EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La basura desbordó hace tiempo los límites de cada uno de los 340 municipios del país, y con ella la capacidad de cualquier alcalde para resolverla por su cuenta. Un problema de esa escala exige inversión sostenida, horizontes largos y capacidad de ejecución, recursos que escasean en la administración pública.
Sobre cómo reunirlos, el República Summit Sostenibilidad 2026: La basura, el reto pendiente convergió en una respuesta: las alianzas público-privadas (APP), que tienen a su favor la participación del sector empresarial.
El primero en dimensionar el reto fue José González Solé, director de la junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). El país genera más de tres millones de toneladas de residuos al año —una libra diaria por persona—, y solo el 70 % de la población urbana —30 % de la rural— cuenta con recolección, frente a más de 2000 vertederos ilegales.
“La basura sí se puede gestionar”, afirmó González Solé, aunque advirtió que ninguna medida aislada basta: hacen falta sistemas integrales, reglas claras, inversión y alianzas público-privadas.
Tres activos que el Estado no puede replicar
El valor de incorporar a la empresa privada quedó resumido en tres puntos. “Tenemos tres activos que el Estado no puede replicar”, afirmó Álvaro Enrique Ruiz, vicepresidente de Guatecaña: capacidad de inversión, velocidad en ejecución y disposición a asumir riesgo calculado.
Que el modelo funciona no es una hipótesis. Ruiz recordó cómo el país superó los apagones de los años 90 con la Ley General de Electricidad, que movilizó miles de millones en inversión, con el sector privado como protagonista. La misma lógica puede ordenar la gestión de residuos. Costa Rica lo confirma: convirtió la limpieza en bandera y en un factor que atrae empresas y turismo.
Daniel García, coordinador de la comisión del Medio Ambiente del CACIF, sumó la pieza que activa esa inversión. Frente a las prohibiciones —“en ningún país han funcionado”—, defendió la economía circular que la industria ya aplica y, sobre todo, los incentivos.
“Cuando tú generas un incentivo, hay una oportunidad para el sector privado para poder invertir y para poder generar certeza de cómo realizar esta APP”, dijo.
En esa línea, Rodrigo Arenas, presidente editor de República, recordó que las soluciones exitosas suelen construirse con incentivos, y pidió que cualquier ley sobre residuos parta de esa lógica y no de una cadena de prohibiciones.
En su opinión, muchas empresas ya impulsan proyectos sin obligación legal, aunque advirtió que no se puede pretender que unas cuantas limpien todo el país. Desde las palabras de apertura, su propuesta fue directa: “Legislemos con base en incentivos.”
El largo plazo, ventaja decisiva
El instrumento lo describió Mario Galán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La alianza público-privada, explicó, es un contrato a largo plazo que incluye el diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento. Con la reforma de la ley —en diciembre— se amplió el alcance de los contratos, de 30 a 50 años.
Ese horizonte permite planificar a una escala que ningún municipio aislado alcanza, y conformar “una gran comunidad” capaz de resolver de manera conjunta un problema que “desborda el territorio”.
Las APP, planteó Gabriela Roca, vicepresidenta de FUNDESA, resuelven además el problema de la temporalidad. Un gobierno dispone de cuatro años, mientras que un proyecto de esta magnitud requiere mucho más tiempo.
“El (sector) público cambia y el privado típicamente se queda”, resumió, y recordó que hay empresas guatemaltecas que tienen un siglo de operar. Esa permanencia aporta la certeza jurídica sobre la que se sostiene cualquier inversión seria.
Los recicladores respaldaron el llamado a ejecutar. Otoniel Barrios, de GREPSA, ofreció a su gremial como “brazo técnico, legal, administrativo” dispuesto a trabajar con el sector público, el privado y la academia. Subrayó que el trabajo previo ya está hecho: “Tenemos data, diagnósticos y estudios.”
Roca precisó cómo diseñar la alianza para que funcione desde el inicio: incentivos que corrijan las externalidades y un Estado subsidiario donde la informalidad lo exija, junto con la formalización de los recicladores y transportistas “que necesitan dignificar su labor”.
Con esas condiciones, coincidieron los panelistas, la alianza público-privada ofrece la ruta más viable y concreta para empezar a resolver un reto largamente postergado: la gestión de la basura. Eso sí, la vicepresidenta de FUNDESA precisó: las APP son un medio, no un fin en sí mismo.
