EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luis Fernando Villegas, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia asesorando políticas de biocombustibles en Latinoamérica, asegura que el uso de etanol es una decisión de política pública con beneficios comprobados.
Destaca que Guatemala cuenta con infraestructura compatible, etanol de alta calidad certificado por California y Europa, así como con potencial para dinamizar su economía rural mediante una transición energética responsable.
Qué condiciones han sido clave para que el etanol funcione como política energética?
—Mira, hay un factor predominante en todos los países donde hoy se consumen los biocombustibles y es que existe una alta responsabilidad ambiental. Siempre ha arrancado como una política ambiental con el fin de reducir la emisión de gases y efectos invernadero.
Entonces los ministerios ambientales siempre han estado a la cabeza de este tipo de formulación de políticas públicas. De ahí se han sumado los ministerios de minas y energías para optimizar su canasta energética y dejar de depender de los países productores de petróleo.
Digamos que esos han sido los dos inputs que han logrado que los países arranquen con los biocombustibles y que estas sean políticas estables a largo plazo.
¿Qué riesgos implica imponer el etanol sin tener infraestructura adecuada en Guatemala?
—Bueno, lo que me llama la atención es que Guatemala está más preparada que cualquiera, porque toda Sudamérica, Centro y Sudamérica somos los mismos. Las mismas gasolineras que hay en Guatemala, con los mismos estándares y todo, son las que están en todos los países que hoy tienen etanol. Las mismas plantas de distribución son las mismas, las compañías petroleras son las mismas porque son transnacionales.
Entonces lo que aquí se determina es que es una voluntad, una voluntad tanto política como de los actores que están en la cadena, porque las transformaciones son mínimas. Ellos tienen experiencia y saben qué hacer.
Ya en forma concreta, en una planta de distribución lo único que se necesita es tener un almacenamiento para ese etanol porque va a ser un producto nuevo. Se hacen unas modificaciones muy mínimas para la mezcla. En la estación de servicio no hay que hacer nada, solo mantener disciplina en sus procedimientos. Hay que hacer una limpieza previa antes de recepcionar el etanol para evitar problemas, pero no se cambia nada: ni manguera, ni pistola, ni tanques.
Los tanques pueden ser metálicos, que son totalmente compatibles con el etanol, o de fibra. Tampoco hay que cambiarlos. En los países donde hay biocombustibles hay gasolineras con tanques metálicos y con tanques de fibra.
¿Las gasolineras pueden usar la excusa de que deben hacer una inversión extra?
—Lo que pasa es que lastimosamente estos programas se han aprovechado para obligar a que los gobiernos ayuden a las petroleras a cambiar sus tanques.
Pero el hecho de que una petrolera quiera cambiar los tanques de las gasolineras de tanques metálicos a tanques de doble pared nada tiene que ver con el etanol. Es simplemente una responsabilidad ambiental. La norma mundial exige tanques de doble pared para detectar fugas antes de que lleguen al subsuelo, pero no es por el etanol.
Si ahora se van a pegar de eso para cambiar sus tanques, eso no tiene nada que ver con el etanol. Aun así, lo podrían seguir utilizando. En Sudamérica hay estaciones con tanques metálicos y no han tenido problema.
¿Qué tan viable es el argumento de seguridad energética con etanol en Guatemala?
—Una de las bondades de los biocombustibles, especialmente si son de producción propia, es que dejan de depender de factores externos como el precio del petróleo, que afecta transporte, canasta básica y más.
Si un país decide utilizar biocombustibles, sea de producción nacional o importados, se convierte en un amortiguador del precio del petróleo.
Si es nacional, el dinero se queda en el país y genera empleo. Si es importado, como en Guatemala, también hay ventaja porque el precio del etanol lo rigen millones de productores, no solo cuatro actores como pasa con el petróleo (OPEC, EE. UU. y Rusia).
Se ha demostrado en muchos países que el etanol es un buen amortiguador de la canasta energética
¿Cómo justificar la obligatoriedad del etanol sin afectar la libre competencia?
