EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Como una enfermedad viral, la corrupción en entidades públicas de Guatemala muestra que durante más de 10 años el flagelo no se detiene, según investigaciones en esta materia. Actos de corrupción como enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, evasión a la ley de Compras y Contrataciones, sobrevaloración de adquisiciones, pago de altas comisiones para lograr contratos, son algunas de las denuncias recurrentes, que incluso motivó a que en 1999 se creara una fiscalía especial que se dedicara a investigar este flagelo. Sin embargo, tienen acumulados casos sin resolver de los gobiernos de Alfonso Portillo, Oscar Berger, Álvaro Colom y el actual de Otto Pérez Molina.
Según la Organización no Gubernamental de Transparencia Internacional, corrupción “es el abuso de poder encomendado para beneficio personal”. En el ranking de dicha organización, Guatemala ocupa el puesto número 115 de 175 en el índice de corrupción, es decir, que de los 175 países del repertorio, Guatemala es el 50 país más corrupto del mundo. Con este antecedente Guatemala es considerado “un país con altos niveles de corrupción”.
Según una estimación de Acción Ciudadana (AC), el 25% o 30% del presupuesto destinado a inversión pública se pierde en corrupción. “Estamos hablando de un total de Q12 mil millones perdidos en corrupción”, dice Marvin Flores, de AC. A decir del analista, el presupuesto se divide en tres rubros: Funcionamiento (donde se va la mayoría del presupuesto), inversión (es aproximadamente un 20% del presupuesto completo) y en deuda (12%). En la inversión es en donde más dinero se pierde en corrupción, sobre todo en infraestructura. “Por eso es que tenemos tan mala infraestructura, también en compras y contrataciones”. La sobrevaloración también fomenta corrupción dice Flores, y pone como un ejemplo reciente, las piñas de Q36 cada una que se compraban en el Hospital General San Juan de Dios, y fue el pretexto para despedir al director de dicho centro asistencial ante la crisis en Salud.
Sin embargo, para AC donde más se pierde en corrupción es en inversión pública, por los altos porcentajes en comisiones que las empresas pagan por tener adjudicaciones en el gobierno, ente otros. Cuando el presidente Otto Pérez Molina presentó su Informe de Tercer año de Gobierno, se editó un suplemento, según el Ejecutivo fue pagado por contratistas. Una nota publicada en un medio escrito, reveló que 23 empresas que felicitaban la gestión patriota, son las que mayor contratos han obtenido en la administración de Pérez Molina. En total se les han adjudicado más de Q1,795 millones en 2,393 contratos. La mayoría de las empresas que en el suplemento públicamente halagan al gobierno, son constructoras. Entre los contratos resaltan J. J. R. M. S. A., con nueve contratos, cuatro con el Ministerio de Comunicaciones en el actual periodo de Gobierno, según la información dos contratos se otorgaron por excepción que suman Q11.5 millones. Dicha cartera también otorgó seis contratos a la Constructora Jireh, S. A., por Q298.8 millones y con otros seis a Mantenimiento Vial y Construcción, S. A. por Q100.5 millones.
Ahora bien, según un informe hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado en febrero de 2014, indica que en Guatemala la corrupción está arraigada también en el Organismo Judicial (OJ) y en la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, en el informe manifiestan su preocupación por la “corrupción generalizada institucional” que abarca todo el Estado.
Según el analista Miguel Castillo, efectivamente la corrupción es el cáncer de Guatemala. “La corrupción es el principal problema, institucionalmente hablando”. Esta problemática ha alcanzado a todas las esferas del Estado, según Castillo. “Todo se ha convertido en negocio, la corrupción de ha vuelto algo social”.
En septiembre del año pasado, salió el Informe Económico Mundial en donde la confianza del pueblo de Guatemala a los políticos se posicionó en el puesto 137. El despilfarro del Gobierno de nuestro país se situó en el puesto 128, y en el 127 en torno al desvío de fondos públicos.
Miguel Castillo indica que es preocupante que la corrupción se ha extendido, hay más gente involucrada y más gente interesada en practicar este flagelo. “Ahora esta práctica toca a más personas, y más personas se callan”, dice. Además, agrega que cuando alguien denuncia“pocas de las denuncias llegan a resultados. Siempre aparecen los papeles adecuados para anular o atrasar el proceso”.
Debilidades de la Fiscalía Contra la Corrupción
Según un estudio presentado por la diputada Nineth Montenegro, del 2000 al 2014 se han acumulado en la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) más de 4,931 denuncias, de las cuales el 69% están en proceso de investigación y solamente el 7% tiene sentencia. El 14% de los casos han sido desestimados, el 1% archivado y solamente el 9% registra acusaciones. De tal manera que hay casos acumulados de los cuatro últimos Gobiernos.
