EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En 2025, la economía guatemalteca ha vuelto a confirmar su capacidad de resistencia. Entre cifras que inspiran confianza y decisiones que ocasionan dudas, el año dejó un balance mixto: estabilidad y flujos externos robustos convivieron con debilidades persistentes en inversión pública, logística e infraestructura, esenciales para sostener el crecimiento.
El principal activo del año fue la estabilidad macroeconómica. Guatemala cerró con inflación contenida y un entorno monetario predecible, lo que permitió una reducción gradual de la tasa líder sin presionar los precios ni deteriorar expectativas.
Este marco favoreció el consumo, protegió el poder adquisitivo y reafirmó la reputación del país como una de las economías más estables de la región, incluso en un contexto internacional volátil.
A este entorno se sumó el empuje de las remesas familiares, que alcanzaron nuevos máximos históricos y siguieron actuando como un amortiguador social y económico. El flujo constante de dólares sostuvo el consumo interno, dinamizó sectores como comercio y servicios y ayudó a compensar la debilidad de la inversión pública.
Este vínculo con EE. UU. tuvo, también, una contracara menos visible. El acuerdo migratorio firmado a principios de año amplió las responsabilidades operativas del Estado. Esto introdujo presiones presupuestarias que, hasta el momento, no están en la agenda.
Asimismo, la inversión extranjera directa mostró señales positivas, con proyectos en manufactura, logística y servicios que mantuvieron el interés de capitales foráneos, aunque todavía lejos del potencial que podría atraerse con mejores condiciones estructurales.
La recaudación tributaria fue otro punto a favor. El incremento de los ingresos fiscales reflejó una economía activa y brindó mayor holgura al Estado. Sin embargo, este avance convivió con una de las principales sombras del año: un presupuesto creciente, pero sin una brújula clara de desarrollo. El alza del gasto se concentró en funcionamiento, mientras la inversión estratégica —infraestructura, logística, carreteras— siguió mostrando una ejecución limitada y fragmentada.
Esta orientación del gasto se deriva de la problemática legislativa. La inactividad del Congreso no solo se tradujo en incremento presupuestario, sino en marcos legales deficientes – como la Ley de Competencia y la Ley de CODEDES – que tendrán repercusiones sobre la productividad y las expectativas sobre la dirección del erario.
La deuda pública aumentó, con emisiones relevantes que provocaron cuestionamientos sobre su destino y efectividad. Más allá del nivel de endeudamiento, el problema radicó en la falta de una estrategia clara sobre cómo esos recursos contribuirían a elevar productividad, competitividad y crecimiento de largo plazo.
Las debilidades estructurales se hicieron más visibles en la logística. Puertos saturados, carreteras deterioradas y congestionamiento urbano elevaron costos para empresas y exportadores, restando eficiencia. Estos cuellos de botella, sumados a la falta de certeza jurídica en sectores estratégicos, limitaron el impacto positivo de la estabilidad macroeconómica. A ello se suma un presagio de las condiciones de Guatemala: los temblores son un gigante dormido. La fragilidad estructural del país se ve reflejada en los costos económicos que suponen la planificación urbana, cobertura y redes logísticas bajo escenarios de riesgo extremo.
A pesar de estas debilidades, el acuerdo para la modernización de Puerto Quetzal fue uno de los mayores aciertos. El Ejecutivo atacó uno de los problemas sistémicos de los precios y producción, especialmente dentro del reordenamiento de cadenas de valor por las luchas geopolíticas internacionales.
Así, 2025 ha dejado una lección pertinaz: Guatemala mantiene el equilibrio, pero sigue postergando las decisiones que convierten estabilidad en desarrollo. Se requiere pasar de la prudencia macroeconómica a una agenda clara de inversión, infraestructura y productividad que permita aprovechar —y no solo resistir— el ciclo económico.
En 2025, la economía guatemalteca ha vuelto a confirmar su capacidad de resistencia. Entre cifras que inspiran confianza y decisiones que ocasionan dudas, el año dejó un balance mixto: estabilidad y flujos externos robustos convivieron con debilidades persistentes en inversión pública, logística e infraestructura, esenciales para sostener el crecimiento.
El principal activo del año fue la estabilidad macroeconómica. Guatemala cerró con inflación contenida y un entorno monetario predecible, lo que permitió una reducción gradual de la tasa líder sin presionar los precios ni deteriorar expectativas.
Este marco favoreció el consumo, protegió el poder adquisitivo y reafirmó la reputación del país como una de las economías más estables de la región, incluso en un contexto internacional volátil.
A este entorno se sumó el empuje de las remesas familiares, que alcanzaron nuevos máximos históricos y siguieron actuando como un amortiguador social y económico. El flujo constante de dólares sostuvo el consumo interno, dinamizó sectores como comercio y servicios y ayudó a compensar la debilidad de la inversión pública.
Este vínculo con EE. UU. tuvo, también, una contracara menos visible. El acuerdo migratorio firmado a principios de año amplió las responsabilidades operativas del Estado. Esto introdujo presiones presupuestarias que, hasta el momento, no están en la agenda.
Asimismo, la inversión extranjera directa mostró señales positivas, con proyectos en manufactura, logística y servicios que mantuvieron el interés de capitales foráneos, aunque todavía lejos del potencial que podría atraerse con mejores condiciones estructurales.
La recaudación tributaria fue otro punto a favor. El incremento de los ingresos fiscales reflejó una economía activa y brindó mayor holgura al Estado. Sin embargo, este avance convivió con una de las principales sombras del año: un presupuesto creciente, pero sin una brújula clara de desarrollo. El alza del gasto se concentró en funcionamiento, mientras la inversión estratégica —infraestructura, logística, carreteras— siguió mostrando una ejecución limitada y fragmentada.
Esta orientación del gasto se deriva de la problemática legislativa. La inactividad del Congreso no solo se tradujo en incremento presupuestario, sino en marcos legales deficientes – como la Ley de Competencia y la Ley de CODEDES – que tendrán repercusiones sobre la productividad y las expectativas sobre la dirección del erario.
La deuda pública aumentó, con emisiones relevantes que provocaron cuestionamientos sobre su destino y efectividad. Más allá del nivel de endeudamiento, el problema radicó en la falta de una estrategia clara sobre cómo esos recursos contribuirían a elevar productividad, competitividad y crecimiento de largo plazo.
Las debilidades estructurales se hicieron más visibles en la logística. Puertos saturados, carreteras deterioradas y congestionamiento urbano elevaron costos para empresas y exportadores, restando eficiencia. Estos cuellos de botella, sumados a la falta de certeza jurídica en sectores estratégicos, limitaron el impacto positivo de la estabilidad macroeconómica. A ello se suma un presagio de las condiciones de Guatemala: los temblores son un gigante dormido. La fragilidad estructural del país se ve reflejada en los costos económicos que suponen la planificación urbana, cobertura y redes logísticas bajo escenarios de riesgo extremo.
A pesar de estas debilidades, el acuerdo para la modernización de Puerto Quetzal fue uno de los mayores aciertos. El Ejecutivo atacó uno de los problemas sistémicos de los precios y producción, especialmente dentro del reordenamiento de cadenas de valor por las luchas geopolíticas internacionales.
Así, 2025 ha dejado una lección pertinaz: Guatemala mantiene el equilibrio, pero sigue postergando las decisiones que convierten estabilidad en desarrollo. Se requiere pasar de la prudencia macroeconómica a una agenda clara de inversión, infraestructura y productividad que permita aprovechar —y no solo resistir— el ciclo económico.
