El comercio ilícito dejó de ser un simple delito económico: hoy representa una amenaza estructural para la seguridad, la economía y la gobernabilidad en Latinoamérica. La convergencia entre crimen organizado y terrorismo se nutre de este fenómeno, erosionando el terreno empresarial.
Por qué importa. Constituye una amenaza para la estabilidad de los mercados legales y la gobernabilidad democrática. Su expansión debilita la competencia, afecta la inversión y limita el desarrollo de compañías formales.
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Juan José Benítez, abogado penalista y expositor en la conferencia “Comercio Ilícito LAT: nexo entre el crimen organizado y el terrorismo” organizada por FECAICA, afirmó que el crimen no solo busca fondos, trata de destruir el legado y la trayectoria de las empresas.
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La zona pierde recaudación fiscal, empleos formales y seguridad jurídica frente a redes que no respetan normas ni fronteras.
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Según el BM el accionar delictivo limitará el crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe más que en cualquier otra parte del mundo.
En el radar. La delincuencia organizada y el terrorismo ya no son mundos separados: operan juntos, comparten tácticas y objetivos. Esta convergencia desestabiliza instituciones y amenaza el ecosistema de los negocios.
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La ONU ha documentado alianzas de corto plazo y estructuras híbridas entre grupos narcos y células extremistas.
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Organizaciones criminales como el Tren de Aragua venezolano, el PCC brasileño y el Cártel de Sinaloa mexicano ahora controlan rutas comerciales, territorios y redes de distribución ilícita.
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“Tenemos regiones donde la excepción es la legalidad”, advirtió Benítez, lo que pone en desventaja a quienes producen y comercian dentro de la misma.
Datos clave. El contrabando de cigarrillos se ha convertido en un negocio multimillonario que erosiona las compañías y enriquece a estructuras terroristas. Las cifras revelan una economía paralela en expansión.
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LAC consume 79 000M de cigarrillos ilegales al año; siete de cada 10 vienen de Paraguay.
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Las pérdidas equivalen al 78 % del presupuesto público regional en educación. El daño no solo es fiscal, es productivo.
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La región triplica el promedio global de consumo de productos ilícitos, afectando la competencia leal entre empresas.
Entre líneas. El crimen ya no se limita a operar desde las sombras: disputa espacios políticos, económicos y territoriales. En este escenario, el empresariado formal queda expuesto y en desventaja.
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En algunas ciudades de Brasil, las mafias obligan a vender solo cigarrillos ilegales bajo amenaza de muerte.
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Aumentos impositivos desproporcionados han desplazado el consumo hacia el contrabando, como ocurrió en Chile y Argentina.
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Benítez advirtió que, si los impuestos superan lo razonable, empujarían al mercado hacia alternativas informales.
Ahora qué. El sector empresarial debe liderar con propuestas, tecnología y cooperación estratégica. Proteger el comercio formal es defender la democracia y el desarrollo.
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Iniciativas como el programa IMPACT o la mesa antipiratería en Argentina muestran cómo la articulación público-privada puede dar resultados concretos.
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“Tenemos que despertar. Si no ocupamos ciertos espacios, lo harán las organizaciones criminales”, concluyó Benítez.
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La inversión en IA, trazabilidad y educación cívica son claves para recuperar mercados y confianza.
El comercio ilícito dejó de ser un simple delito económico: hoy representa una amenaza estructural para la seguridad, la economía y la gobernabilidad en Latinoamérica. La convergencia entre crimen organizado y terrorismo se nutre de este fenómeno, erosionando el terreno empresarial.
Por qué importa. Constituye una amenaza para la estabilidad de los mercados legales y la gobernabilidad democrática. Su expansión debilita la competencia, afecta la inversión y limita el desarrollo de compañías formales.
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Juan José Benítez, abogado penalista y expositor en la conferencia “Comercio Ilícito LAT: nexo entre el crimen organizado y el terrorismo” organizada por FECAICA, afirmó que el crimen no solo busca fondos, trata de destruir el legado y la trayectoria de las empresas.
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La zona pierde recaudación fiscal, empleos formales y seguridad jurídica frente a redes que no respetan normas ni fronteras.
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Según el BM el accionar delictivo limitará el crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe más que en cualquier otra parte del mundo.
En el radar. La delincuencia organizada y el terrorismo ya no son mundos separados: operan juntos, comparten tácticas y objetivos. Esta convergencia desestabiliza instituciones y amenaza el ecosistema de los negocios.
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La ONU ha documentado alianzas de corto plazo y estructuras híbridas entre grupos narcos y células extremistas.
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Organizaciones criminales como el Tren de Aragua venezolano, el PCC brasileño y el Cártel de Sinaloa mexicano ahora controlan rutas comerciales, territorios y redes de distribución ilícita.
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“Tenemos regiones donde la excepción es la legalidad”, advirtió Benítez, lo que pone en desventaja a quienes producen y comercian dentro de la misma.
Datos clave. El contrabando de cigarrillos se ha convertido en un negocio multimillonario que erosiona las compañías y enriquece a estructuras terroristas. Las cifras revelan una economía paralela en expansión.
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LAC consume 79 000M de cigarrillos ilegales al año; siete de cada 10 vienen de Paraguay.
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Las pérdidas equivalen al 78 % del presupuesto público regional en educación. El daño no solo es fiscal, es productivo.
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La región triplica el promedio global de consumo de productos ilícitos, afectando la competencia leal entre empresas.
Entre líneas. El crimen ya no se limita a operar desde las sombras: disputa espacios políticos, económicos y territoriales. En este escenario, el empresariado formal queda expuesto y en desventaja.
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En algunas ciudades de Brasil, las mafias obligan a vender solo cigarrillos ilegales bajo amenaza de muerte.
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Aumentos impositivos desproporcionados han desplazado el consumo hacia el contrabando, como ocurrió en Chile y Argentina.
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Benítez advirtió que, si los impuestos superan lo razonable, empujarían al mercado hacia alternativas informales.
Ahora qué. El sector empresarial debe liderar con propuestas, tecnología y cooperación estratégica. Proteger el comercio formal es defender la democracia y el desarrollo.
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Iniciativas como el programa IMPACT o la mesa antipiratería en Argentina muestran cómo la articulación público-privada puede dar resultados concretos.
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“Tenemos que despertar. Si no ocupamos ciertos espacios, lo harán las organizaciones criminales”, concluyó Benítez.
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La inversión en IA, trazabilidad y educación cívica son claves para recuperar mercados y confianza.