Con estos datos, la Fiscalía Anticorrupción está en números rojos. Durante la administración de la anterior fiscal anticorrupción, Aura Marina López, habían designados 25 auxiliares fiscales, y según López habían acumulados 2,800 casos, de tal manera que cada uno debía investigar 112 casos. Además que se recibían alrededor de 55 casos mensuales de corrupción, sin dejar de mencionar que solo contaban con dos vehículos para investigar a nivel nacional. Para conocer los actuales avances en dicha fiscalía, desde hace dos meses se buscó una entrevista con el actual fiscal Alexander Villeda. Sin embargo, en dos ocasiones canceló la entrevista.
Es evidente entonces que el escaso número de sentencias condenatorias saca a luz la inacción de quienes persiguen y juzgan estos delitos. Según las denuncias, los delitos revelan la poca honorabilidad y la conducta irregular de las personas que ejercen una función pública.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, y Francisco Quezada, experto del CIEN, coinciden que esta fiscalía sufre de varias debilidades, y centran tres como las más importantes.
En primer lugar la inexperiencia, ya que nadie ha llegado a llenar los requisitos para ocupar el cargo. Luego, la escasez con poco presupuesto asignado para la importancia de dicha fiscalía y el poco recurso humano asignado. Y por último la poca coordinación con otras instituciones y los fiscales generales que no tienen como prioridad la corrupción.
De acuerdo con Quezada, “no le han dado suficiente importancia; la Fiscalía Contra la Corrupción es una fiscalía desarticulada totalmente y han apostado por otros delitos de más impacto social”. Resalta que la corrupción es el delito que genera otro tipo de crímenes. “La corrupción es el núcleo de todo delito”, dice el abogado. Explica que la corrupción es un proceso, un individuo se corrompe de tal manera hasta que empieza a cometer otros delitos. “El combate a la corrupción es evitar otros delitos, combatir la corrupción es preventivo”, puntualiza Quezada.
Analistas concuerdan que para que esta fiscalía pueda ser más eficiente se necesita más tecnología, controles más eficientes. También es de resaltar que no se trata de leyes sino de instrumentos tecnológicos para evitar más “sofisticación” de la evasión que evite la parcialidad en los procesos. Según Miguel Castillo, Guatecompras es un buen ejemplo, pero aún hay que fortalecerlo. Hay que fiscalizar los procesos, no reformar las leyes.
Como una enfermedad viral, la corrupción en entidades públicas de Guatemala muestra que durante más de 10 años el flagelo no se detiene, según investigaciones en esta materia. Actos de corrupción como enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, evasión a la ley de Compras y Contrataciones, sobrevaloración de adquisiciones, pago de altas comisiones para lograr contratos, son algunas de las denuncias recurrentes, que incluso motivó a que en 1999 se creara una fiscalía especial que se dedicara a investigar este flagelo. Sin embargo, tienen acumulados casos sin resolver de los gobiernos de Alfonso Portillo, Oscar Berger, Álvaro Colom y el actual de Otto Pérez Molina.
Según la Organización no Gubernamental de Transparencia Internacional, corrupción “es el abuso de poder encomendado para beneficio personal”. En el ranking de dicha organización, Guatemala ocupa el puesto número 115 de 175 en el índice de corrupción, es decir, que de los 175 países del repertorio, Guatemala es el 50 país más corrupto del mundo. Con este antecedente Guatemala es considerado “un país con altos niveles de corrupción”.
Según una estimación de Acción Ciudadana (AC), el 25% o 30% del presupuesto destinado a inversión pública se pierde en corrupción. “Estamos hablando de un total de Q12 mil millones perdidos en corrupción”, dice Marvin Flores, de AC. A decir del analista, el presupuesto se divide en tres rubros: Funcionamiento (donde se va la mayoría del presupuesto), inversión (es aproximadamente un 20% del presupuesto completo) y en deuda (12%). En la inversión es en donde más dinero se pierde en corrupción, sobre todo en infraestructura. “Por eso es que tenemos tan mala infraestructura, también en compras y contrataciones”. La sobrevaloración también fomenta corrupción dice Flores, y pone como un ejemplo reciente, las piñas de Q36 cada una que se compraban en el Hospital General San Juan de Dios, y fue el pretexto para despedir al director de dicho centro asistencial ante la crisis en Salud.
