EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los contratos de arrendamiento o usufructo que fueron concedidos en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) son revisados en una comisión instalada entre la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Comisionado Presidencial de Puertos y Aeropuertos.
Cada contrato de los vigentes será evaluado y la información obtenida o solicitada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), será trasladada, aseguran los encargados de la revisión.
Los convenios más antiguos de los vigentes datan de 2006, dos son de Puerto Quetzal Power LLC. (plantas generadoras de energía) y la tercera es un área de 87 mil metros cuadrados para tanques de almacenamiento de alcohol, todas concedidas bajo la figura de usufructo oneroso.
[quote_center]La construcción de la terminal inició en 1980 y el 18 de marzo de 1983 se instalaron los Servicios Portuarios. Al mejorar las condiciones se inauguró el Puerto Quetzal y se crea la Empresa Portuaria Quetzal para su administración en noviembre 1985.[/quote_center]
El Ministerio de Gobernación (Mingob) contrató un arrendamiento que empezó a funcionar en 2012 y venció en 2015. El espacio asignado era de 24 mil metros cuadrados para la sede y heliopuerto de la División de Análisis e Información Antinarcotica (DAIA).
Otro de los contratos es el espacio en donde se ubica la sede de la delegación de la Dirección General de Migración que ocupa 21 metros cuadrados y cuyo arrendamiento inició en enero 2014 previsto para fenecer en diciembre de este año.
La distribución
La distribución de las áreas concedidas a terceros para operar está de la siguiente manera: 63 arrendamientos e igual cantidad de usufructos onerosos, estos últimos, según el artículo 501 del Código Civil, pueden constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles.
En la página de internet de la EPQ se indica que la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) posee dos espacios, el primero en tierra de 348 mil 171 metros, suscrito el 11 de julio 2012 y que cobró vigencia el 26 de marzo de ese año por 25 años. También hay otra área usufructuada por igual cantidad de tiempo, el espacio marítimo concedido la misma fecha por igual cantidad de tiempo.
Se intentó verificar datos sobre todas las contrataciones en la EPQ mediante los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, en el apartado de Acceso a la Información; sin embargo, hasta ayer sábado a las 12 horas, la información no estaba publicada, pese a que se habilitó un link para ello.
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, describió que la información requerida ha sido muy específica y la han trasladado. Acerca de la distribución de los terrenos en arrendamiento o usufructo en la EPQ, detalló que pretenden estandarizar las tarifas de acuerdo con el mercado.
“Han ido variando y esa es la evaluación que estamos haciendo. En algunos casos ponen que la renta es fija”, informó Mencos. El papel que tendría en este proceso la Procuraduría General de la Nación (PGN) sería hasta la fase de solicitar la nulidad de algún contrato.
Enrique Godoy, comisionado Presidencial para Puertos y Aeropuertos, agregó que cuando se hizo el modelo del Puerto Quetzal, era para una plataforma pública con operadores privados y la diferencia con la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), ubicada en Izabal, es que ahí opera una compañía nacional con contratos para servicios.
“Hay un plan maestro desde 1998 en donde se decía que había que hacer la Terminal de Contenedores en Puerto Quetzal, pero nunca se hizo pese a que era necesario para el país. Puerto Cortés (Honduras) lo hizo con licitación y así debió hacerse aquí”, precisó.
En 2012 se dio la entrega oficial de la Terminal de Contenedores Quetzal a una empresa española: Terminal de Contenedores de Barcelona sin mediar licitación, requisito que para el caso sí aplica, según Godoy.
La revisión de las autoridades se extenderá hasta la EMPORNAC y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, comentó que ahora que está la crisis de la terminal hay que aprovechar “para hacer una revisión de cuentas de todas esas concesiones y contratos existentes tanto en las portuarias como Aeronáutica Civil”.
“Llevamos cuarenta años de oscuridad, de negocios opacos que no se conocen y que han contribuido a hacer grandes millonarios a costa del Estado”, finalizó.
