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Fotografía: Diego Cabrera / República.

Mario Naranjo: “Tenemos aprobado un plan de expansión de USD 500 millones para 2026-2030”

La operación de EPM suma 15 años en Guatemala, marcados por inversión, electrificación y desafíos crecientes en transmisión y seguridad operativa. Su gerente general país, Mario Naranjo, explica los avances logrados y los riesgos que podrían comprometer la continuidad del suministro eléctrico en los próximos años.

¿Qué representan estos 15 años de presencia de EPM en Guatemala? 

—El Grupo EPM cumple 70 años desde su fundación en 1955. Es 100 % de capital público en Colombia, propiedad del municipio de Medellín. A Guatemala llegamos mediante la adquisición de los activos que tenía el grupo liderado por Iberdrola. Esa operación nos permitió incorporar ocho compañías del sector eléctrico. Las más reconocidas son Empresa Eléctrica como distribuidora; TRELEC, como transportista; y COMEGSA, como comercializadora líder. También contamos con ENÉRGICA y otras compañías menos conocidas, como AMESA, IDEAMSA, EEGSA y CREDIEEGSA , orientadas a servicios internos o a terceros. 

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En 2010, Guatemala se convirtió en la primera incursión internacional del grupo, impulsada por factores como idiosincrasia, cultura, perfil del cliente, potencial de crecimiento, estabilidad y seguridad jurídica. 

Además de Guatemala, tiene presencia en Chile, Panamá, El Salvador, México y Colombia. Somos una multi-utility que presta servicios de generación, transmisión, distribución, gas natural, agua potable, saneamiento y residuos sólidos. Operamos activos de distribución, transporte, comercialización y valor agregado. 

¿Qué factores atrajeron al grupo para invertir y mantenerse tantos años? 

—Desde el inicio analizamos variables políticas, económicas, sociales, normativas y ambientales. Grupo EPM es una apuesta por inversiones de largo plazo. No llegamos a un país para operaciones temporales: buscamos establecernos y aportar al desarrollo del mercado y territorio. 

Guatemala era atractiva por su certeza jurídica, tamaño de mercado y posibilidades de crecimiento. Esos factores siguen vigentes y respaldan nuestra permanencia. Celebramos 15 años, pero la visión es de largo plazo.  

He conocido familias cuyos abuelos, padres o parientes trabajaron en la empresa y hoy son accionistas minoritarios. Eso nos hace sentir parte del tejido social. En mi caso, el 1 de diciembre cumplo seis años en Guatemala. Es un país cálido que nos ha recibido muy bien. Somos una organización multicultural, pero en la práctica una compañía guatemalteca de capital colombiano: de 830 colaboradores, solo 10 somos extranjeros.

Fotografía: Diego Cabrera / República.

¿Qué buenas prácticas y aprendizajes han trasladado a Guatemala? 

—La primera es la sostenibilidad. Llevamos alrededor de 10 años siendo parte del Pacto Global y este año presentamos nuestro quinto informe bajo metodología GRI. Apostamos a la transparencia, reportería y responsabilidad hacia nuestros grupos de interés. 

Sostenibilidad significa entender qué esperan de nosotros en el corto, mediano y largo plazo. Si somos responsables con el ambiente, sociedad, territorios y gobierno corporativo, los resultados financieros llegan por sí solos. 

Otro elemento es nuestro marco ético: código de ética, manual de conflicto de intereses y cero tolerancia al soborno y corrupción. Actualizamos los conflictos cada año y desarrollamos actividades de ética para toda la organización. 

También contamos con un modelo de relacionamiento territorial que involucra a las comunidades desde la planificación de los proyectos. No llegamos a ejecutar y desaparecer; mantenemos presencia. 

Destaca también nuestro programa de prevención de accidentes, que cumplirá 15 años. Cada año llegamos a casi 30 escuelas, hemos impactado a 500 000 niños y cerca de 2M de personas de forma indirecta. La electricidad aporta grandes beneficios, pero requiere manejo seguro. 

Tenemos además un sistema robusto de seguridad industrial y salud ocupacional enfocado en cero accidentes. Tanto en personal propio como en contratistas. 

Finalmente, nuestro programa de inclusión. Alrededor del 2.5 % de nuestro equipo está conformado por personas con diferentes tipos de discapacidad. No es una cuota ni una moda; es una realidad que asumimos con convicción. 

¿Cómo han estado las inversiones en estos 15 años? 

—En transmisión, TRELEC opera cerca de 800 kilómetros de líneas y 85 subestaciones, con una participación del 27 % del mercado. Somos el primer transportista privado y el segundo después del INDE. Tenemos un plan de expansión de 60 proyectos, muchos ya en ejecución. 

En distribución, atendemos cerca de 1.6M de clientes y conectamos alrededor de 50 000 nuevos usuarios al año. Tenemos un 99.8 % de cobertura en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, y trabajamos para alcanzar la cobertura universal mediante proyectos de electrificación rural. 

Las pérdidas técnicas y no técnicas están por debajo del 5 %, muy por debajo del límite regulatorio. En calidad del servicio, la duración promedio de interrupciones propias es de 4.5 horas al año y la frecuencia, entre 3 y 3.5 eventos. Incluyendo el mercado regional, los valores rondan nueve horas y nueve interrupciones.

Fotografía: Diego Cabrera / República.

COMEGSA tiene cerca del 22 % del mercado y atiende a una tercera parte de los grandes usuarios del país. El consumo promedio residencial es de 120–122 kWh mensuales. Todavía existe un alto uso de leña en el país, alrededor del 60 % de la matriz energética. 

En inversión, el año pasado destinamos GTQ 384M a infraestructura eléctrica. En 15 años superamos los GTQ 6500M. Para 2026–2030 tenemos aprobado un plan de USD 500M. 

