EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La nueva Ley de Competencia guatemalteca plantea nuevas posibilidades para combatir el comercio ilícito. El reto es técnico, político e institucional. Expertos advirtieron durante el conversatorio “Comercio Formal 360”, que el tiempo corre. Urge cerrar vacíos legales y operativos.
Cómo funciona. El contrabando sigue minando la economía formal, mientras el Estado busca herramientas más eficaces para frenarlo. La Ley de Competencia podría marcar un antes y un después si logra integrarse a las políticas de control.
- Contribuyentes reportan pérdidas al año de hasta GTQ 19 700M por actividades comerciales ilegales. La cifra refleja la debilidad del sistema institucional y la falta de controles eficientes.
- Entre los sectores más afectados se encuentran alimentos, bebidas, medicamentos, cemento, calzado, tabaco y licores. Todos enfrentan competencia desleal.
- María Isabel Carrascosa, experta legal, afirmó que esta ley “puede eliminar barreras” si se articula con entidades como la SAT o el Ministerio de Salud.
Visto y no visto. El impacto económico del intercambio ilícito es alarmante. Pero más preocupante aún es su persistencia, pese a años de diagnósticos y esfuerzos dispersos para erradicarlo.
- Según estimaciones privadas, estos flagelos representan cerca del 30 % del total del mercado en algunos sectores críticos.
- El problema no solo erosiona ingresos fiscales; desincentiva la inversión, debilita la producción nacional y promueve prácticas monopólicas.
- Francisco Lima Mena, secretario general de la SIECA, advirtió que “sin una regulación fuerte, el mercado será irregular”. Propuso un enfoque regional para enfrentar el flagelo.
Punto de fricción. A pesar del avance normativo, subsisten fallas que pueden debilitar la aplicación de la ley. El tiempo y la voluntad política son factores determinantes para su éxito.
- Carrascosa señaló vacíos legales en el texto aprobado: contradicciones sobre el quórum del directorio y quién lo presidirá. “Requiere atención inmediata del Congreso”.
- Una demora en el nombramiento de autoridades también genera preocupación. La fecha límite para integrar el directorio es el 23 de junio, pero los cronogramas oficiales ya presentan retrasos.
- Sin una corrección oportuna, se corre el riesgo de que se debilite el potencial de la institución para enfrentar problemas estructurales como el contrabando.
Lo que sigue. La nueva autoridad de competencia debería tener un rol más activo en la lucha contra el comercio ilícito, siempre que aproveche las facultades otorgadas por los artículos 24 y 25 de la Ley.
- Carrascosa advirtió que si la autoridad no considera el mercado informal, “cometerá injusticias”. El riesgo es imponer sanciones descontextualizadas.
- La legislación habilita al ente regulador a emitir informes al Congreso. Una ventana para incidir en reformas que fortalezcan el combate de estos fenómenos.
- Para Lima Mena, una ley robusta a nivel regional sería el siguiente paso lógico para armonizar las regulaciones en el mercado centroamericano. “Hay que proteger la economía legal”.
En conclusión. El contrabando distorsiona precios, afecta la salud pública y mina la confianza empresarial. La oportunidad está sobre la mesa: consolidar una institucionalidad que actúe con firmeza y entienda la particularidad del mercado guatemalteco.
La nueva Ley de Competencia guatemalteca plantea nuevas posibilidades para combatir el comercio ilícito. El reto es técnico, político e institucional. Expertos advirtieron durante el conversatorio “Comercio Formal 360”, que el tiempo corre. Urge cerrar vacíos legales y operativos.
Cómo funciona. El contrabando sigue minando la economía formal, mientras el Estado busca herramientas más eficaces para frenarlo. La Ley de Competencia podría marcar un antes y un después si logra integrarse a las políticas de control.
- Contribuyentes reportan pérdidas al año de hasta GTQ 19 700M por actividades comerciales ilegales. La cifra refleja la debilidad del sistema institucional y la falta de controles eficientes.
- Entre los sectores más afectados se encuentran alimentos, bebidas, medicamentos, cemento, calzado, tabaco y licores. Todos enfrentan competencia desleal.
- María Isabel Carrascosa, experta legal, afirmó que esta ley “puede eliminar barreras” si se articula con entidades como la SAT o el Ministerio de Salud.
Visto y no visto. El impacto económico del intercambio ilícito es alarmante. Pero más preocupante aún es su persistencia, pese a años de diagnósticos y esfuerzos dispersos para erradicarlo.
- Según estimaciones privadas, estos flagelos representan cerca del 30 % del total del mercado en algunos sectores críticos.
- El problema no solo erosiona ingresos fiscales; desincentiva la inversión, debilita la producción nacional y promueve prácticas monopólicas.
- Francisco Lima Mena, secretario general de la SIECA, advirtió que “sin una regulación fuerte, el mercado será irregular”. Propuso un enfoque regional para enfrentar el flagelo.
Punto de fricción. A pesar del avance normativo, subsisten fallas que pueden debilitar la aplicación de la ley. El tiempo y la voluntad política son factores determinantes para su éxito.
- Carrascosa señaló vacíos legales en el texto aprobado: contradicciones sobre el quórum del directorio y quién lo presidirá. “Requiere atención inmediata del Congreso”.
- Una demora en el nombramiento de autoridades también genera preocupación. La fecha límite para integrar el directorio es el 23 de junio, pero los cronogramas oficiales ya presentan retrasos.
- Sin una corrección oportuna, se corre el riesgo de que se debilite el potencial de la institución para enfrentar problemas estructurales como el contrabando.
Lo que sigue. La nueva autoridad de competencia debería tener un rol más activo en la lucha contra el comercio ilícito, siempre que aproveche las facultades otorgadas por los artículos 24 y 25 de la Ley.
- Carrascosa advirtió que si la autoridad no considera el mercado informal, “cometerá injusticias”. El riesgo es imponer sanciones descontextualizadas.
- La legislación habilita al ente regulador a emitir informes al Congreso. Una ventana para incidir en reformas que fortalezcan el combate de estos fenómenos.
- Para Lima Mena, una ley robusta a nivel regional sería el siguiente paso lógico para armonizar las regulaciones en el mercado centroamericano. “Hay que proteger la economía legal”.
En conclusión. El contrabando distorsiona precios, afecta la salud pública y mina la confianza empresarial. La oportunidad está sobre la mesa: consolidar una institucionalidad que actúe con firmeza y entienda la particularidad del mercado guatemalteco.