Sin embargo, para AC donde más se pierde en corrupción es en inversión pública, por los altos porcentajes en comisiones que las empresas pagan por tener adjudicaciones en el gobierno, ente otros. Cuando el presidente Otto Pérez Molina presentó su Informe de Tercer año de Gobierno, se editó un suplemento, según el Ejecutivo fue pagado por contratistas. Una nota publicada en un medio escrito, reveló que 23 empresas que felicitaban la gestión patriota, son las que mayor contratos han obtenido en la administración de Pérez Molina. En total se les han adjudicado más de Q1,795 millones en 2,393 contratos. La mayoría de las empresas que en el suplemento públicamente halagan al gobierno, son constructoras. Entre los contratos resaltan J. J. R. M. S. A., con nueve contratos, cuatro con el Ministerio de Comunicaciones en el actual periodo de Gobierno, según la información dos contratos se otorgaron por excepción que suman Q11.5 millones. Dicha cartera también otorgó seis contratos a la Constructora Jireh, S. A., por Q298.8 millones y con otros seis a Mantenimiento Vial y Construcción, S. A. por Q100.5 millones.
Ahora bien, según un informe hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado en febrero de 2014, indica que en Guatemala la corrupción está arraigada también en el Organismo Judicial (OJ) y en la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, en el informe manifiestan su preocupación por la “corrupción generalizada institucional” que abarca todo el Estado.
Según el analista Miguel Castillo, efectivamente la corrupción es el cáncer de Guatemala. “La corrupción es el principal problema, institucionalmente hablando”. Esta problemática ha alcanzado a todas las esferas del Estado, según Castillo. “Todo se ha convertido en negocio, la corrupción de ha vuelto algo social”.
En septiembre del año pasado, salió el Informe Económico Mundial en donde la confianza del pueblo de Guatemala a los políticos se posicionó en el puesto 137. El despilfarro del Gobierno de nuestro país se situó en el puesto 128, y en el 127 en torno al desvío de fondos públicos.
Miguel Castillo indica que es preocupante que la corrupción se ha extendido, hay más gente involucrada y más gente interesada en practicar este flagelo. “Ahora esta práctica toca a más personas, y más personas se callan”, dice. Además, agrega que cuando alguien denuncia“pocas de las denuncias llegan a resultados. Siempre aparecen los papeles adecuados para anular o atrasar el proceso”.
Debilidades de la Fiscalía Contra la Corrupción
Según un estudio presentado por la diputada Nineth Montenegro, del 2000 al 2014 se han acumulado en la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) más de 4,931 denuncias, de las cuales el 69% están en proceso de investigación y solamente el 7% tiene sentencia. El 14% de los casos han sido desestimados, el 1% archivado y solamente el 9% registra acusaciones. De tal manera que hay casos acumulados de los cuatro últimos Gobiernos.
Con estos datos, la Fiscalía Anticorrupción está en números rojos. Durante la administración de la anterior fiscal anticorrupción, Aura Marina López, habían designados 25 auxiliares fiscales, y según López habían acumulados 2,800 casos, de tal manera que cada uno debía investigar 112 casos. Además que se recibían alrededor de 55 casos mensuales de corrupción, sin dejar de mencionar que solo contaban con dos vehículos para investigar a nivel nacional. Para conocer los actuales avances en dicha fiscalía, desde hace dos meses se buscó una entrevista con el actual fiscal Alexander Villeda. Sin embargo, en dos ocasiones canceló la entrevista.
Es evidente entonces que el escaso número de sentencias condenatorias saca a luz la inacción de quienes persiguen y juzgan estos delitos. Según las denuncias, los delitos revelan la poca honorabilidad y la conducta irregular de las personas que ejercen una función pública.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, y Francisco Quezada, experto del CIEN, coinciden que esta fiscalía sufre de varias debilidades, y centran tres como las más importantes.
En primer lugar la inexperiencia, ya que nadie ha llegado a llenar los requisitos para ocupar el cargo. Luego, la escasez con poco presupuesto asignado para la importancia de dicha fiscalía y el poco recurso humano asignado. Y por último la poca coordinación con otras instituciones y los fiscales generales que no tienen como prioridad la corrupción.
De acuerdo con Quezada, “no le han dado suficiente importancia; la Fiscalía Contra la Corrupción es una fiscalía desarticulada totalmente y han apostado por otros delitos de más impacto social”. Resalta que la corrupción es el delito que genera otro tipo de crímenes. “La corrupción es el núcleo de todo delito”, dice el abogado. Explica que la corrupción es un proceso, un individuo se corrompe de tal manera hasta que empieza a cometer otros delitos. “El combate a la corrupción es evitar otros delitos, combatir la corrupción es preventivo”, puntualiza Quezada.
Analistas concuerdan que para que esta fiscalía pueda ser más eficiente se necesita más tecnología, controles más eficientes. También es de resaltar que no se trata de leyes sino de instrumentos tecnológicos para evitar más “sofisticación” de la evasión que evite la parcialidad en los procesos. Según Miguel Castillo, Guatecompras es un buen ejemplo, pero aún hay que fortalecerlo. Hay que fiscalizar los procesos, no reformar las leyes.
