EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Las manifestaciones y bloqueos tienen un precio muy alto para la ciudadanía que se ve inmersa, aunque no participe de la actividad. El tráfico vehicular, la pérdida de tiempo y algún detrimento en la economía nacional, hacen que este tipo de actividades sean rechazadas por la población.
En la mayoría de ocasiones, los manifestantes por lo regular son organizaciones campesinas, indígenas y sindicales que atentan contra la Ley, en especial cuando limitan la libre locomoción. Los costos de este tipo de actividades podrían llegar hasta Q1 millón, dependiendo de la cantidad de personas que participen.
Republica.gt hizo un cálculo de cuanto puede costar las manifestaciones. Los organizadores pueden llegar a pagar hasta Q100 mil para darles desayuno a 5 mil personas, y unos Q180 mil por el almuerzo. Se conoce que muchas personas que acuden a las manifestaciones son llevadas por un pago que oscila entre Q50 y Q100, lo cual podría significar una cantidad considerable para ese pago.
Adicionalmente a ello habría que sumar el pago del transporte que se utiliza para trasladar a los cientos de participantes de las manifestaciones que constantemente se desarrollan en la ciudad capital para hacer sus demandas.
El transporte puede costar a los organizadores hasta un promedio Q2 mil 500 por bus dependiendo de la distancia, para transportar entre 40 a 60 personas provenientes del interior de la República, y en las manifestaciones se dice de forma extraoficial que han utilizado hasta 100 buses para traer a los pobladores.
¿Será que las organizaciones sociales, tendrán los recursos suficientes para efectuar una manifestación?, ¿De dónde provienen los recursos económicos? ¿Conocerá la comunidad internacional que financia a las organizaciones, en que se utilizan los recursos?, son algunas preguntas sin respuesta.
Financiados por ellos mismos
De acuerdo con Luis Linares, Secretario Adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), son los sindicatos los que pueden costear la organización de las manifestaciones porque son costeados por los sindicalizados, tal el caso de los maestros, que alquilan los buses, además el sindicato tiene sus fondos porque cada docente paga una cuota sindical, entonces es un sindicato con posibilidades de movilización.
En tanto las organizaciones campesinas en la mayoría de los casos cuentan con la cooperación de un organismo internacional o de Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, que son las que les dan los recursos y materiales, así como alimentación y transporte porque son organizaciones de “campesinos y organizaciones indígenas” que no tiene los recursos, subraya Linares.
Además, agrega que en el caso de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), esta última tenía un aporte en el Presupuesto Q15 millones. “El Estado también financiaba al CONIC”, indica el analista.
Linares señala que “las demandas son legítimas porque existe el derecho de petición, también los empresarios plantean demandas que a otros sectores les parecen inaceptables, pero ese derecho es el que asiste a las personas”
El investigador de Asies indica que lo negativo en este tipo de demandas es que para ellos la mejor forma de presionar es bloqueando las carreteras, lo cual significa pérdidas económicas e impacto en las ciudades por el tránsito.
“Hay un error en esa situación de parte de las organizaciones, porque deberían buscar formas menos perjudiciales para terceros para las movilizaciones, las manifestaciones capitalinas urbanas del año pasado demostraron que no se necesitan bloquear carreteras para tener éxito”, reitera Linares.
Es la población que pide las manifestaciones
Por su parte, Miguel Ixcal representante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) dice que ellos no gastan en la organización de las manifestaciones, porque son las mismas personas las que cubren sus gastos. “A nadie se le cubre el transporte o la comida, es la misma gente la que paga por ir”.
Según Ixcal, es la población la que les solicita a los dirigentes salir a las calles de la ciudad de Guatemala a manifestar, “por la situación de pobreza y criminalización que se vive en el país, entonces hacemos la logística y el montaje de todo, que puede costar unos Q3 mil”.
Además, agrega que el financiamiento de las organizaciones que conforman CODECA son las que según los “estatutos” financian a la organización, asimismo dijo que no se reciben recursos del extranjero de ninguna Organización no Gubernamental o de algún Gobierno o del Estado de Guatemala.
¿Qué le espera al gobierno de Jimmy Morales?
