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Iglesia Católica preocupada por realidad nacional

Redacción República
13 de agosto, 2014

La iglesia Católica por medio de la



Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) dio a conocer su postura, a través de un



comunicado, sobre los problemas que a su criterio afectan a la población, como la migración, el desempleo, la violencia, los costos de las medicinas, concesiones mineras y abusos de amparos. 

Una parte del comunicado llama la atención porque, contrario a otras ocasiones, marcan una postura muy ambientalista y mediadora con el tema de la electricidad generada por hidroeléctricas. Enfatizan que ‘somos un país con abundantes recursos hidráulicos y explotarlos racionalmente con vistas al bien común y al abaratamiento de la electricidad es necesario, por lo que es importante que las comunidades aledañas no vean a las hidroeléctricas como enemigas’. Además, indica que la electricidad generada por hidroeléctricas, es más amigable con el ambiente y más barata que la producida por los combustibles. Argumentan la necesidad de proveer información adecuada a las comunidades y rechazar acciones violentas por parte de ‘grupos infiltrados que no les interesa el bien común’, aunque a veces ‘se arroguen el derecho de hablar por las comunidades y a manipularlas’. La iglesia católica indica que el papel del Estado debe ser de mediación, información, arbitraje de conflictos y aplicación de la ley.  



Otro tema que preocupa a los obispos es la migración. Argumentan que ‘es una radiografía de nuestras carencias, de la penetración del crimen



organizado en amplios sectores de la geografía nacional, del incremento de



las mafias criminales que lucran con el



tráfico de personas y de la falta de oportunidades’.





La CEG también se refiere al desempleo y enfatizan que ‘el costo de la canasta



básica sube y el salario no es suficiente para sostener con dignidad a las



familias’. A la violencia la califican como



‘un drama cotidiano que nos desangra y que nos deshumaniza. Se muestra así



la enorme debilidad del Estado en todo el sistema de justicia y la falta de



respeto al Estado por parte de quienes infringen gravemente la ley’.

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También mencionan la problemática del



costo de la medicina y lamentan que ‘Guatemala es uno de los países con medicinas más caras en



el mundo, ya que en el exterior hemos observado medicinas no genéricas, con los



mismos nombres comerciales que tiene en Guatemala y con costos 5 ó 6 veces



inferiores a los nuestros’.





Asimismo, la Conferencia Episcopal



resalta que ‘el Estado debe velar para que todo proyecto de explotación



minera esté al servicio del desarrollo de la población. La explotación de



recursos no renovables debe tener como resultado beneficios perdurables para el



país’. Por último, se refieren al abuso de



amparos y añaden que ‘la justicia retardada e incumplida es lo que más



vemos contra el aforismo legal de que la justicia ha de ser pronta y



cumplida’.





Después de hacer mención de los



acontecimientos en el país que a su criterio afectan a los guatemaltecos, la



CEG expone algunas sugerencias para combatir referidos



flagelos. 





El comunicado se emitió el 1 de julio



pasado y fue firmado por Rodolfo Valenzuela Núñez, Obispo de la Verapaz y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y por Domingo Buezo



Leiva, Obispo Vicario de Izabal y Secretario General de la CEG.

Iglesia Católica preocupada por realidad nacional

Redacción República
13 de agosto, 2014

La iglesia Católica por medio de la



Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) dio a conocer su postura, a través de un



comunicado, sobre los problemas que a su criterio afectan a la población, como la migración, el desempleo, la violencia, los costos de las medicinas, concesiones mineras y abusos de amparos. 

Una parte del comunicado llama la atención porque, contrario a otras ocasiones, marcan una postura muy ambientalista y mediadora con el tema de la electricidad generada por hidroeléctricas. Enfatizan que ‘somos un país con abundantes recursos hidráulicos y explotarlos racionalmente con vistas al bien común y al abaratamiento de la electricidad es necesario, por lo que es importante que las comunidades aledañas no vean a las hidroeléctricas como enemigas’. Además, indica que la electricidad generada por hidroeléctricas, es más amigable con el ambiente y más barata que la producida por los combustibles. Argumentan la necesidad de proveer información adecuada a las comunidades y rechazar acciones violentas por parte de ‘grupos infiltrados que no les interesa el bien común’, aunque a veces ‘se arroguen el derecho de hablar por las comunidades y a manipularlas’. La iglesia católica indica que el papel del Estado debe ser de mediación, información, arbitraje de conflictos y aplicación de la ley.  



Otro tema que preocupa a los obispos es la migración. Argumentan que ‘es una radiografía de nuestras carencias, de la penetración del crimen



organizado en amplios sectores de la geografía nacional, del incremento de



las mafias criminales que lucran con el



tráfico de personas y de la falta de oportunidades’.





La CEG también se refiere al desempleo y enfatizan que ‘el costo de la canasta



básica sube y el salario no es suficiente para sostener con dignidad a las



familias’. A la violencia la califican como



‘un drama cotidiano que nos desangra y que nos deshumaniza. Se muestra así



la enorme debilidad del Estado en todo el sistema de justicia y la falta de



respeto al Estado por parte de quienes infringen gravemente la ley’.

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También mencionan la problemática del



costo de la medicina y lamentan que ‘Guatemala es uno de los países con medicinas más caras en



el mundo, ya que en el exterior hemos observado medicinas no genéricas, con los



mismos nombres comerciales que tiene en Guatemala y con costos 5 ó 6 veces



inferiores a los nuestros’.





Asimismo, la Conferencia Episcopal



resalta que ‘el Estado debe velar para que todo proyecto de explotación



minera esté al servicio del desarrollo de la población. La explotación de



recursos no renovables debe tener como resultado beneficios perdurables para el



país’. Por último, se refieren al abuso de



amparos y añaden que ‘la justicia retardada e incumplida es lo que más



vemos contra el aforismo legal de que la justicia ha de ser pronta y



cumplida’.





Después de hacer mención de los



acontecimientos en el país que a su criterio afectan a los guatemaltecos, la



CEG expone algunas sugerencias para combatir referidos



flagelos. 





El comunicado se emitió el 1 de julio



pasado y fue firmado por Rodolfo Valenzuela Núñez, Obispo de la Verapaz y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y por Domingo Buezo



Leiva, Obispo Vicario de Izabal y Secretario General de la CEG.

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