EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Banco de Guatemala (BANGUAT) arrojó un dato difícil de ignorar en el lanzamiento del “Tablero digital de PIB regional y departamental”: Izabal cerró 2023 con una caída del 5.8 %. El golpe se concentró en “minas y canteras”: cayó un 70 % y restó 1.5 puntos porcentuales al resultado total.
La lectura sobria es que la minería explica una parte relevante del bajón. Para la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT), de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), no fue una caída asociada a menor demanda, pérdida de competitividad o ineficiencia productiva, sino una interrupción abrupta de la actividad minera formal.
Pero hay una incomodidad adicional. El desplome fue fuerte, pero el peso corriente del rubro en 2023 ya era menor que en años previos. Aun así, cuando un sector con encadenamientos intensivos se detiene, el departamento lo resiente de inmediato, aunque el peso contable de ese año parezca “bajo”.
En términos macroeconómicos, la producción y las exportaciones pueden caer prácticamente a cero. Ese apagón se refleja de manera directa en el PIB sectorial para Izabal.
Lecturas del freno en Izabal
La explicación empresarial es que la contracción respondió “principalmente” —sostiene la Oficina de Prensa de CGN-PRONICO— a la suspensión indefinida de operaciones de uno de los proyectos industriales más grandes del departamento, ocurrida a finales de 2022. El efecto, dicen, fue inmediato. La operación quedó en fase mínima de preservación de activos y la planilla se redujo cerca de un 95 %.
A finales de 2022, CGN y PRONICO, junto con Mayaniquel, fueron designadas por la OFAC (Departamento del Tesoro de EE. UU.) bajo un régimen de sanciones. La Oficina de Prensa de CGN-PRONICO sostiene que la designación impidió operar con normalidad en lo comercial y financiero, aun con planta, equipos y demanda activos. La empresa afirma que la operación quedó detenida desde 2023 y que la nómina pasó de más de 2000 personas a menos de 150.
En enero de 2024, la empresa indica que la OFAC removió a las entidades del régimen de sanciones. CGN-PRONICO sostiene que la remoción no implicó reinicio automático. Después —añade— inició una reingeniería de gobernanza y cumplimiento (además de sostenibilidad y derechos humanos) antes de decidir una reactivación productiva. Reporta inversión en mantenimiento y fortalecimiento institucional, y USD 78.4M en 2025.
Sobre Mayaniquel, la OFAC comunicó por carta que, tras revisar la información disponible, determinó que la empresa “no cumple con los criterios para la designación” en la lista de sancionados. La compañía calificó la designación de 2022 como “errónea” y atribuyó al periodo de suspensión daños comerciales y financieros.
Un exdirector general de Energía del MEM consultado refuerza el peso del shock externo como variable dominante del corte. “El factor principal fue la sanción estadounidense”, afirma. En su lectura, la caída del PIB muestra la vulnerabilidad de un motor departamental ante un evento geopolítico-financiero que restringe operación comercial, pagos y acceso a mercados.
La gremial considera que el factor predominante estuvo en retrasos en permisos, consulta y gestión administrativa. Eso generó alta incertidumbre y obligó a detener o postergar actividades productivas mientras los procesos se resolvían conforme al marco legal. Los impactos —añade— se observan primero en el empleo directo y en el indirecto: transportistas, contratistas y proveedores. Al final, el golpe trasciende al comercio local.
Tensión local, dato firme
Hay una capa social del caso que no explica la caída del PIB por sí sola, pero sí define el entorno de operación. En Izabal existe oposición a la minería y presión por mecanismos de consulta. Un dirigente local consultado plantea que el debate no es solo “mina sí o mina no”, sino bajo qué reglas y con qué legitimidad se reanuda una operación.
Señala —con base en “sondeos” propios realizados a comerciantes— que la suspensión no afectó la economía local y que “siguió igual”. Su declaración registra una percepción, pero no cambia el dato duro: la caída sectorial del 70 %, con incidencia de 1.5 puntos en el PIB departamental, refleja un golpe real en la economía formal asociada al rubro minero.
Ambas capas coexisten. Parte del comercio cotidiano puede sostenerse, mientras se contraen el empleo formal, los proveedores y el movimiento logístico vinculados a una operación industrial. Ahí, el dato duro y el testimonio describen niveles distintos de actividad en el mismo territorio.
El exdirector del MEM exige destrabar instrumentos ambientales y credenciales, y denuncia una “moratoria de facto”. Además, abre un debate que se aborda desde ángulos distintos: quién opera el níquel, bajo qué reglas y con qué licencia social.
En su opinión, Guatemala puede ser la tercera o cuarta reserva de níquel a nivel mundial. “Ya es tiempo de que seamos los mismos guatemaltecos que podamos explotar esos recursos y que ese capital quede en Guatemala”, explica.
