EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Pablo Zárate: “El discurso estatista ha sido clave en la transición negativa del sector energético mexicano”
En el marco del “República Summit de Sostenibilidad 2025: Energía para todos” una de las ponencias más esperadas era la de Pablo Zárate. Aunque no podrá asistir, sus ideas resultan imprescindibles para el debate energético guatemalteco, sobre todo cuando se busca expandir la matriz renovable y atraer capital privado.
En esta conversación, desde Houston (EE. UU.), el experto desmenuza las advertencias que Guatemala debe tomar en cuenta si quiere evitar el camino de México: pasar de ser un referente en apertura energética a un caso de oportunidad perdida.
¿Qué decisiones impidieron que la necesidad de inversión energética en México se tradujera en un camino más sostenible y eficiente?
— En 2013, México dio pasos importantes con una reforma energética de gran calado para abrir los motores de la inversión. Llevábamos entre 30 y 60 años cerrados a la inversión privada en partes clave de la cadena de valor.
A pesar de tener una empresa como Pemex, formidable en distintos momentos, es evidente que había recursos desaprovechados. Una sola empresa no tiene capacidad para administrar y aprovechar recursos tan importantes. Producíamos 3.4 millones de barriles de crudo diarios, pero la pregunta es: ¿cuánto más habríamos producido con inversión abierta?
Esa sensación de desaprovechamiento responde a restricciones políticas derivadas de la nacionalización petrolera, eléctrica y otras políticas específicas.
¿Cómo afectó el cambio de políticas a la confianza de los inversionistas y qué lecciones deja para países como Guatemala?
— En 2013 tienes este reconocimiento del sub aprovechamiento de los recursos y del sector energético potencialmente convirtiéndose en un lastre a la economía. México crecía rápidamente y se preveían problemas de disponibilidad eléctrica. Además, se volvió claro que no bastaba con tener energía suficiente, sino que debía ser limpia.
La reforma no fue perfecta, pero abrió el sector a inversión diversa. Sin embargo, el discurso nacionalista seguía latente. En 2018, con la llegada de López Obrador, ese discurso se transformó en decisiones concretas. Antes de asumir la presidencia, pidió detener las rondas petroleras y las subastas de largo plazo que permitían a la CFE adquirir energía de forma competitiva.
El freno en lo petrolero se agravó con burocracia y comportamientos erráticos. Pero en lo eléctrico, el conflicto fue más profundo: AMLO quería que la CFE mantuviera una participación del 54 % en generación. Como los generadores privados seguían creciendo por las subastas previas, su “solución” fue discriminar.
¿Cómo afectó esa política de priorizar a la CFE el funcionamiento del sistema eléctrico y la inversión?
— Se abandonó el modelo de despacho económico —donde se despacha primero el megawatt más barato— y se priorizó a la CFE. Los privados podían entrar solo después. Esta política fue implementada mediante instrumentos que resultaban inconstitucionales. Las centrales privadas enfrentaron obstáculos desde la fase de pruebas hasta restricciones técnicas no reportadas oficialmente.
¿Cuál fue el impacto en la entrada de nueva capacidad y la seguridad del sistema?
— Durante los primeros años aún entraron plantas de subastas previas, pero al frenarse estas y discriminar nuevos proyectos, la inversión se secó. La economía siguió creciendo y la demanda aumentó. Eso comprimió el margen de reserva del sistema, volviendo el desbalance insostenible. La teoría económica sugiere que eventualmente se deberá reabrir la inversión.
Su ponencia hacía referencia a que “lo necesario no es inevitable”, ¿a qué se refería en el contexto energético mexicano?
— La política a veces ignora realidades aritméticas. Se necesitan múltiples elementos trabajando en conjunto, pero a veces se usan sustitutos limitados que no logran los resultados esperados. Aunque la necesidad de inversión sea clara, la política puede impedir que lo inevitable suceda.
¿Qué tan difícil es reconstruir la credibilidad de un sector energético que ha visto sus reglas erosionadas?
— México aún tiene muchos jugadores dispuestos a invertir si hay reglas claras. No creo que un país quede fuera del juego para siempre por decisiones poco ortodoxas, especialmente con un mercado grande y con necesidades urgentes.
