El cáncer (CA) de mama representa una crisis de salud pública e implica un desafío económico para cualquier país. Con miles de casos nuevos cada año, produce altos costos en tratamientos y pérdida de productividad laboral. Su incremento evidencia la necesidad de políticas que mitiguen su repercusión financiera.
En perspectiva. Esta patología es un problema que no conoce fronteras; afecta a millones con una huella económica alarmante. Solo en 2022 se registraron 2.3M de casos nuevos en el mundo. Las estadísticas muestran un aumento continuo.
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Para 2030, en Latinoamérica podría elevarse a 572 000 con 130 000 muertes aproximadamente. Esto supone una carga para los sistemas de salud que están bajo presión, lidiando con los costos directos del tratamiento y la gestión de los casos avanzados que requieren recursos más intensivos.
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Para 2050, el precio de la terapia del CA de mama sería uno de los más altos dentro de los presupuestos de sanidad pública.
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Es urgente invertir en programas de prevención y detección temprana que reduzcan la incidencia y mejoren resultados a largo plazo.
Visto y no visto. Su tratamiento incurre en costos que exceden gastos médicos, afectando a pacientes y a la economía en general. La tarifa directa, que incluye cirugías, quimioterapia y radioterapia, representa una carga significativa.
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En Guatemala, muchos de ellos no están cubiertos. Por ello, muchas mujeres y familias deben incurrir en dispendios que llevan al endeudamiento o la venta de bienes personales.
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Existen impactos económicos indirectos como la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar durante el tratamiento y recuperación. Esto repercute en la economía local y nacional.
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La pérdida de productividad y disminución de capacidad laboral tienen efectos a largo plazo en el crecimiento y desarrollo. Asimismo, la carga de dependencia económica de la población afectada.
En el radar. El estudio “Queremos Vivir” realizado por el Programa de Estudios de Género, Sexualidades y Feminismos –PEGF– de FLACSO, Guatemala en alianza con laboratorios Roche ha expuesto los múltiples retos que enfrentan las mujeres diagnosticadas.
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“Los costos de tratamiento representan una carga significativa para las pacientes y sus familias”, explicó Ana Silvia Monzón, investigadora de PEGF de FLACSO.
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Junto a los costos médicos, el impacto en su capacidad de trabajo afecta a su estabilidad económica.
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Dorin Manzanares, gerente de asuntos corporativos de Laboratorios Roche, destacó la importancia de invertir temprano en diagnóstico y tratamiento dentro de las estrategias. “Esto salva vidas y reduce los pagos en terapias más complejas en etapas avanzadas”.
Ecos regionales. La enfermedad impone gastos altos a sistemas de salud públicos y privados en Latinoamérica. En Brasil, el tratamiento puede alcanzar los USD 30 000 por paciente, que a menudo no puede cubrirlo sin afectar otros servicios.
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Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la región gastará más de USD 5 000M anuales en el tratamiento de todos los tipos de cáncer para 2030. Una parte crucial es atribuible al CA de mama.
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En México, la muerte prematura y discapacidad por esta enfermedad costaron más de USD 1 600M en 2020. Esto incluyó pérdida de ingresos de las afectadas y costo de oportunidad de los cuidadores, (usualmente familiares), que reducen su jornada laboral para cuidar a las pacientes.
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En Argentina, los costos asociados al tratamiento y pérdida de productividad por CA de mama representan aproximadamente el 0.1 % del PIB anual.
¿Ahora qué? El impacto económico y social del CA de mama exige una respuesta política efectiva y bien coordinada que pueda enfrentar los desafíos inmediatos y a largo plazo.
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“Es esencial integrar medidas que no solo traten el aspecto físico, sino que ofrezcan soporte económico y social”, destacó Monzón.
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Esto incluye programas de apoyo financiero, medidas de protección laboral y una detección temprana más efectiva para reducir los costos generales y mejorar las tasas de supervivencia.
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“Es crucial establecer una colaboración entre gobierno, instituciones de salud, empresas y comunidades para garantizar que las medidas sean inclusivas y abarquen todas las necesidades de los afectados”, concluyó.