—Hay que entender que es una política pública. Una política pública se toma cuando el beneficio es para la mayoría, y el de los biocombustibles es netamente ambiental.
Ya está demostrado que no hay contradicción en ello. Si quiero un beneficio ambiental, puedo usar electromovilidad, pero no crece al ritmo deseado. Energía solar no sirve para transporte. Solo quedan los biocombustibles como opción viable y escalable.
Por eso, las políticas ambientales incorporan biocombustibles para reducir la huella de carbono. Se reemplaza un aditivo (el MTBE), prohibido en EE. UU., por etanol, que es un aditivo noble.
No se debe pedir permiso por aplicar una política pública de Estado. Hasta el 10% de mezcla, todos los países con biocombustibles lo hacen por obligación y ni lo publican. No existe país en el mundo con libertad entre 0 y 10%. Ni siquiera Estados Unidos.
¿Qué evidencia concreta hay sobre la reducción de emisiones por uso de etanol?
—Está bien demostrado el impacto de los biocombustibles. Ya se ha medido en ciudades capitales altamente contaminadas como Ciudad de México, Nueva Delhi o Bogotá.
Se toman mediciones antes y después, y la reducción de gases de efecto invernadero puede llegar hasta un 70%. Esto ya está cuantificado para Guatemala con modelos que incluyen parque automotor, edad de vehículos, etc.
Sobre la producción intensiva, si usamos un biocombustible ambiental, no podemos producirlo contaminando. Por eso la caña de azúcar es la fuente más noble, con menor huella de carbono.
Guatemala es líder en etanol de caña de azúcar y destaca por producir etanol avanzado, certificado por Europa, que reduce hasta un 70% la huella en su proceso productivo.
Eso se logra porque usan el bagazo de caña como fuente de energía y extraen etanol de melaza, un subproducto, sin competir con la producción de azúcar.
¿Puede el etanol impulsar el desarrollo rural y activar cadenas productivas?
—La industria petrolera y la distribución no utiliza mucha mano de obra. Tiene una planta que despacha y un sistema que distribuye a estaciones.
Con los biocombustibles es diferente. Se activa el agro, con fertilizantes, maquinaria, trabajo en el campo, y dinamiza la economía rural.
Después, en el proceso de mezcla y distribución, se activan sectores como mantenimiento de vehículos y más.
Al final, el impacto económico de los biocombustibles es superior, sobre todo en un país como Guatemala que importa todo su combustible. En países que extraen y refinan petróleo, el impacto sería menor. Pero en Guatemala, donde todo se importa, el efecto es muy significativo y ya está medido.
¿Qué garantías hay de que los beneficios no se concentren en grandes productores?
—Una ventaja es que la normativa guatemalteca permite la libre importación. Los distribuidores pueden comprar etanol local o importado, y elegir entre etanol avanzado o convencional.
Eso genera competencia. Cuando un distribuidor va a comprar, puede conseguir etanol más barato localmente, sin costos de importación.
Ya no será necesario traerlo de otros países. Eso baja costos. El precio final dependerá de cómo se formule por parte del Ministerio y los actores del mercado.
No habrá garantía política, sino una garantía de mercado: el mejor precio prevalecerá. Las distribuidoras, naturalmente, buscarán ahorrar y comprarán local.
¿Cuál es el mensaje final que desea compartir con los guatemaltecos sobre este tema?
—Mira, el mensaje que siempre les digo a los guatemaltecos es que ustedes tienen el paraíso más grande del mundo en biocombustibles. Son los mejores productores del mejor etanol del mundo.
Exportan a mercados muy exigentes como California y Europa, donde las normativas ambientales son altísimas. Y aun así, venden allá.
Mientras tanto, lo consumido internamente es importado y de menor calidad. No tiene sentido.
No sigan mandando lo mejor afuera y trayendo lo peor para el país. Esta es una decisión de política de Estado, tanto económica como de conciencia social, que además trae un beneficio ambiental: reemplazar el 10% de un combustible contaminante por uno completamente limpio.