Pero es autolimitante haber tenido que recurrir a reformas judiciales. Como no se pudo reformar la Constitución para fortalecer a la CFE, el gobierno concluyó que el problema eran las leyes y su interpretación. Por eso impulsaron una reforma judicial para reemplazar jueces por elecciones. Eso ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del modelo y deja incertidumbre.
¿Aún hay oportunidades para construir confianza e incentivar inversión?
— Sí. Aunque el modelo no sea perfecto ni el más competitivo, hay espacios donde se puede aportar constructivamente y cubrir el déficit de infraestructura. Sin embargo, la incertidumbre limita el volumen y diversidad de participantes. Esto ha llevado a una consolidación corporativa que reduce competencia e innovación.
¿Qué papel ha jugado la ideología en la política energética y cómo puede ser una trampa para países como Guatemala?
— El discurso de López Obrador sostiene que las empresas públicas tienen virtudes por estar alineadas con el gobierno. Supuestamente, priorizan la dimensión social, pero en la práctica se centran en lo político. Esto complica la rendición de cuentas. Empresas como Pemex acumulan pérdidas estructurales, especialmente en refinación.
¿Hubo síntomas tempranos de ese giro desfavorable útiles como advertencia?
— Sí. El discurso estatista, que demoniza lo privado y exalta lo estatal, ha sido clave en la transición negativa del sector energético de México. Curiosamente, los sectores con menor presencia estatal han tenido menos problemas. Aumentar la participación del Estado genera opacidad y limita la transparencia.
¿Existen ejemplos en América Latina donde se haya logrado un equilibrio saludable entre lo estatal y lo privado?
— Sí. Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana han logrado modelos de participación mixta que favorecen competencia e inversión. Son referencias valiosas para países que buscan sostenibilidad y competitividad.
¿Qué condiciones deben existir para que el Estado tenga un rol activo legítimo en el sector energético?
— El Estado puede aportar en petróleo y electricidad, y ya lo ha hecho en ocasiones. Pero para que las empresas estatales sean legítimas, deben estar alineadas a la creación de valor medible: resultados financieros positivos, beneficios sociales, sostenibilidad y compromiso ético.
¿Hay ejemplos de empresas estatales que generen valor real, y qué riesgos deben evitarse?
— Aramco es un ejemplo paradigmático. En América Latina, Petrobras y Ecopetrol han hecho aportes valiosos. Sin embargo, Petrobras también ha enfrentado corrupción, lo que subraya el riesgo de relaciones peligrosas entre funcionarios y ejecutivos.
¿Cuál es la advertencia principal para países como Guatemala al diseñar políticas energéticas?
— No dar nada por sentado. Una necesidad evidente no garantiza que la política actuará para resolverla. Puede ser usada en discursos que no resuelven nada. Pemex ha estado en crisis por años, pero se justifica con argumentos de soberanía sin reformas reales. La aritmética económica no determina por sí sola la política.
¿Qué mensaje buscaba dejar al público asistente al “República Summit Sostenibilidad 2025”?
— El espacio para el diálogo constructivo debe construirse e invertirse constantemente. Es crucial crear organizaciones, asociaciones y foros que mantengan viva la discusión sobre los beneficios de la inversión y la competencia. Guatemala ha tenido un desempeño razonable, pero para mantenerlo se requiere información de calidad y un debate sano que evite estancamientos ideológicos.
¿Qué consecuencias ha tenido restringir la inversión estos años?
— Se perdieron al menos 10 años de inversiones. Y esas inversiones no regresan. Es gravísimo, porque el rezago no se percibe de inmediato. Es como una enfermedad silenciosa que, cuando da la cara, ya es muy difícil curarla.
¿Cuál es el caso más crítico que evidencia ese rezago?
— Pemex. Hoy debe USD 100 000 millones y factura USD 70 000 millones. Tiene pasivos de corto plazo por USD 60 000 millones que debe cubrir en los próximos 12 meses. ¿Con qué va a operar?
Después de tanta “energía invertida” en Pemex, parece que fue un costal roto…
— Sí, es tremendo. Tremendo.
¿Cree que el nuevo gobierno de Sheinbaum muestra señales de apertura al sector privado?
— Sí. Hay una apertura para reconsiderar la participación privada. El sector privado también está dispuesto.