En los últimos ocho años, que incluye los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, se registraron más de 144 días de bloqueos, lo que equivaldría a pérdida económica de Q4 mil 850 millones, según reportes de la Cámara del Agro de Guatemala.
Durante el gobierno pasado sumaron más de 53 días de bloqueos, lo que ha significado una pérdida económica de Q1 mil 635 millones en varias áreas económicas del país.
“Las manifestaciones que bloquean las carreteras del país atentan contra la Ley, se viola la seguridad del tránsito, se realizan reuniones y manifestaciones ilícitas, atentado contra otros medios de transporte público y privado. Además, existe una incitación a delinquir y una apología del delito, todos los anteriores, tipificados en el Código Penal”, señala este grupo del sector privado.
Los empresarios calculan pérdidas económicas de Q945 millones, solamente en 2014. La manifestación más extensa fue la que se registró del 10 al 13 de noviembre de ese año, donde exigían la derogación de leyes presionando al Congreso de la República y el resultado fue que la Ley de Obtención de Vegetales fue derogada.
Durante el gobierno de Álvaro Colom los días bloqueados fueron más. Un total de 91 días con pérdidas de Q3 mil 215 millones. El año que más bloquearon fue 2011, donde se registraron 31 días con pérdidas de Q1 mil 105 millones. De igual manera, en 2010 fueron 27 bloqueos donde se dejaron de percibir Q945 millones, en 2008 y 2009 fueron 16 y 17 días bloqueados respectivamente, con pérdidas de Q1 mil 165 millones en los dos años.
Esto ocurrió en los últimos dos gobiernos, mientras que el Gobierno de Jimmy Morales, no se han presentado bloqueos hasta el momento, aunque sí se efectuó una manifestación de por lo menos 5 mil campesinos organizados por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC) y una del Sindicato Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Por los problemas de conflictividad, no se descartan que estas presiones también las tenga el nuevo Gobierno. Según Linares, por el momento los bloqueos tienen un nivel de espera o “la luna de miel” con la nueva administración, pero se darán en la medida que persistan situaciones de insatisfacción o demandas no atendidas, según los dirigentes.
Las manifestaciones y bloqueos tienen un precio muy alto para la ciudadanía que se ve inmersa, aunque no participe de la actividad. El tráfico vehicular, la pérdida de tiempo y algún detrimento en la economía nacional, hacen que este tipo de actividades sean rechazadas por la población.
En la mayoría de ocasiones, los manifestantes por lo regular son organizaciones campesinas, indígenas y sindicales que atentan contra la Ley, en especial cuando limitan la libre locomoción. Los costos de este tipo de actividades podrían llegar hasta Q1 millón, dependiendo de la cantidad de personas que participen.
Republica.gt hizo un cálculo de cuanto puede costar las manifestaciones. Los organizadores pueden llegar a pagar hasta Q100 mil para darles desayuno a 5 mil personas, y unos Q180 mil por el almuerzo. Se conoce que muchas personas que acuden a las manifestaciones son llevadas por un pago que oscila entre Q50 y Q100, lo cual podría significar una cantidad considerable para ese pago.
Adicionalmente a ello habría que sumar el pago del transporte que se utiliza para trasladar a los cientos de participantes de las manifestaciones que constantemente se desarrollan en la ciudad capital para hacer sus demandas.
El transporte puede costar a los organizadores hasta un promedio Q2 mil 500 por bus dependiendo de la distancia, para transportar entre 40 a 60 personas provenientes del interior de la República, y en las manifestaciones se dice de forma extraoficial que han utilizado hasta 100 buses para traer a los pobladores.
¿Será que las organizaciones sociales, tendrán los recursos suficientes para efectuar una manifestación?, ¿De dónde provienen los recursos económicos? ¿Conocerá la comunidad internacional que financia a las organizaciones, en que se utilizan los recursos?, son algunas preguntas sin respuesta.
Financiados por ellos mismos
De acuerdo con Luis Linares, Secretario Adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), son los sindicatos los que pueden costear la organización de las manifestaciones porque son costeados por los sindicalizados, tal el caso de los maestros, que alquilan los buses, además el sindicato tiene sus fondos porque cada docente paga una cuota sindical, entonces es un sindicato con posibilidades de movilización.