Por otro lado, el dirigente local indica que la postura “sería diferente si el capital fuera nacional”. El origen del capital no vuelve esa postura un contrapeso técnico, pero sí expone una tensión: el cese de operaciones lo pagan, sobre todo, trabajadores guatemaltecos. Se estima que entre un 80 % y 90 % de la planilla es nacional y, ante la falta de empleo formal, muchos terminan empujados a migrar.
Tres certezas
Entonces, ¿qué dejan las cifras del BANGUAT? Tres certezas y una advertencia. Uno, el PIB de Izabal cayó en 2023. Dos, la caída se concentra en minas y canteras, con incidencia clara. Tres, aunque el peso corriente del rubro se vea menor en 2023, su apagón mueve el termómetro departamental.
El dato no acredita una causal única, pero sí permite acotar las hipótesis. Queda un triángulo de condiciones que define si el ciclo se repite o se corrige: choques externos; condiciones internas para reactivación sostenida; y conflictividad en el territorio, que puede frenar o encarecer la reactivación.
Del lado empresarial, CGN-PRONICO habla de un reinicio gradual en el segundo trimestre de 2026. GRENAT señala que la inversión no se retrae por regulaciones estrictas, sino por regulaciones impredecibles. “Con reglas claras y apego al marco legal, el sector puede operar, invertir y aportar crecimiento sin generar conflictividad”.
Añade que el telón de fondo es un momento particularmente favorable para la minería a nivel internacional, marcado por precios elevados y una fuerte demanda de minerales críticos. Como ejemplo, cita el níquel: se ubica entre USD 17 700 y 18 000 por tonelada en febrero, reflejando su rol estratégico en la industria del acero y nuevas tecnologías.
Cuando estas variables convergen —producción, exportaciones, inversión, empleo y precios internacionales—, el impacto deja de ser marginal y se traduce en crecimiento del PIB, mayor recaudación fiscal y una dinamización sostenida de las economías locales. “Esto configura una ventana de oportunidad histórica que conviene gestionar con reglas claras, institucionalidad sólida y certeza jurídica”, aseguran.
Los siguientes pasos definirán si Izabal recupera ese motor o si el PIB del departamento sigue pagando la cuenta. Hasta abril, el banco central actualizará los datos con cifras a 2024 —más reciente de la medición—. Ahí se podrá ver si el golpe se agravó o si empezó a reencauzarse.
El Banco de Guatemala (BANGUAT) arrojó un dato difícil de ignorar en el lanzamiento del “Tablero digital de PIB regional y departamental”: Izabal cerró 2023 con una caída del 5.8 %. El golpe se concentró en “minas y canteras”: cayó un 70 % y restó 1.5 puntos porcentuales al resultado total.
La lectura sobria es que la minería explica una parte relevante del bajón. Para la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT), de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), no fue una caída asociada a menor demanda, pérdida de competitividad o ineficiencia productiva, sino una interrupción abrupta de la actividad minera formal.
Pero hay una incomodidad adicional. El desplome fue fuerte, pero el peso corriente del rubro en 2023 ya era menor que en años previos. Aun así, cuando un sector con encadenamientos intensivos se detiene, el departamento lo resiente de inmediato, aunque el peso contable de ese año parezca “bajo”.
En términos macroeconómicos, la producción y las exportaciones pueden caer prácticamente a cero. Ese apagón se refleja de manera directa en el PIB sectorial para Izabal.
Lecturas del freno en Izabal
La explicación empresarial es que la contracción respondió “principalmente” —sostiene la Oficina de Prensa de CGN-PRONICO— a la suspensión indefinida de operaciones de uno de los proyectos industriales más grandes del departamento, ocurrida a finales de 2022. El efecto, dicen, fue inmediato. La operación quedó en fase mínima de preservación de activos y la planilla se redujo cerca de un 95 %.
A finales de 2022, CGN y PRONICO, junto con Mayaniquel, fueron designadas por la OFAC (Departamento del Tesoro de EE. UU.) bajo un régimen de sanciones. La Oficina de Prensa de CGN-PRONICO sostiene que la designación impidió operar con normalidad en lo comercial y financiero, aun con planta, equipos y demanda activos. La empresa afirma que la operación quedó detenida desde 2023 y que la nómina pasó de más de 2000 personas a menos de 150.
En enero de 2024, la empresa indica que la OFAC removió a las entidades del régimen de sanciones. CGN-PRONICO sostiene que la remoción no implicó reinicio automático. Después —añade— inició una reingeniería de gobernanza y cumplimiento (además de sostenibilidad y derechos humanos) antes de decidir una reactivación productiva. Reporta inversión en mantenimiento y fortalecimiento institucional, y USD 78.4M en 2025.