El Estado posee el 14 % de EEGSA, TRELEC y COMEGSA ; le pagamos cerca de GTQ 660M impuestos y más de GTQ 70M en dividendos el año pasado. Nuestro índice de recuperación de pagos es de 20–21 días; el Estado paga en 13–14 días. 

Atendemos 46 municipalidades. Guatemala aporta cerca del 60 % de los recursos internacionales del grupo y alrededor del 11 % de los resultados totales de EPM. 

¿Cómo avanzan sus objetivos de resiliencia digital y eficiencia operativa en la red eléctrica? 

—Una red más automatizada permite accionar y transferir circuitos de forma remota, reduciendo cortes y fallas. También facilita el monitoreo y habilita desarrollos asociados a ciudades inteligentes, como telegestión o videovigilancia. 

En eficiencia operativa, los negocios regulados tienen un monto reconocido para operar. Cualquier ineficiencia afecta directamente los resultados. Cada cinco años, en distribución, y cada dos, en transmisión, somos comparados con empresas eficientes. Si un parámetro sale fuera del rango, debemos ajustarnos. 

Uno de los retos es llegar más rápido a atender eventos. Otros son los choques diarios de postes, que generan daños que la comunidad no siempre percibe. También enfrentamos robo de infraestructura; en algún momento nos robaban un transformador al día. Aunque ha disminuido, sigue siendo un reto en áreas urbanas y rurales. 

¿Cómo avanza el plan de expansión de TRELEC considerando la creciente demanda eléctrica? 

—Tenemos 60 proyectos autorizados y cerca de la mitad ejecutados. Este año entrarán en operación alrededor de 15. Las inversiones en transmisión requieren anticipación: algunos equipos tardan hasta dos años en fabricarse. 

La demanda del país crece cerca del 6 % y en nuestra área alrededor del 3 %. El desarrollo industrial y urbano aumenta la necesidad de expandir la red de distribución. Pero si no hay capacidad en subestaciones, no puede atenderse la nueva demanda, por lo que debe ampliarse también la transmisión. 

Antes se planificaba a 10 o 15 años; hoy cinco años ya es largo plazo. Guatemala tiene ventajas estratégicas —ubicación, acceso a dos océanos, cercanía con mercados clave— que favorecen la llegada de inversión. Todo ello requiere electricidad.

Fotografía: Diego Cabrera / República.

¿Cómo ve el panorama de la PEG-5? 

— Las distribuidoras debemos contratar el 100 % de la energía y potencia mediante subastas. La PET-1 permitió hace más de una década una reducción tarifaria cercana al 30 %, lo que reflejó el éxito del mecanismo. 

En los dos últimos años no hemos logrado contratar el 100 % de la energía por falta de oferta, no por falta de energía. Estamos viendo que la oferta y la demanda se están ajustando y hoy, no hay los excedentes de oferta que tuvimos hace algunos años.

La PEG-5 es clave: busca cerca de 1400 MW para iniciar suministro en 2030 durante 15 años. Se han vendido más de 25 bases y se han hecho rondas de promoción en varios países. La subasta recibirá ofertas técnicas en febrero y se realizará en abril. Además, recientemente tuvimos el cierre de uno de los bloques de la licitación de corto plazo este año.

¿Cómo evalúa el impacto de PET-3 y retos actuales en la transmisión eléctrica del país? 

— Los proyectos deben ejecutarse. El ministro ha señalado acciones desde el gobierno. La generación necesita conectarse a transmisión y distribución. Guatemala debe acelerar el desarrollo de proyectos de transmisión. 

Además de las PET, existen acuerdos entre partes e iniciativas propias de cara a ejecutar los proyectos que estaban contenidos en la PET-3. Los últimos proyectos aprobados para TRELEC se gestionaron así porque la demanda lo exige. 

La infraestructura debe crecer de forma coordinada: conectar lo adjudicado en PET-4 con lo que vendrá en PEG-5. Se requiere la participación del Estado y del sector privado. De lo contrario, podríamos tener generación sin forma de inyectarla a la red, que permiten ejecutar los proyectos por parte de los interesados y estos son mecanismos que pueden utilizarse en el marco de la regulación existente.

¿Los problemas de la PET-3 revelan una falla puntual o un síntoma de un entorno más amplio? 

— No es falta de inversión. Nuestro plan de expansión es de USD 500M y hay otros inversionistas relevantes. Es un desafío puntual en transmisión, aunque puede afectar generación. Los proyectos tienen trazados largos y requieren licencias, permisos, servidumbres y trabajo comunitario. 

En TRELEC tenemos un tramo suspendido desde hace más de cinco años. Son solo dos kilómetros entre Río Grande y Camotán, pero la comunidad no acepta el proyecto pese a contar con permisos. Ese tramo permitiría electrificación rural en toda la zona. El acompañamiento del gobierno sería determinante para destrabarlo. Son los riesgos que debe gestionar el inversionista, pero donde la participación y acompañamiento del Estado permite garantizar la ejecución y mitigar parte de los riesgos.

Fotografía: Diego Cabrera / República.

¿El Estado está consciente del problema? 

—El acompañamiento del Gobierno sería determinante para agilizar su avance. El ministerio ha señalado que el Estado debe tener un rol más participativo, no solo como gobierno, sino como inversionista y facilitador junto al sector privado. 

Estos retos no son exclusivos de Guatemala: en muchos países los proyectos de transmisión enfrentan bloqueos geográficos, de permisos o licencias. Debemos trabajar el tema como país. Si no avanzamos, podríamos llegar a tener generación sin posibilidad de conectarla a las redes de distribución, tal como lo dijimos anteriormente.

Vídeo y edición: Gary Alvarado y Diego Cabrera

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