En tanto las organizaciones campesinas en la mayoría de los casos cuentan con la cooperación de un organismo internacional o de Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, que son las que les dan los recursos y materiales, así como alimentación y transporte porque son organizaciones de “campesinos y organizaciones indígenas” que no tiene los recursos, subraya Linares.
Además, agrega que en el caso de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), esta última tenía un aporte en el Presupuesto Q15 millones. “El Estado también financiaba al CONIC”, indica el analista.
Linares señala que “las demandas son legítimas porque existe el derecho de petición, también los empresarios plantean demandas que a otros sectores les parecen inaceptables, pero ese derecho es el que asiste a las personas”
El investigador de Asies indica que lo negativo en este tipo de demandas es que para ellos la mejor forma de presionar es bloqueando las carreteras, lo cual significa pérdidas económicas e impacto en las ciudades por el tránsito.
“Hay un error en esa situación de parte de las organizaciones, porque deberían buscar formas menos perjudiciales para terceros para las movilizaciones, las manifestaciones capitalinas urbanas del año pasado demostraron que no se necesitan bloquear carreteras para tener éxito”, reitera Linares.
Es la población que pide las manifestaciones
Por su parte, Miguel Ixcal representante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) dice que ellos no gastan en la organización de las manifestaciones, porque son las mismas personas las que cubren sus gastos. “A nadie se le cubre el transporte o la comida, es la misma gente la que paga por ir”.
Según Ixcal, es la población la que les solicita a los dirigentes salir a las calles de la ciudad de Guatemala a manifestar, “por la situación de pobreza y criminalización que se vive en el país, entonces hacemos la logística y el montaje de todo, que puede costar unos Q3 mil”.
Además, agrega que el financiamiento de las organizaciones que conforman CODECA son las que según los “estatutos” financian a la organización, asimismo dijo que no se reciben recursos del extranjero de ninguna Organización no Gubernamental o de algún Gobierno o del Estado de Guatemala.
¿Qué le espera al gobierno de Jimmy Morales?
En los últimos ocho años, que incluye los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, se registraron más de 144 días de bloqueos, lo que equivaldría a pérdida económica de Q4 mil 850 millones, según reportes de la Cámara del Agro de Guatemala.
Durante el gobierno pasado sumaron más de 53 días de bloqueos, lo que ha significado una pérdida económica de Q1 mil 635 millones en varias áreas económicas del país.
“Las manifestaciones que bloquean las carreteras del país atentan contra la Ley, se viola la seguridad del tránsito, se realizan reuniones y manifestaciones ilícitas, atentado contra otros medios de transporte público y privado. Además, existe una incitación a delinquir y una apología del delito, todos los anteriores, tipificados en el Código Penal”, señala este grupo del sector privado.
Los empresarios calculan pérdidas económicas de Q945 millones, solamente en 2014. La manifestación más extensa fue la que se registró del 10 al 13 de noviembre de ese año, donde exigían la derogación de leyes presionando al Congreso de la República y el resultado fue que la Ley de Obtención de Vegetales fue derogada.
Durante el gobierno de Álvaro Colom los días bloqueados fueron más. Un total de 91 días con pérdidas de Q3 mil 215 millones. El año que más bloquearon fue 2011, donde se registraron 31 días con pérdidas de Q1 mil 105 millones. De igual manera, en 2010 fueron 27 bloqueos donde se dejaron de percibir Q945 millones, en 2008 y 2009 fueron 16 y 17 días bloqueados respectivamente, con pérdidas de Q1 mil 165 millones en los dos años.
Esto ocurrió en los últimos dos gobiernos, mientras que el Gobierno de Jimmy Morales, no se han presentado bloqueos hasta el momento, aunque sí se efectuó una manifestación de por lo menos 5 mil campesinos organizados por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC) y una del Sindicato Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Por los problemas de conflictividad, no se descartan que estas presiones también las tenga el nuevo Gobierno. Según Linares, por el momento los bloqueos tienen un nivel de espera o “la luna de miel” con la nueva administración, pero se darán en la medida que persistan situaciones de insatisfacción o demandas no atendidas, según los dirigentes.
