Este viernes la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó un informe al Ministerio Público sobre las ilegalidades en el aporte de US$35 millones (Q270 millones) otorgados a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), para el funcionamiento del Transurbano.
Según el informe de la PGN, “el aporte económico de inversión (a Transurbano), se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado, al haber transferido fondos del presupuesto a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para que pudiera financiar, implementar y administrar un servicio público que le compete exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala”.
María Eugenia Villagrán, Procuradora General, refiere que un funcionario únicamente puede hacer lo que expresamente la Ley y la Constitución le permite, y en el referido caso hay una vulneración de normas constitucionales y de otra índole que no le autorizaba al entonces presidente Álvaro Colom hacer esa donación de recursos económicos a una empresa privada que obtiene ganancias privadas, es un tema que le compete a la municipalidad capitalina.
Villagrán dio a conocer que por el caso existe una denuncia penal en el MP por las ilegalidades en el aporte millonario entregado a la AEAU para el financiamiento de este transporte público. Según la funcionaria están cumpliendo con el requerimiento del ente investigador y entregar un informe legal “determinamos que esto va en contra de las propias normas constitucionales y del principio de legalidad” asegura Villagrán.
La procuradora General explicó que se debe llevar a cabo la investigación penal y determinar los delitos que se habrían cometido en la administración de estos recursos del Estado.
Según Oscar Vásquez de Acción Ciudadana, el negocio de Transurbano “nació opaco y sigue opaco” porque no solo por la forma en que se gestionó el préstamo para los transportistas, el cual se dio en condiciones de poca transparencia, sino también hubo incluso empresarios de la empresa en Brasil que fueron capturados y separados de la empresa por la sobrevaloración de los buses, algo que fue poco conocido en el país.
“En el ámbito financiero el prometedor negocio también significó un fracaso. Al final ingresaron únicamente 450 buses a Guatemala. Los mil restantes que hasta el momento ya habían sido finalizados, fueron detenidos después de descubrirse la corrupción en el negocio”.
República.gt publicó un reportaje que evidenciaban los actos de corrupción en la adquisición de un sistema de transporte deficiente y las arbitrariedades de la forma en entregar el subsidio al transporte público. (nota adjunta)
Este viernes la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó un informe al Ministerio Público sobre las ilegalidades en el aporte de US$35 millones (Q270 millones) otorgados a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), para el funcionamiento del Transurbano.
Según el informe de la PGN, “el aporte económico de inversión (a Transurbano), se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado, al haber transferido fondos del presupuesto a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para que pudiera financiar, implementar y administrar un servicio público que le compete exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala”.
María Eugenia Villagrán, Procuradora General, refiere que un funcionario únicamente puede hacer lo que expresamente la Ley y la Constitución le permite, y en el referido caso hay una vulneración de normas constitucionales y de otra índole que no le autorizaba al entonces presidente Álvaro Colom hacer esa donación de recursos económicos a una empresa privada que obtiene ganancias privadas, es un tema que le compete a la municipalidad capitalina.
Villagrán dio a conocer que por el caso existe una denuncia penal en el MP por las ilegalidades en el aporte millonario entregado a la AEAU para el financiamiento de este transporte público. Según la funcionaria están cumpliendo con el requerimiento del ente investigador y entregar un informe legal “determinamos que esto va en contra de las propias normas constitucionales y del principio de legalidad” asegura Villagrán.
La procuradora General explicó que se debe llevar a cabo la investigación penal y determinar los delitos que se habrían cometido en la administración de estos recursos del Estado.
Según Oscar Vásquez de Acción Ciudadana, el negocio de Transurbano “nació opaco y sigue opaco” porque no solo por la forma en que se gestionó el préstamo para los transportistas, el cual se dio en condiciones de poca transparencia, sino también hubo incluso empresarios de la empresa en Brasil que fueron capturados y separados de la empresa por la sobrevaloración de los buses, algo que fue poco conocido en el país.
“En el ámbito financiero el prometedor negocio también significó un fracaso. Al final ingresaron únicamente 450 buses a Guatemala. Los mil restantes que hasta el momento ya habían sido finalizados, fueron detenidos después de descubrirse la corrupción en el negocio”.
República.gt publicó un reportaje que evidenciaban los actos de corrupción en la adquisición de un sistema de transporte deficiente y las arbitrariedades de la forma en entregar el subsidio al transporte público. (nota adjunta)