EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Costa Rica llegó a 2026 con presión crítica sobre su sistema de disposición final de residuos. Casi la mitad de sus rellenos sanitarios alcanzará su capacidad máxima este año, mientras la Gran Área Metropolitana (GAM) podría quedarse sin espacio suficiente para recibir la basura que generan sus cantones.
El problema combina cierres programados, traslado de residuos, aumentos tarifarios y una disputa institucional por nuevas soluciones.
La GAM se queda sin margen
El punto más sensible está en los rellenos sanitarios de La Uruca y Aserrí, operados por EBI. La empresa estima que ambas instalaciones dejarán de funcionar entre agosto y septiembre, al llegar al límite de su vida útil.
Aserrí recibe alrededor de 2,160 toneladas diarias y La Uruca cerca de 500. En conjunto, ambos manejan unas 2,600 toneladas al día, una carga difícil de absorber por otros rellenos sin reducir su vida útil.
El Ministerio de Salud advirtió que mover basura no resuelve la crisis. Si los residuos de La Uruca se trasladan al relleno de Limón, ese sitio pasaría de recibir 200 toneladas diarias a cerca de 700. Su vida útil caería de más de 15 años a cuatro.
Trasladar basura encarece el sistema
Enviar residuos fuera de la GAM presionaría otros rellenos, aumentaría recorridos, demandaría más camiones y elevaría costos municipales. El impacto terminaría en las tarifas.
Diego López, alcalde de Moravia, dijo a El Financiero que algunas municipalidades ya aumentaron hasta un 300 % sus tarifas el año pasado. En Moravia, anticipó, la tasa podría subir 100 % este año.
El reglamento de gestión regionalizada establece que la disposición final no debe superar 80 kilómetros desde el punto más lejano del cantón hasta el sitio de destino. Si se excede, se deben usar estaciones de transferencia.
Municipalidades sin capacidad suficiente
El Ministerio de Salud sostiene que las municipalidades son responsables de la gestión integral de residuos, según la Ley 8839. Sin embargo, alcaldes y especialistas cuestionan que puedan asumir solas proyectos de esa escala.
“La basura es un negocio, y como todo negocio necesita ciertas condiciones para dar sostenibilidad”, afirmó López. Si cada gobierno local construyera su propio relleno, dijo, la tasa podría aumentar hasta 1000 % en algunos casos.
El Índice de Gestión Municipal 2025 refleja esa limitación: el 56 % de las municipalidades está en nivel básico de recolección; un 32 %, en nivel intermedio, y solo un 5 % alcanza categoría avanzada.
Soluciones avanzan lento
En la Asamblea Legislativa avanza un proyecto para promover la valorización energética de residuos orgánicos y permitir que Salud y el ICE procesen hasta 800 toneladas diarias para generar energía. La propuesta superó el primer debate, pero sigue en etapa de mociones.
Especialistas advierten que el país no tiene una respuesta estructural antes del cierre de rellenos.
Costa Rica llegó a 2026 con presión crítica sobre su sistema de disposición final de residuos. Casi la mitad de sus rellenos sanitarios alcanzará su capacidad máxima este año, mientras la Gran Área Metropolitana (GAM) podría quedarse sin espacio suficiente para recibir la basura que generan sus cantones.
El problema combina cierres programados, traslado de residuos, aumentos tarifarios y una disputa institucional por nuevas soluciones.
La GAM se queda sin margen
El punto más sensible está en los rellenos sanitarios de La Uruca y Aserrí, operados por EBI. La empresa estima que ambas instalaciones dejarán de funcionar entre agosto y septiembre, al llegar al límite de su vida útil.
Aserrí recibe alrededor de 2,160 toneladas diarias y La Uruca cerca de 500. En conjunto, ambos manejan unas 2,600 toneladas al día, una carga difícil de absorber por otros rellenos sin reducir su vida útil.
El Ministerio de Salud advirtió que mover basura no resuelve la crisis. Si los residuos de La Uruca se trasladan al relleno de Limón, ese sitio pasaría de recibir 200 toneladas diarias a cerca de 700. Su vida útil caería de más de 15 años a cuatro.
Trasladar basura encarece el sistema
Enviar residuos fuera de la GAM presionaría otros rellenos, aumentaría recorridos, demandaría más camiones y elevaría costos municipales. El impacto terminaría en las tarifas.
Diego López, alcalde de Moravia, dijo a El Financiero que algunas municipalidades ya aumentaron hasta un 300 % sus tarifas el año pasado. En Moravia, anticipó, la tasa podría subir 100 % este año.
El reglamento de gestión regionalizada establece que la disposición final no debe superar 80 kilómetros desde el punto más lejano del cantón hasta el sitio de destino. Si se excede, se deben usar estaciones de transferencia.
Municipalidades sin capacidad suficiente
El Ministerio de Salud sostiene que las municipalidades son responsables de la gestión integral de residuos, según la Ley 8839. Sin embargo, alcaldes y especialistas cuestionan que puedan asumir solas proyectos de esa escala.
“La basura es un negocio, y como todo negocio necesita ciertas condiciones para dar sostenibilidad”, afirmó López. Si cada gobierno local construyera su propio relleno, dijo, la tasa podría aumentar hasta 1000 % en algunos casos.
El Índice de Gestión Municipal 2025 refleja esa limitación: el 56 % de las municipalidades está en nivel básico de recolección; un 32 %, en nivel intermedio, y solo un 5 % alcanza categoría avanzada.
Soluciones avanzan lento
En la Asamblea Legislativa avanza un proyecto para promover la valorización energética de residuos orgánicos y permitir que Salud y el ICE procesen hasta 800 toneladas diarias para generar energía. La propuesta superó el primer debate, pero sigue en etapa de mociones.
Especialistas advierten que el país no tiene una respuesta estructural antes del cierre de rellenos.