Pablo Zárate: “El discurso estatista ha sido clave en la transición negativa del sector energético mexicano”
En el marco del “República Summit de Sostenibilidad 2025: Energía para todos” una de las ponencias más esperadas era la de Pablo Zárate. Aunque no podrá asistir, sus ideas resultan imprescindibles para el debate energético guatemalteco, sobre todo cuando se busca expandir la matriz renovable y atraer capital privado.
En esta conversación, desde Houston (EE. UU.), el experto desmenuza las advertencias que Guatemala debe tomar en cuenta si quiere evitar el camino de México: pasar de ser un referente en apertura energética a un caso de oportunidad perdida.
¿Qué decisiones impidieron que la necesidad de inversión energética en México se tradujera en un camino más sostenible y eficiente?
— En 2013, México dio pasos importantes con una reforma energética de gran calado para abrir los motores de la inversión. Llevábamos entre 30 y 60 años cerrados a la inversión privada en partes clave de la cadena de valor.
A pesar de tener una empresa como Pemex, formidable en distintos momentos, es evidente que había recursos desaprovechados. Una sola empresa no tiene capacidad para administrar y aprovechar recursos tan importantes. Producíamos 3.4 millones de barriles de crudo diarios, pero la pregunta es: ¿cuánto más habríamos producido con inversión abierta?
Esa sensación de desaprovechamiento responde a restricciones políticas derivadas de la nacionalización petrolera, eléctrica y otras políticas específicas.
¿Cómo afectó el cambio de políticas a la confianza de los inversionistas y qué lecciones deja para países como Guatemala?
— En 2013 tienes este reconocimiento del sub aprovechamiento de los recursos y del sector energético potencialmente convirtiéndose en un lastre a la economía. México crecía rápidamente y se preveían problemas de disponibilidad eléctrica. Además, se volvió claro que no bastaba con tener energía suficiente, sino que debía ser limpia.
La reforma no fue perfecta, pero abrió el sector a inversión diversa. Sin embargo, el discurso nacionalista seguía latente. En 2018, con la llegada de López Obrador, ese discurso se transformó en decisiones concretas. Antes de asumir la presidencia, pidió detener las rondas petroleras y las subastas de largo plazo que permitían a la CFE adquirir energía de forma competitiva.
El freno en lo petrolero se agravó con burocracia y comportamientos erráticos. Pero en lo eléctrico, el conflicto fue más profundo: AMLO quería que la CFE mantuviera una participación del 54 % en generación. Como los generadores privados seguían creciendo por las subastas previas, su “solución” fue discriminar.
¿Cómo afectó esa política de priorizar a la CFE el funcionamiento del sistema eléctrico y la inversión?
— Se abandonó el modelo de despacho económico —donde se despacha primero el megawatt más barato— y se priorizó a la CFE. Los privados podían entrar solo después. Esta política fue implementada mediante instrumentos que resultaban inconstitucionales. Las centrales privadas enfrentaron obstáculos desde la fase de pruebas hasta restricciones técnicas no reportadas oficialmente.
¿Cuál fue el impacto en la entrada de nueva capacidad y la seguridad del sistema?
— Durante los primeros años aún entraron plantas de subastas previas, pero al frenarse estas y discriminar nuevos proyectos, la inversión se secó. La economía siguió creciendo y la demanda aumentó. Eso comprimió el margen de reserva del sistema, volviendo el desbalance insostenible. La teoría económica sugiere que eventualmente se deberá reabrir la inversión.
Su ponencia hacía referencia a que “lo necesario no es inevitable”, ¿a qué se refería en el contexto energético mexicano?
— La política a veces ignora realidades aritméticas. Se necesitan múltiples elementos trabajando en conjunto, pero a veces se usan sustitutos limitados que no logran los resultados esperados. Aunque la necesidad de inversión sea clara, la política puede impedir que lo inevitable suceda.
¿Qué tan difícil es reconstruir la credibilidad de un sector energético que ha visto sus reglas erosionadas?
— México aún tiene muchos jugadores dispuestos a invertir si hay reglas claras. No creo que un país quede fuera del juego para siempre por decisiones poco ortodoxas, especialmente con un mercado grande y con necesidades urgentes.
