EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cerca de la medianoche y tras una serie de negociaciones del ala oficialista, el Congreso consiguió la aprobación —de urgencia nacional y en un solo debate — de la Ley de Competencia. El miércoles 20 de noviembre, 122 diputados dieron su voto a favor.
La Ley cuenta con 121 artículos que abordan prácticas relativas y absolutas anticompetitivas. Según el MINECO, será un motor de bienestar, catalizador de equidad en la competitividad y factor de crecimiento.
República Empresa conversó con el economista Lisardo Bolaños para conocer las primeras impresiones.
¿Qué sensación le deja la aprobación de la Ley de Competencia? Teniendo en cuenta que fue de urgencia nacional
— Primero, es una de las prioridades del actual gobierno y su bancada. Entonces tiene sentido. Se veía que de alguna manera iban a gestionarlo. Sucede que es de cara a la aprobación del presupuesto para el próximo año y eso abrió la oportunidad para tener los votos necesarios.
Aprobarla de urgencia permitió que no se les “esfumaran los votos”. Carecían de tiempo para más sesiones. Un elemento a tener en cuenta es que necesitaron reuniones adicionales.
No tomó por sorpresa la aprobación. De hecho, de alguna manera sabíamos que esto venía.
¿Qué fue lo que se aprobó?
— Lo importante es que el Congreso termina aprobando la Ley casi íntegra. Fue aproximadamente el 97 % del dictamen propuesto por la Comisión de Economía. Esa resolución proviene de una discusión en que se toman en consideración propuestas de distintas bancadas.
Esa Comisión hizo un esfuerzo crucial para escuchar a los distintos partidos políticos y entender cuáles eran las limitaciones del dictamen anterior. Se reconocieron cuestiones de ilegalidades y problemas existentes y que había que superar.
Un ejemplo es que la iniciativa reconocía que en temas de la investigación existe la información reservada. El problema es que al quedar bajo ese parámetro, no estaba claro si la persona investigada iba a tener acceso a la misma. En el dictamen nuevo sí la tiene.
En la propuesta, Semilla no quería dar acceso. ¿Por qué es importante? Hay que recordar que la agrupación había estado teniendo problemas por información reservada de los casos del MP. Era irónicamente una incongruencia.
¿Algo relevante de ese 3 % restante?
— Fueron cuatro artículos más el de aprobación por urgencia nacional. De esos diría que el que más llama la atención es que se necesita un proceso de aprobación para fusiones y adquisiciones.
Si se compra a un competidor, se necesita una aprobación. Lo que sucedió fue que Semilla pidió que se quitara la palabra ‘competidores’. Eso significa que una compañía grande ya no puede comprar empresas pequeñas de otros sectores.
Lo que están diciendo es que les preocupa que existan economías de alcance. Eso provocaría que una empresa grande entre a otros sectores —y con el poder que tiene— domine a otros.
El problema es que, por el otro lado, se genera un obstáculo importante para el crecimiento de compañías y startups. Uno de los objetivos que buscan estos emprendedores con ideas nuevas, es ser comprados por firmas más grandes, para crecer y generar ingresos de manera más rápida.
Eso sí, produce una limitación importante, que llevaría a una preocupación del ecosistema emprendedor. Estos mecanismos de inversión son necesarios.
Con todo, y con la experiencia de 22 años que tengo de ver leyes de competencia en Guatemala y otros países, esta versión aprobada creo que es por mucho un buen proyecto.
¿Qué sigue ahora?
— El gobierno tendrá dos años para establecer la Superintendencia de Competencia. Necesita convocar entes denominadores para empezar el proceso de nominación de directores y superintendente. Luego, tendrá que definir un reglamento de ley y orgánico interno que la estructurará para definir cómo se organiza.
Asumiendo que el presidente emita la sanción correspondiente y se publique en el Diario Oficial, hay que esperar dos años para que se inicie el proceso de investigación y sanciones.
Se necesita un periodo de transición y creación de institucionalidad. Entiendo que será al final de diciembre de 2026 cuando veamos la activación de estos procesos.
Un comentario final…
— Es importante mencionar los elementos buenos. Uno de ellos es que se siguió la buena práctica de poner atención al modelo europeo y no al americano. Por temas de cárcel, ese hubiese sido un problema que podría haber ocasionado mucha inestabilidad a los mercados. También existía el riesgo de que se utilizara como instrumento de extorsión política en contra de la oposición. Dada la experiencia institucional de Guatemala, era importante evitar caer en esos extremos.
Comparado con otras versiones, se tiene una ley que termina siendo juiciosa y prudente. Es una versión mucho mejor de lo planteado durante estos últimos 20 años. Tardamos, pero valió la pena.
No quiero dejar de mencionar un tema considerable: espero que el viernes salga la reforma a la Ley de APP. Ahora el punto pasa por cómo mejorar la infraestructura, necesitamos que esta enmienda pase porque realmente puede cambiar la economía del país, más que la Ley de Competencia.
