EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El 6 de mayo de 2025, la Hidroeléctrica Pasabién, ubicada en el municipio de Río Hondo, Zacapa, fue invadida por un grupo armado que desde entonces mantiene el control de las instalaciones. Seis meses después, la empresa sigue sin poder operar, sin acceso a sus equipos, sin posibilidad de generar energía, y con millonarias pérdidas. Lo que comenzó como una inspección judicial para verificar el cumplimiento de una sentencia, terminó en una toma violenta que dejó a la planta fuera de servicio y a la aldea Santa Rosalía de Mármol, sin empleo.
La invasión ocurrió justo cuando la empresa se preparaba para entrar en mantenimiento. El 5 de mayo se inició el proceso técnico, y al día siguiente, un juez de paz llegó por orden de un juez penal para verificar si los condenados por una usurpación anterior habían cumplido con el resarcimiento ordenado: derruir una garita ilegal. No solo no lo hicieron, sino que respondieron con amenazas. El juez fue insultado, grabado y expuesto en redes sociales. La empresa intentó continuar con el mantenimiento, pero los trabajadores fueron apuntados con armas y obligados a retirarse.
Toma violenta
El 20 de mayo, la planta estaba lista para reiniciar operaciones. El proceso de generación, que implica abrir compuertas y enviar agua por canales de hasta 10 kilómetros, comenzó. A las 7 de la mañana, el agua ya corría. Pero los invasores, al notar el flujo, se movilizaron. Frente a una de las cámaras de seguridad, se bajaron con pasamontañas, destruyeron el canal y cortaron el suministro. Desde entonces, no llega agua a los equipos. La planta quedó inoperante.
La empresa había instalado cámaras estratégicas para monitorear la zona. Las imágenes del sabotaje circularon por redes sociales, pero no hubo reacción oficial. La línea que conecta la casa de máquinas con la presa fue destruida. La planta generadora de emergencia fue robada. También se llevaron una retroexcavadora y un camión con total impunidad.
La comunidad, que antes trabajaba en proyectos de reforestación y mantenimiento de caminos, quedó sin empleo. La empresa había tercerizado esos servicios con la condición de que se contratara a vecinos del área. Más de 35 familias dependían de esos contratos. Pero con la toma, todo se canceló. Y quienes se quedaron sin trabajo, ahora viven entre el miedo y la frustración.
Cada semana, los gerentes y jefes que no son de la zona reciben visitas intimidantes. Los buscan en sus casas, preguntan si han regresado. El personal ha sido enviado a sus hogares por seguridad. La empresa, inscrita legalmente, que paga impuestos y cumple con todas las regulaciones, hoy no tiene control sobre su propiedad. Se cumple con todo, y resulta que no es dueña de nada, está en el aire.
Los reclamos al Estado han sido constantes. ¿Dónde está la certeza jurídica? ¿Dónde está la protección a la inversión? ¿Por qué el Estado abandona a quienes cumplen la ley? La respuesta ha sido el silencio.
Mientras tanto, los invasores manipulan las compuertas de la presa a su antojo. No hay riesgo de inundación, pero sí de acumulación de sedimentos que pueden afectar las tuberías de las comunidades río abajo. La empresa tiene estudios que demuestran los riesgos, pero sin acceso, no puede hacer nada. Y las autoridades, aunque informadas, no actúan.
Con apoyo de diputados
La situación se ha convertido en un tema político. Diputados y alcaldes se han prestado al juego. Se convocan reuniones donde se acusa a la empresa de operar ilegalmente, de vender energía sin autorización. Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen libres, armados, y en control.
La empresa ha demostrado ante el Organismo Ejecutivo que tiene todos sus documentos en regla. No hay ninguna falta legal. Pero sin la ejecución de la orden judicial, no puede recuperar la planta. Y cada día que pasa, el daño crece.
La comunidad vive aterrorizada. Un grupo de unas 15 personas, armadas, tiene sometidas a las familias. Disparan en las casas, acusan a vecinos de ser “orejas” de la empresa, los amenazan. Mientras tanto, en el área se cometen verdaderas fechorías y nadie dice nada. Nadie actúa.
La ingobernabilidad no es solo un problema local. Es el reflejo de lo que ocurre en todo el país. En muchos municipios, la ley ha sido sustituida por la fuerza. Las comunidades viven entre el miedo y la manipulación. Los que antes recibían con entusiasmo los proyectos de desarrollo, ahora son usados como escudos por quienes buscan poder y dinero.
Guatemala está en riesgo. El modelo energético, que durante años fue ejemplo en la región, está en peligro. La energía es el motor del desarrollo. Sin ella, todo se paraliza. Y sin ley, no hay energía.
Pasabien es solo un caso. Pero es el espejo de un país que se descompone. Donde los que cumplen la ley deben demostrar que son inocentes. Donde los que disparan, roban y destruyen, hasta se sientan en el Congreso y acusan.
Y mientras tanto, la presa sigue tomada. Las compuertas se abren y cierran al antojo de los ocupantes. La comunidad vive con hambre y miedo. Y el Estado, ausente, sigue sin ejecutar la única acción que podría cambiarlo todo: aplicar la ley.