Sobre Mayaniquel, la OFAC comunicó por carta que, tras revisar la información disponible, determinó que la empresa “no cumple con los criterios para la designación” en la lista de sancionados. La compañía calificó la designación de 2022 como “errónea” y atribuyó al periodo de suspensión daños comerciales y financieros.
Un exdirector general de Energía del MEM consultado refuerza el peso del shock externo como variable dominante del corte. “El factor principal fue la sanción estadounidense”, afirma. En su lectura, la caída del PIB muestra la vulnerabilidad de un motor departamental ante un evento geopolítico-financiero que restringe operación comercial, pagos y acceso a mercados.
La gremial considera que el factor predominante estuvo en retrasos en permisos, consulta y gestión administrativa. Eso generó alta incertidumbre y obligó a detener o postergar actividades productivas mientras los procesos se resolvían conforme al marco legal. Los impactos —añade— se observan primero en el empleo directo y en el indirecto: transportistas, contratistas y proveedores. Al final, el golpe trasciende al comercio local.
Tensión local, dato firme
Hay una capa social del caso que no explica la caída del PIB por sí sola, pero sí define el entorno de operación. En Izabal existe oposición a la minería y presión por mecanismos de consulta. Un dirigente local consultado plantea que el debate no es solo “mina sí o mina no”, sino bajo qué reglas y con qué legitimidad se reanuda una operación.
Señala —con base en “sondeos” propios realizados a comerciantes— que la suspensión no afectó la economía local y que “siguió igual”. Su declaración registra una percepción, pero no cambia el dato duro: la caída sectorial del 70 %, con incidencia de 1.5 puntos en el PIB departamental, refleja un golpe real en la economía formal asociada al rubro minero.
Ambas capas coexisten. Parte del comercio cotidiano puede sostenerse, mientras se contraen el empleo formal, los proveedores y el movimiento logístico vinculados a una operación industrial. Ahí, el dato duro y el testimonio describen niveles distintos de actividad en el mismo territorio.
El exdirector del MEM exige destrabar instrumentos ambientales y credenciales, y denuncia una “moratoria de facto”. Además, abre un debate que se aborda desde ángulos distintos: quién opera el níquel, bajo qué reglas y con qué licencia social.
En su opinión, Guatemala puede ser la tercera o cuarta reserva de níquel a nivel mundial. “Ya es tiempo de que seamos los mismos guatemaltecos que podamos explotar esos recursos y que ese capital quede en Guatemala”, explica.
Por otro lado, el dirigente local indica que la postura “sería diferente si el capital fuera nacional”. El origen del capital no vuelve esa postura un contrapeso técnico, pero sí expone una tensión: el cese de operaciones lo pagan, sobre todo, trabajadores guatemaltecos. Se estima que entre un 80 % y 90 % de la planilla es nacional y, ante la falta de empleo formal, muchos terminan empujados a migrar.
Tres certezas
Entonces, ¿qué dejan las cifras del BANGUAT? Tres certezas y una advertencia. Uno, el PIB de Izabal cayó en 2023. Dos, la caída se concentra en minas y canteras, con incidencia clara. Tres, aunque el peso corriente del rubro se vea menor en 2023, su apagón mueve el termómetro departamental.
El dato no acredita una causal única, pero sí permite acotar las hipótesis. Queda un triángulo de condiciones que define si el ciclo se repite o se corrige: choques externos; condiciones internas para reactivación sostenida; y conflictividad en el territorio, que puede frenar o encarecer la reactivación.
Del lado empresarial, CGN-PRONICO habla de un reinicio gradual en el segundo trimestre de 2026. GRENAT señala que la inversión no se retrae por regulaciones estrictas, sino por regulaciones impredecibles. “Con reglas claras y apego al marco legal, el sector puede operar, invertir y aportar crecimiento sin generar conflictividad”.
Añade que el telón de fondo es un momento particularmente favorable para la minería a nivel internacional, marcado por precios elevados y una fuerte demanda de minerales críticos. Como ejemplo, cita el níquel: se ubica entre USD 17 700 y 18 000 por tonelada en febrero, reflejando su rol estratégico en la industria del acero y nuevas tecnologías.
Cuando estas variables convergen —producción, exportaciones, inversión, empleo y precios internacionales—, el impacto deja de ser marginal y se traduce en crecimiento del PIB, mayor recaudación fiscal y una dinamización sostenida de las economías locales. “Esto configura una ventana de oportunidad histórica que conviene gestionar con reglas claras, institucionalidad sólida y certeza jurídica”, aseguran.
Los siguientes pasos definirán si Izabal recupera ese motor o si el PIB del departamento sigue pagando la cuenta. Hasta abril, el banco central actualizará los datos con cifras a 2024 —más reciente de la medición—. Ahí se podrá ver si el golpe se agravó o si empezó a reencauzarse.