Cerca de la medianoche y tras una serie de negociaciones del ala oficialista, el Congreso consiguió la aprobación —de urgencia nacional y en un solo debate — de la Ley de Competencia. El miércoles 20 de noviembre, 122 diputados dieron su voto a favor.
La Ley cuenta con 121 artículos que abordan prácticas relativas y absolutas anticompetitivas. Según el MINECO, será un motor de bienestar, catalizador de equidad en la competitividad y factor de crecimiento.
República Empresa conversó con el economista Lisardo Bolaños para conocer las primeras impresiones.
¿Qué sensación le deja la aprobación de la Ley de Competencia? Teniendo en cuenta que fue de urgencia nacional
— Primero, es una de las prioridades del actual gobierno y su bancada. Entonces tiene sentido. Se veía que de alguna manera iban a gestionarlo. Sucede que es de cara a la aprobación del presupuesto para el próximo año y eso abrió la oportunidad para tener los votos necesarios.
Aprobarla de urgencia permitió que no se les “esfumaran los votos”. Carecían de tiempo para más sesiones. Un elemento a tener en cuenta es que necesitaron reuniones adicionales.
No tomó por sorpresa la aprobación. De hecho, de alguna manera sabíamos que esto venía.
¿Qué fue lo que se aprobó?
— Lo importante es que el Congreso termina aprobando la Ley casi íntegra. Fue aproximadamente el 97 % del dictamen propuesto por la Comisión de Economía. Esa resolución proviene de una discusión en que se toman en consideración propuestas de distintas bancadas.
Esa Comisión hizo un esfuerzo crucial para escuchar a los distintos partidos políticos y entender cuáles eran las limitaciones del dictamen anterior. Se reconocieron cuestiones de ilegalidades y problemas existentes y que había que superar.
Un ejemplo es que la iniciativa reconocía que en temas de la investigación existe la información reservada. El problema es que al quedar bajo ese parámetro, no estaba claro si la persona investigada iba a tener acceso a la misma. En el dictamen nuevo sí la tiene.
En la propuesta, Semilla no quería dar acceso. ¿Por qué es importante? Hay que recordar que la agrupación había estado teniendo problemas por información reservada de los casos del MP. Era irónicamente una incongruencia.
¿Algo relevante de ese 3 % restante?
— Fueron cuatro artículos más el de aprobación por urgencia nacional. De esos diría que el que más llama la atención es que se necesita un proceso de aprobación para fusiones y adquisiciones.
Si se compra a un competidor, se necesita una aprobación. Lo que sucedió fue que Semilla pidió que se quitara la palabra ‘competidores’. Eso significa que una compañía grande ya no puede comprar empresas pequeñas de otros sectores.
Lo que están diciendo es que les preocupa que existan economías de alcance. Eso provocaría que una empresa grande entre a otros sectores —y con el poder que tiene— domine a otros.
El problema es que, por el otro lado, se genera un obstáculo importante para el crecimiento de compañías y startups. Uno de los objetivos que buscan estos emprendedores con ideas nuevas, es ser comprados por firmas más grandes, para crecer y generar ingresos de manera más rápida.
Eso sí, produce una limitación importante, que llevaría a una preocupación del ecosistema emprendedor. Estos mecanismos de inversión son necesarios.
Con todo, y con la experiencia de 22 años que tengo de ver leyes de competencia en Guatemala y otros países, esta versión aprobada creo que es por mucho un buen proyecto.
¿Qué sigue ahora?
— El gobierno tendrá dos años para establecer la Superintendencia de Competencia. Necesita convocar entes denominadores para empezar el proceso de nominación de directores y superintendente. Luego, tendrá que definir un reglamento de ley y orgánico interno que la estructurará para definir cómo se organiza.
Asumiendo que el presidente emita la sanción correspondiente y se publique en el Diario Oficial, hay que esperar dos años para que se inicie el proceso de investigación y sanciones.
Se necesita un periodo de transición y creación de institucionalidad. Entiendo que será al final de diciembre de 2026 cuando veamos la activación de estos procesos.
Un comentario final…
— Es importante mencionar los elementos buenos. Uno de ellos es que se siguió la buena práctica de poner atención al modelo europeo y no al americano. Por temas de cárcel, ese hubiese sido un problema que podría haber ocasionado mucha inestabilidad a los mercados. También existía el riesgo de que se utilizara como instrumento de extorsión política en contra de la oposición. Dada la experiencia institucional de Guatemala, era importante evitar caer en esos extremos.
Comparado con otras versiones, se tiene una ley que termina siendo juiciosa y prudente. Es una versión mucho mejor de lo planteado durante estos últimos 20 años. Tardamos, pero valió la pena.
No quiero dejar de mencionar un tema considerable: espero que el viernes salga la reforma a la Ley de APP. Ahora el punto pasa por cómo mejorar la infraestructura, necesitamos que esta enmienda pase porque realmente puede cambiar la economía del país, más que la Ley de Competencia.