El cáncer (CA) de mama representa una crisis de salud pública e implica un desafío económico para cualquier país. Con miles de casos nuevos cada año, produce altos costos en tratamientos y pérdida de productividad laboral. Su incremento evidencia la necesidad de políticas que mitiguen su repercusión financiera.
En perspectiva. Esta patología es un problema que no conoce fronteras; afecta a millones con una huella económica alarmante. Solo en 2022 se registraron 2.3M de casos nuevos en el mundo. Las estadísticas muestran un aumento continuo.
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Para 2030, en Latinoamérica podría elevarse a 572 000 con 130 000 muertes aproximadamente. Esto supone una carga para los sistemas de salud que están bajo presión, lidiando con los costos directos del tratamiento y la gestión de los casos avanzados que requieren recursos más intensivos.
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Para 2050, el precio de la terapia del CA de mama sería uno de los más altos dentro de los presupuestos de sanidad pública.
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Es urgente invertir en programas de prevención y detección temprana que reduzcan la incidencia y mejoren resultados a largo plazo.
Visto y no visto. Su tratamiento incurre en costos que exceden gastos médicos, afectando a pacientes y a la economía en general. La tarifa directa, que incluye cirugías, quimioterapia y radioterapia, representa una carga significativa.
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En Guatemala, muchos de ellos no están cubiertos. Por ello, muchas mujeres y familias deben incurrir en dispendios que llevan al endeudamiento o la venta de bienes personales.
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Existen impactos económicos indirectos como la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar durante el tratamiento y recuperación. Esto repercute en la economía local y nacional.
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La pérdida de productividad y disminución de capacidad laboral tienen efectos a largo plazo en el crecimiento y desarrollo. Asimismo, la carga de dependencia económica de la población afectada.
En el radar. El estudio “Queremos Vivir” realizado por el Programa de Estudios de Género, Sexualidades y Feminismos –PEGF– de FLACSO, Guatemala en alianza con laboratorios Roche ha expuesto los múltiples retos que enfrentan las mujeres diagnosticadas.
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“Los costos de tratamiento representan una carga significativa para las pacientes y sus familias”, explicó Ana Silvia Monzón, investigadora de PEGF de FLACSO.
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Junto a los costos médicos, el impacto en su capacidad de trabajo afecta a su estabilidad económica.
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Dorin Manzanares, gerente de asuntos corporativos de Laboratorios Roche, destacó la importancia de invertir temprano en diagnóstico y tratamiento dentro de las estrategias. “Esto salva vidas y reduce los pagos en terapias más complejas en etapas avanzadas”.
Ecos regionales. La enfermedad impone gastos altos a sistemas de salud públicos y privados en Latinoamérica. En Brasil, el tratamiento puede alcanzar los USD 30 000 por paciente, que a menudo no puede cubrirlo sin afectar otros servicios.
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Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la región gastará más de USD 5 000M anuales en el tratamiento de todos los tipos de cáncer para 2030. Una parte crucial es atribuible al CA de mama.
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En México, la muerte prematura y discapacidad por esta enfermedad costaron más de USD 1 600M en 2020. Esto incluyó pérdida de ingresos de las afectadas y costo de oportunidad de los cuidadores, (usualmente familiares), que reducen su jornada laboral para cuidar a las pacientes.
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En Argentina, los costos asociados al tratamiento y pérdida de productividad por CA de mama representan aproximadamente el 0.1 % del PIB anual.
¿Ahora qué? El impacto económico y social del CA de mama exige una respuesta política efectiva y bien coordinada que pueda enfrentar los desafíos inmediatos y a largo plazo.
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“Es esencial integrar medidas que no solo traten el aspecto físico, sino que ofrezcan soporte económico y social”, destacó Monzón.
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Esto incluye programas de apoyo financiero, medidas de protección laboral y una detección temprana más efectiva para reducir los costos generales y mejorar las tasas de supervivencia.
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“Es crucial establecer una colaboración entre gobierno, instituciones de salud, empresas y comunidades para garantizar que las medidas sean inclusivas y abarquen todas las necesidades de los afectados”, concluyó.