Luis Fernando Villegas, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia asesorando políticas de biocombustibles en Latinoamérica, asegura que el uso de etanol es una decisión de política pública con beneficios comprobados.
Destaca que Guatemala cuenta con infraestructura compatible, etanol de alta calidad certificado por California y Europa, así como con potencial para dinamizar su economía rural mediante una transición energética responsable.
Qué condiciones han sido clave para que el etanol funcione como política energética?
—Mira, hay un factor predominante en todos los países donde hoy se consumen los biocombustibles y es que existe una alta responsabilidad ambiental. Siempre ha arrancado como una política ambiental con el fin de reducir la emisión de gases y efectos invernadero.
Entonces los ministerios ambientales siempre han estado a la cabeza de este tipo de formulación de políticas públicas. De ahí se han sumado los ministerios de minas y energías para optimizar su canasta energética y dejar de depender de los países productores de petróleo.
Digamos que esos han sido los dos inputs que han logrado que los países arranquen con los biocombustibles y que estas sean políticas estables a largo plazo.
¿Qué riesgos implica imponer el etanol sin tener infraestructura adecuada en Guatemala?
—Bueno, lo que me llama la atención es que Guatemala está más preparada que cualquiera, porque toda Sudamérica, Centro y Sudamérica somos los mismos. Las mismas gasolineras que hay en Guatemala, con los mismos estándares y todo, son las que están en todos los países que hoy tienen etanol. Las mismas plantas de distribución son las mismas, las compañías petroleras son las mismas porque son transnacionales.
Entonces lo que aquí se determina es que es una voluntad, una voluntad tanto política como de los actores que están en la cadena, porque las transformaciones son mínimas. Ellos tienen experiencia y saben qué hacer.
Ya en forma concreta, en una planta de distribución lo único que se necesita es tener un almacenamiento para ese etanol porque va a ser un producto nuevo. Se hacen unas modificaciones muy mínimas para la mezcla. En la estación de servicio no hay que hacer nada, solo mantener disciplina en sus procedimientos. Hay que hacer una limpieza previa antes de recepcionar el etanol para evitar problemas, pero no se cambia nada: ni manguera, ni pistola, ni tanques.
Los tanques pueden ser metálicos, que son totalmente compatibles con el etanol, o de fibra. Tampoco hay que cambiarlos. En los países donde hay biocombustibles hay gasolineras con tanques metálicos y con tanques de fibra.
¿Las gasolineras pueden usar la excusa de que deben hacer una inversión extra?
—Lo que pasa es que lastimosamente estos programas se han aprovechado para obligar a que los gobiernos ayuden a las petroleras a cambiar sus tanques.
Pero el hecho de que una petrolera quiera cambiar los tanques de las gasolineras de tanques metálicos a tanques de doble pared nada tiene que ver con el etanol. Es simplemente una responsabilidad ambiental. La norma mundial exige tanques de doble pared para detectar fugas antes de que lleguen al subsuelo, pero no es por el etanol.
Si ahora se van a pegar de eso para cambiar sus tanques, eso no tiene nada que ver con el etanol. Aun así, lo podrían seguir utilizando. En Sudamérica hay estaciones con tanques metálicos y no han tenido problema.
¿Qué tan viable es el argumento de seguridad energética con etanol en Guatemala?
—Una de las bondades de los biocombustibles, especialmente si son de producción propia, es que dejan de depender de factores externos como el precio del petróleo, que afecta transporte, canasta básica y más.
Si un país decide utilizar biocombustibles, sea de producción nacional o importados, se convierte en un amortiguador del precio del petróleo.
Si es nacional, el dinero se queda en el país y genera empleo. Si es importado, como en Guatemala, también hay ventaja porque el precio del etanol lo rigen millones de productores, no solo cuatro actores como pasa con el petróleo (OPEC, EE. UU. y Rusia).
Se ha demostrado en muchos países que el etanol es un buen amortiguador de la canasta energética
¿Cómo justificar la obligatoriedad del etanol sin afectar la libre competencia?