Pero es autolimitante haber tenido que recurrir a reformas judiciales. Como no se pudo reformar la Constitución para fortalecer a la CFE, el gobierno concluyó que el problema eran las leyes y su interpretación. Por eso impulsaron una reforma judicial para reemplazar jueces por elecciones. Eso ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del modelo y deja incertidumbre.
¿Aún hay oportunidades para construir confianza e incentivar inversión?
— Sí. Aunque el modelo no sea perfecto ni el más competitivo, hay espacios donde se puede aportar constructivamente y cubrir el déficit de infraestructura. Sin embargo, la incertidumbre limita el volumen y diversidad de participantes. Esto ha llevado a una consolidación corporativa que reduce competencia e innovación.
¿Qué papel ha jugado la ideología en la política energética y cómo puede ser una trampa para países como Guatemala?
— El discurso de López Obrador sostiene que las empresas públicas tienen virtudes por estar alineadas con el gobierno. Supuestamente, priorizan la dimensión social, pero en la práctica se centran en lo político. Esto complica la rendición de cuentas. Empresas como Pemex acumulan pérdidas estructurales, especialmente en refinación.
¿Hubo síntomas tempranos de ese giro desfavorable útiles como advertencia?
— Sí. El discurso estatista, que demoniza lo privado y exalta lo estatal, ha sido clave en la transición negativa del sector energético de México. Curiosamente, los sectores con menor presencia estatal han tenido menos problemas. Aumentar la participación del Estado genera opacidad y limita la transparencia.
¿Existen ejemplos en América Latina donde se haya logrado un equilibrio saludable entre lo estatal y lo privado?
— Sí. Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana han logrado modelos de participación mixta que favorecen competencia e inversión. Son referencias valiosas para países que buscan sostenibilidad y competitividad.
¿Qué condiciones deben existir para que el Estado tenga un rol activo legítimo en el sector energético?
— El Estado puede aportar en petróleo y electricidad, y ya lo ha hecho en ocasiones. Pero para que las empresas estatales sean legítimas, deben estar alineadas a la creación de valor medible: resultados financieros positivos, beneficios sociales, sostenibilidad y compromiso ético.
¿Hay ejemplos de empresas estatales que generen valor real, y qué riesgos deben evitarse?
— Aramco es un ejemplo paradigmático. En América Latina, Petrobras y Ecopetrol han hecho aportes valiosos. Sin embargo, Petrobras también ha enfrentado corrupción, lo que subraya el riesgo de relaciones peligrosas entre funcionarios y ejecutivos.
¿Cuál es la advertencia principal para países como Guatemala al diseñar políticas energéticas?
— No dar nada por sentado. Una necesidad evidente no garantiza que la política actuará para resolverla. Puede ser usada en discursos que no resuelven nada. Pemex ha estado en crisis por años, pero se justifica con argumentos de soberanía sin reformas reales. La aritmética económica no determina por sí sola la política.
¿Qué mensaje buscaba dejar al público asistente al “República Summit Sostenibilidad 2025”?
— El espacio para el diálogo constructivo debe construirse e invertirse constantemente. Es crucial crear organizaciones, asociaciones y foros que mantengan viva la discusión sobre los beneficios de la inversión y la competencia. Guatemala ha tenido un desempeño razonable, pero para mantenerlo se requiere información de calidad y un debate sano que evite estancamientos ideológicos.
¿Qué consecuencias ha tenido restringir la inversión estos años?
— Se perdieron al menos 10 años de inversiones. Y esas inversiones no regresan. Es gravísimo, porque el rezago no se percibe de inmediato. Es como una enfermedad silenciosa que, cuando da la cara, ya es muy difícil curarla.
¿Cuál es el caso más crítico que evidencia ese rezago?
— Pemex. Hoy debe USD 100 000 millones y factura USD 70 000 millones. Tiene pasivos de corto plazo por USD 60 000 millones que debe cubrir en los próximos 12 meses. ¿Con qué va a operar?
Después de tanta “energía invertida” en Pemex, parece que fue un costal roto…
— Sí, es tremendo. Tremendo.
¿Cree que el nuevo gobierno de Sheinbaum muestra señales de apertura al sector privado?
— Sí. Hay una apertura para reconsiderar la participación privada. El sector privado también está dispuesto.