Los contratos de arrendamiento o usufructo que fueron concedidos en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) son revisados en una comisión instalada entre la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Comisionado Presidencial de Puertos y Aeropuertos.
Cada contrato de los vigentes será evaluado y la información obtenida o solicitada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), será trasladada, aseguran los encargados de la revisión.
Los convenios más antiguos de los vigentes datan de 2006, dos son de Puerto Quetzal Power LLC. (plantas generadoras de energía) y la tercera es un área de 87 mil metros cuadrados para tanques de almacenamiento de alcohol, todas concedidas bajo la figura de usufructo oneroso.
[quote_center]La construcción de la terminal inició en 1980 y el 18 de marzo de 1983 se instalaron los Servicios Portuarios. Al mejorar las condiciones se inauguró el Puerto Quetzal y se crea la Empresa Portuaria Quetzal para su administración en noviembre 1985.[/quote_center]
El Ministerio de Gobernación (Mingob) contrató un arrendamiento que empezó a funcionar en 2012 y venció en 2015. El espacio asignado era de 24 mil metros cuadrados para la sede y heliopuerto de la División de Análisis e Información Antinarcotica (DAIA).
Otro de los contratos es el espacio en donde se ubica la sede de la delegación de la Dirección General de Migración que ocupa 21 metros cuadrados y cuyo arrendamiento inició en enero 2014 previsto para fenecer en diciembre de este año.
La distribución
La distribución de las áreas concedidas a terceros para operar está de la siguiente manera: 63 arrendamientos e igual cantidad de usufructos onerosos, estos últimos, según el artículo 501 del Código Civil, pueden constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles.
En la página de internet de la EPQ se indica que la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) posee dos espacios, el primero en tierra de 348 mil 171 metros, suscrito el 11 de julio 2012 y que cobró vigencia el 26 de marzo de ese año por 25 años. También hay otra área usufructuada por igual cantidad de tiempo, el espacio marítimo concedido la misma fecha por igual cantidad de tiempo.
Se intentó verificar datos sobre todas las contrataciones en la EPQ mediante los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, en el apartado de Acceso a la Información; sin embargo, hasta ayer sábado a las 12 horas, la información no estaba publicada, pese a que se habilitó un link para ello.
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, describió que la información requerida ha sido muy específica y la han trasladado. Acerca de la distribución de los terrenos en arrendamiento o usufructo en la EPQ, detalló que pretenden estandarizar las tarifas de acuerdo con el mercado.
“Han ido variando y esa es la evaluación que estamos haciendo. En algunos casos ponen que la renta es fija”, informó Mencos. El papel que tendría en este proceso la Procuraduría General de la Nación (PGN) sería hasta la fase de solicitar la nulidad de algún contrato.
Enrique Godoy, comisionado Presidencial para Puertos y Aeropuertos, agregó que cuando se hizo el modelo del Puerto Quetzal, era para una plataforma pública con operadores privados y la diferencia con la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), ubicada en Izabal, es que ahí opera una compañía nacional con contratos para servicios.
“Hay un plan maestro desde 1998 en donde se decía que había que hacer la Terminal de Contenedores en Puerto Quetzal, pero nunca se hizo pese a que era necesario para el país. Puerto Cortés (Honduras) lo hizo con licitación y así debió hacerse aquí”, precisó.
En 2012 se dio la entrega oficial de la Terminal de Contenedores Quetzal a una empresa española: Terminal de Contenedores de Barcelona sin mediar licitación, requisito que para el caso sí aplica, según Godoy.
La revisión de las autoridades se extenderá hasta la EMPORNAC y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, comentó que ahora que está la crisis de la terminal hay que aprovechar “para hacer una revisión de cuentas de todas esas concesiones y contratos existentes tanto en las portuarias como Aeronáutica Civil”.
“Llevamos cuarenta años de oscuridad, de negocios opacos que no se conocen y que han contribuido a hacer grandes millonarios a costa del Estado”, finalizó.