—Hay que entender que es una política pública. Una política pública se toma cuando el beneficio es para la mayoría, y el de los biocombustibles es netamente ambiental.
Ya está demostrado que no hay contradicción en ello. Si quiero un beneficio ambiental, puedo usar electromovilidad, pero no crece al ritmo deseado. Energía solar no sirve para transporte. Solo quedan los biocombustibles como opción viable y escalable.
Por eso, las políticas ambientales incorporan biocombustibles para reducir la huella de carbono. Se reemplaza un aditivo (el MTBE), prohibido en EE. UU., por etanol, que es un aditivo noble.
No se debe pedir permiso por aplicar una política pública de Estado. Hasta el 10% de mezcla, todos los países con biocombustibles lo hacen por obligación y ni lo publican. No existe país en el mundo con libertad entre 0 y 10%. Ni siquiera Estados Unidos.
¿Qué evidencia concreta hay sobre la reducción de emisiones por uso de etanol?
—Está bien demostrado el impacto de los biocombustibles. Ya se ha medido en ciudades capitales altamente contaminadas como Ciudad de México, Nueva Delhi o Bogotá.
Se toman mediciones antes y después, y la reducción de gases de efecto invernadero puede llegar hasta un 70%. Esto ya está cuantificado para Guatemala con modelos que incluyen parque automotor, edad de vehículos, etc.
Sobre la producción intensiva, si usamos un biocombustible ambiental, no podemos producirlo contaminando. Por eso la caña de azúcar es la fuente más noble, con menor huella de carbono.
Guatemala es líder en etanol de caña de azúcar y destaca por producir etanol avanzado, certificado por Europa, que reduce hasta un 70% la huella en su proceso productivo.
Eso se logra porque usan el bagazo de caña como fuente de energía y extraen etanol de melaza, un subproducto, sin competir con la producción de azúcar.
¿Puede el etanol impulsar el desarrollo rural y activar cadenas productivas?
—La industria petrolera y la distribución no utiliza mucha mano de obra. Tiene una planta que despacha y un sistema que distribuye a estaciones.
Con los biocombustibles es diferente. Se activa el agro, con fertilizantes, maquinaria, trabajo en el campo, y dinamiza la economía rural.
Después, en el proceso de mezcla y distribución, se activan sectores como mantenimiento de vehículos y más.
Al final, el impacto económico de los biocombustibles es superior, sobre todo en un país como Guatemala que importa todo su combustible. En países que extraen y refinan petróleo, el impacto sería menor. Pero en Guatemala, donde todo se importa, el efecto es muy significativo y ya está medido.
¿Qué garantías hay de que los beneficios no se concentren en grandes productores?
—Una ventaja es que la normativa guatemalteca permite la libre importación. Los distribuidores pueden comprar etanol local o importado, y elegir entre etanol avanzado o convencional.
Eso genera competencia. Cuando un distribuidor va a comprar, puede conseguir etanol más barato localmente, sin costos de importación.
Ya no será necesario traerlo de otros países. Eso baja costos. El precio final dependerá de cómo se formule por parte del Ministerio y los actores del mercado.
No habrá garantía política, sino una garantía de mercado: el mejor precio prevalecerá. Las distribuidoras, naturalmente, buscarán ahorrar y comprarán local.
¿Cuál es el mensaje final que desea compartir con los guatemaltecos sobre este tema?
—Mira, el mensaje que siempre les digo a los guatemaltecos es que ustedes tienen el paraíso más grande del mundo en biocombustibles. Son los mejores productores del mejor etanol del mundo.
Exportan a mercados muy exigentes como California y Europa, donde las normativas ambientales son altísimas. Y aun así, venden allá.
Mientras tanto, lo consumido internamente es importado y de menor calidad. No tiene sentido.
No sigan mandando lo mejor afuera y trayendo lo peor para el país. Esta es una decisión de política de Estado, tanto económica como de conciencia social, que además trae un beneficio ambiental: reemplazar el 10% de un combustible contaminante por uno completamente limpio.