El 6 de mayo de 2025, la Hidroeléctrica Pasabién, ubicada en el municipio de Río Hondo, Zacapa, fue invadida por un grupo armado que desde entonces mantiene el control de las instalaciones. Seis meses después, la empresa sigue sin poder operar, sin acceso a sus equipos, sin posibilidad de generar energía, y con millonarias pérdidas. Lo que comenzó como una inspección judicial para verificar el cumplimiento de una sentencia, terminó en una toma violenta que dejó a la planta fuera de servicio y a la aldea Santa Rosalía de Mármol, sin empleo.
La invasión ocurrió justo cuando la empresa se preparaba para entrar en mantenimiento. El 5 de mayo se inició el proceso técnico, y al día siguiente, un juez de paz llegó por orden de un juez penal para verificar si los condenados por una usurpación anterior habían cumplido con el resarcimiento ordenado: derruir una garita ilegal. No solo no lo hicieron, sino que respondieron con amenazas. El juez fue insultado, grabado y expuesto en redes sociales. La empresa intentó continuar con el mantenimiento, pero los trabajadores fueron apuntados con armas y obligados a retirarse.
Toma violenta
El 20 de mayo, la planta estaba lista para reiniciar operaciones. El proceso de generación, que implica abrir compuertas y enviar agua por canales de hasta 10 kilómetros, comenzó. A las 7 de la mañana, el agua ya corría. Pero los invasores, al notar el flujo, se movilizaron. Frente a una de las cámaras de seguridad, se bajaron con pasamontañas, destruyeron el canal y cortaron el suministro. Desde entonces, no llega agua a los equipos. La planta quedó inoperante.
La empresa había instalado cámaras estratégicas para monitorear la zona. Las imágenes del sabotaje circularon por redes sociales, pero no hubo reacción oficial. La línea que conecta la casa de máquinas con la presa fue destruida. La planta generadora de emergencia fue robada. También se llevaron una retroexcavadora y un camión con total impunidad.
La comunidad, que antes trabajaba en proyectos de reforestación y mantenimiento de caminos, quedó sin empleo. La empresa había tercerizado esos servicios con la condición de que se contratara a vecinos del área. Más de 35 familias dependían de esos contratos. Pero con la toma, todo se canceló. Y quienes se quedaron sin trabajo, ahora viven entre el miedo y la frustración.
Cada semana, los gerentes y jefes que no son de la zona reciben visitas intimidantes. Los buscan en sus casas, preguntan si han regresado. El personal ha sido enviado a sus hogares por seguridad. La empresa, inscrita legalmente, que paga impuestos y cumple con todas las regulaciones, hoy no tiene control sobre su propiedad. Se cumple con todo, y resulta que no es dueña de nada, está en el aire.
Los reclamos al Estado han sido constantes. ¿Dónde está la certeza jurídica? ¿Dónde está la protección a la inversión? ¿Por qué el Estado abandona a quienes cumplen la ley? La respuesta ha sido el silencio.
Mientras tanto, los invasores manipulan las compuertas de la presa a su antojo. No hay riesgo de inundación, pero sí de acumulación de sedimentos que pueden afectar las tuberías de las comunidades río abajo. La empresa tiene estudios que demuestran los riesgos, pero sin acceso, no puede hacer nada. Y las autoridades, aunque informadas, no actúan.
Con apoyo de diputados
La situación se ha convertido en un tema político. Diputados y alcaldes se han prestado al juego. Se convocan reuniones donde se acusa a la empresa de operar ilegalmente, de vender energía sin autorización. Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen libres, armados, y en control.
La empresa ha demostrado ante el Organismo Ejecutivo que tiene todos sus documentos en regla. No hay ninguna falta legal. Pero sin la ejecución de la orden judicial, no puede recuperar la planta. Y cada día que pasa, el daño crece.
La comunidad vive aterrorizada. Un grupo de unas 15 personas, armadas, tiene sometidas a las familias. Disparan en las casas, acusan a vecinos de ser “orejas” de la empresa, los amenazan. Mientras tanto, en el área se cometen verdaderas fechorías y nadie dice nada. Nadie actúa.
La ingobernabilidad no es solo un problema local. Es el reflejo de lo que ocurre en todo el país. En muchos municipios, la ley ha sido sustituida por la fuerza. Las comunidades viven entre el miedo y la manipulación. Los que antes recibían con entusiasmo los proyectos de desarrollo, ahora son usados como escudos por quienes buscan poder y dinero.
Guatemala está en riesgo. El modelo energético, que durante años fue ejemplo en la región, está en peligro. La energía es el motor del desarrollo. Sin ella, todo se paraliza. Y sin ley, no hay energía.
Pasabien es solo un caso. Pero es el espejo de un país que se descompone. Donde los que cumplen la ley deben demostrar que son inocentes. Donde los que disparan, roban y destruyen, hasta se sientan en el Congreso y acusan.
Y mientras tanto, la presa sigue tomada. Las compuertas se abren y cierran al antojo de los ocupantes. La comunidad vive con hambre y miedo. Y el Estado, ausente, sigue sin ejecutar la única acción que podría cambiarlo todo: aplicar la ley.
