EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Salvo “timonazo”, el Gobierno se aboca a incurrir en uno de dos costos políticos.
O bien incurre en el costo ante su base de votantes más ideologizados de reanudar la minería legal, o bien en el costo —ante el electorado más ampliamente— de sendos arbitrajes internacionales, ya que el contribuyente guatemalteco tiene las de perder.
Guatemala, más temprano que tarde, se sentará ante un tribunal si sigue promoviendo una moratoria minera de facto, incluso sobre proyectos existentes, violatorios de los acuerdos de protección recíproca de inversiones. El potencial objeto de reclamo: los daños económicos ocasionados por mantener operaciones de minería suspendidas durante meses.
Lo que está claro, por el momento, es que el Gobierno debe ir provisionando una onerosa partida de costos. En dólares, votos, o más bien los dos.
La salida del embrollo pasa por reanudar la minería legal, sostenible y responsable de manera resolutiva, llenando de paso las arcas del estado, y redistribuyendo estos recursos hacia todos los contribuyentes, mediante un fondo nacional. Todo ello, mientras se combate la incesante minería ilegal, destructiva de nuestro patrimonio natural compartido. De otro modo, aquellos pasarán la factura política por los costos “en metálico" del arbitraje, más concretos y escandalosos que los caudales que ya deja de recibir el Estado, en forma de regalías, por la moratoria.
La comunicación es clave. Sin minerales estratégicos, no hay transición energética global. Este es un lenguaje que un votante urbanita de Semilla entiende y que la embajada, ya sea por su agenda ideológica o intereses geoestratégicos respecto a China, puede avalar.
Salvo “timonazo”, el Gobierno se aboca a incurrir en uno de dos costos políticos.
O bien incurre en el costo ante su base de votantes más ideologizados de reanudar la minería legal, o bien en el costo —ante el electorado más ampliamente— de sendos arbitrajes internacionales, ya que el contribuyente guatemalteco tiene las de perder.
Guatemala, más temprano que tarde, se sentará ante un tribunal si sigue promoviendo una moratoria minera de facto, incluso sobre proyectos existentes, violatorios de los acuerdos de protección recíproca de inversiones. El potencial objeto de reclamo: los daños económicos ocasionados por mantener operaciones de minería suspendidas durante meses.
Lo que está claro, por el momento, es que el Gobierno debe ir provisionando una onerosa partida de costos. En dólares, votos, o más bien los dos.
La salida del embrollo pasa por reanudar la minería legal, sostenible y responsable de manera resolutiva, llenando de paso las arcas del estado, y redistribuyendo estos recursos hacia todos los contribuyentes, mediante un fondo nacional. Todo ello, mientras se combate la incesante minería ilegal, destructiva de nuestro patrimonio natural compartido. De otro modo, aquellos pasarán la factura política por los costos “en metálico" del arbitraje, más concretos y escandalosos que los caudales que ya deja de recibir el Estado, en forma de regalías, por la moratoria.
La comunicación es clave. Sin minerales estratégicos, no hay transición energética global. Este es un lenguaje que un votante urbanita de Semilla entiende y que la embajada, ya sea por su agenda ideológica o intereses geoestratégicos respecto a China, puede avalar.
