunidades. “Los damnificados son los trabajadores de las empresas que se quedan sin empleo”, destacó.
[quote_right]”Somos los más interesados en el diálogo, pero no nos ajusticien a nosotros por algo que es responsabilidad del Estado”. Carolina Castellanos, ALDS.[/quote_right]
El impacto del cierre de proyectos para el Estado se traduciría, según los entrevistados, en la cantidad de impuestos que se dejarán de percibir y el incremento del desempleo. Castellanos añadió que desde que se anunció el mecanismo de diálogo, no han sido convocados a otra reunión.
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Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), comentó que hay dos dañados con esta situación, la autoridades por la falta de impuestos (gobierno central y municipalidades) y los trabajadores.
[quote_left]”Al final, el sector privado como tal, no es el que sale dañado, porque son empresas individuales”. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.[/quote_left]
Asimismo, agregó que resultan afectadas las proveedoras que dan de servicios a las empresas que están cerrando. “Son empresas individuales a quienes atacan y son por lo general, de inversión extranjera, pero esta situación crea que se reduzca la contribución social que generan los impuestos de estas impresas”, argumentó.
Los principales conflictos en la región están relacionados con el control de los recursos naturales (minería, hidroeléctricas, el uso del agua, uso productivo de la tierra y sostenibilidad ambiental); uso de energía eléctrica, situación agraria, las políticas sociales, política laboral y seguridad democrática.
El pasado 12 de mayo, el presidente Jimmy Morales enlistó las acciones que se prevé en los puntos que crean conflictos y aseveró que en el tema de la criminalización y judicialización de defensores de derechos humanos, velará por el respeto las garantías de los ciudadanos, según las responsabilidades constitucionales del Gobierno.
Acerca de minería e hidroeléctricas, dijo que analizará la problemática para dar soluciones y solicitará la mediación de entidades nacionales e internacionales y respecto del subsidio agrícola, destacó la necesidad de desarrollar el Plan Nacional de Riego para transformar la capacidad productiva de los agricultores.
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El mandatario describió como prioridad dotar de más recursos al nivel primario de atención en salud y medidas para denunciar y depurar a los funcionarios que incurren en ilegalidades. En relación con el déficit de viviendas, habló de un subsidio a una empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica, así como el acceso a tierra, la concesión de yacimientos de petróleo.
Rocael Cardona, coordinador de la Comisión Presidencial para el Diálogo Nacional, comentó en esa ocasión, que se instalarían tres mesas para dar seguimiento a las demandas campesinas, una sobre criminalización, otra de energía eléctrica y minería y una tercera para la regularización de la tierra.
Se intentó conocer la versión de Cardona y de Otoniel Fernández, el otro encargado de la Comisión, pero no fue posible obtenerla. En el caso del segundo, se logró establecer contacto, pero ya no respondió las llamadas.
[quote_box_center]“No vamos a utilizar la fuerza. En cuatro meses hemos tratado de que el diálogo sea nuestro fundamento”, Jimmy Morales, presidente, 12 de mayo.[/quote_box_center]
En los últimos días se observó una serie de pugnas sociales vinculadas con temas empresariales, ideológicos o relacionados con los efectos del cierre de empresas extractivas, situación que puso sobre la mesa el tema de conflictividad de cara al desarrollo del presente gobierno.
Acerca de los últimos acontecimientos, el sector privado manifestó su preocupación pues considera que falta información en relación con los conflictos existentes. Por ejemplo, Carolina Castellanos, de la Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo Sostenible (ALDS), comenta que tras la oposición a los proyectos de minería, el tema “ha llegado hasta las cortes y están suspendiendo licencias”.
Afirmó que la responsabilidad recae en las autoridades quienes han fallado en los procesos para implementar las consultas o diálogos con las comunidades. “Los damnificados son los trabajadores de las empresas que se quedan sin empleo”, destacó.
[quote_right]”Somos los más interesados en el diálogo, pero no nos ajusticien a nosotros por algo que es responsabilidad del Estado”. Carolina Castellanos, ALDS.[/quote_right]
El impacto del cierre de proyectos para el Estado se traduciría, según los entrevistados, en la cantidad de impuestos que se dejarán de percibir y el incremento del desempleo. Castellanos añadió que desde que se anunció el mecanismo de diálogo, no han sido convocados a otra reunión.
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Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), comentó que hay dos dañados con esta situación, la autoridades por la falta de impuestos (gobierno central y municipalidades) y los trabajadores.
[quote_left]”Al final, el sector privado como tal, no es el que sale dañado, porque son empresas individuales”. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.[/quote_left]
Asimismo, agregó que resultan afectadas las proveedoras que dan de servicios a las empresas que están cerrando. “Son empresas individuales a quienes atacan y son por lo general, de inversión extranjera, pero esta situación crea que se reduzca la contribución social que generan los impuestos de estas impresas”, argumentó.
Los principales conflictos en la región están relacionados con el control de los recursos naturales (minería, hidroeléctricas, el uso del agua, uso productivo de la tierra y sostenibilidad ambiental); uso de energía eléctrica, situación agraria, las políticas sociales, política laboral y seguridad democrática.
El pasado 12 de mayo, el presidente Jimmy Morales enlistó las acciones que se prevé en los puntos que crean conflictos y aseveró que en el tema de la criminalización y judicialización de defensores de derechos humanos, velará por el respeto las garantías de los ciudadanos, según las responsabilidades constitucionales del Gobierno.
Acerca de minería e hidroeléctricas, dijo que analizará la problemática para dar soluciones y solicitará la mediación de entidades nacionales e internacionales y respecto del subsidio agrícola, destacó la necesidad de desarrollar el Plan Nacional de Riego para transformar la capacidad productiva de los agricultores.
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El mandatario describió como prioridad dotar de más recursos al nivel primario de atención en salud y medidas para denunciar y depurar a los funcionarios que incurren en ilegalidades. En relación con el déficit de viviendas, habló de un subsidio a una empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica, así como el acceso a tierra, la concesión de yacimientos de petróleo.
Rocael Cardona, coordinador de la Comisión Presidencial para el Diálogo Nacional, comentó en esa ocasión, que se instalarían tres mesas para dar seguimiento a las demandas campesinas, una sobre criminalización, otra de energía eléctrica y minería y una tercera para la regularización de la tierra.
Se intentó conocer la versión de Cardona y de Otoniel Fernández, el otro encargado de la Comisión, pero no fue posible obtenerla. En el caso del segundo, se logró establecer contacto, pero ya no respondió las llamadas.
[quote_box_center]“No vamos a utilizar la fuerza. En cuatro meses hemos tratado de que el diálogo sea nuestro fundamento”, Jimmy Morales, presidente, 12 de mayo.[/quote_box_center]