La basura desbordó hace tiempo los límites de cada uno de los 340 municipios del país, y con ella la capacidad de cualquier alcalde para resolverla por su cuenta. Un problema de esa escala exige inversión sostenida, horizontes largos y capacidad de ejecución, recursos que escasean en la administración pública.
Sobre cómo reunirlos, el República Summit Sostenibilidad 2026: La basura, el reto pendiente convergió en una respuesta: las alianzas público-privadas (APP), que tienen a su favor la participación del sector empresarial.
El primero en dimensionar el reto fue José González Solé, director de la junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). El país genera más de tres millones de toneladas de residuos al año —una libra diaria por persona—, y solo el 70 % de la población urbana —30 % de la rural— cuenta con recolección, frente a más de 2000 vertederos ilegales.
“La basura sí se puede gestionar”, afirmó González Solé, aunque advirtió que ninguna medida aislada basta: hacen falta sistemas integrales, reglas claras, inversión y alianzas público-privadas.
Tres activos que el Estado no puede replicar
El valor de incorporar a la empresa privada quedó resumido en tres puntos. “Tenemos tres activos que el Estado no puede replicar”, afirmó Álvaro Enrique Ruiz, vicepresidente de Guatecaña: capacidad de inversión, velocidad en ejecución y disposición a asumir riesgo calculado.
Que el modelo funciona no es una hipótesis. Ruiz recordó cómo el país superó los apagones de los años 90 con la Ley General de Electricidad, que movilizó miles de millones en inversión, con el sector privado como protagonista. La misma lógica puede ordenar la gestión de residuos. Costa Rica lo confirma: convirtió la limpieza en bandera y en un factor que atrae empresas y turismo.
Daniel García, coordinador de la comisión del Medio Ambiente del CACIF, sumó la pieza que activa esa inversión. Frente a las prohibiciones —“en ningún país han funcionado”—, defendió la economía circular que la industria ya aplica y, sobre todo, los incentivos.
“Cuando tú generas un incentivo, hay una oportunidad para el sector privado para poder invertir y para poder generar certeza de cómo realizar esta APP”, dijo.
En esa línea, Rodrigo Arenas, presidente editor de República, recordó que las soluciones exitosas suelen construirse con incentivos, y pidió que cualquier ley sobre residuos parta de esa lógica y no de una cadena de prohibiciones.
En su opinión, muchas empresas ya impulsan proyectos sin obligación legal, aunque advirtió que no se puede pretender que unas cuantas limpien todo el país. Desde las palabras de apertura, su propuesta fue directa: “Legislemos con base en incentivos.”
El largo plazo, ventaja decisiva
El instrumento lo describió Mario Galán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La alianza público-privada, explicó, es un contrato a largo plazo que incluye el diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento. Con la reforma de la ley —en diciembre— se amplió el alcance de los contratos, de 30 a 50 años.
Ese horizonte permite planificar a una escala que ningún municipio aislado alcanza, y conformar “una gran comunidad” capaz de resolver de manera conjunta un problema que “desborda el territorio”.
Las APP, planteó Gabriela Roca, vicepresidenta de FUNDESA, resuelven además el problema de la temporalidad. Un gobierno dispone de cuatro años, mientras que un proyecto de esta magnitud requiere mucho más tiempo.
“El (sector) público cambia y el privado típicamente se queda”, resumió, y recordó que hay empresas guatemaltecas que tienen un siglo de operar. Esa permanencia aporta la certeza jurídica sobre la que se sostiene cualquier inversión seria.
Los recicladores respaldaron el llamado a ejecutar. Otoniel Barrios, de GREPSA, ofreció a su gremial como “brazo técnico, legal, administrativo” dispuesto a trabajar con el sector público, el privado y la academia. Subrayó que el trabajo previo ya está hecho: “Tenemos data, diagnósticos y estudios.”
Roca precisó cómo diseñar la alianza para que funcione desde el inicio: incentivos que corrijan las externalidades y un Estado subsidiario donde la informalidad lo exija, junto con la formalización de los recicladores y transportistas “que necesitan dignificar su labor”.
Con esas condiciones, coincidieron los panelistas, la alianza público-privada ofrece la ruta más viable y concreta para empezar a resolver un reto largamente postergado: la gestión de la basura. Eso sí, la vicepresidenta de FUNDESA precisó: las APP son un medio, no un fin en sí mismo.
