EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Juan David Morgan, referente del derecho y la empresa privada en Panamá, reflexiona sobre el crecimiento de su firma familiar, que entre otros representa a la minera First Quantum, la crisis de idoneidad en la justicia y los desafíos sociales. Destaca la importancia de la educación y la ética profesional para enfrentar la desigualdad y la corrupción.
Subraya su compromiso con la cultura y la filantropía, y advierte sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar oportunidades. Su perspectiva combina experiencia empresarial, visión humanista y un análisis crítico de la realidad panameña.
Usted fundó la firma Morgan & Morgan junto a su padre y su hermano. ¿Cómo surgió la idea?
— Mi padre comenzó su carrera siendo autodidacta, tras la muerte de mi abuelo en una mina en Indonesia. A pesar de haber estudiado solo hasta sexto grado, se convirtió en juez y luego abogado exitoso en Chiriquí. En 1946 fue ministro de Educación y la familia se trasladó a la capital, donde fundamos Morgan & Morgan.
Con mi hermano y mi padre creamos la firma, que inicialmente se enfocó en litigios. Con el tiempo, nos expandimos a asesoría corporativa, representando a un gran número de empresas. Nuestro crecimiento fue paralelo al desarrollo económico de Panamá, especialmente con la llegada de bancos y la transferencia de puertos y el Canal desde EE. UU.
¿Cuál ha sido la decisión más compleja que ha tenido que tomar en su trayectoria profesional y cómo la enfrentó?
— A los 25 años, recién graduado de Yale, acepté ayudar al ministro de Relaciones Exteriores en la negociación de los tratados del Canal. Fue una decisión difícil porque la firma familiar estaba empezando, pero la experiencia fue invaluable. Asumí el Viceministerio y participé en negociaciones internacionales, mientras también daba clases y atendía a mi familia.
Después de esa etapa, rechacé cargos políticos y me enfoqué en la cultura y la educación, presidiendo instituciones como el Museo del Canal, la Ciudad del Saber y el Teatro Nacional. También mantuve la Fundación de la firma, enfocada en asistencia social y educación, combinando así mi pasión por la abogacía y la literatura.
¿Cómo describiría la situación actual del sector legal en Panamá y Centroamérica? ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos?
— La corrupción. Es un problema generalizado que afecta a la judicatura y los tribunales, debido a la falta de idoneidad en quienes ocupan esos cargos. Además, muchas de las carreras públicas previstas en Panamá no se han implementado adecuadamente, lo que limita la profesionalización y el cumplimiento efectivo de la Constitución.
Otro reto grave es la decadencia de la Universidad de Panamá, que produce la mayoría de los abogados, pero enfrenta problemas administrativos y académicos. Esto afecta la calidad de los profesionales y obliga a las firmas a reclutar abogados formados en el extranjero para mantener estándares altos.
¿Por qué considera que cada vez es más frecuente que los perfiles idóneos no quieran participar en política o cargos públicos?
— Personalmente, detesto la política y he rechazado cargos públicos. La política en Panamá está muy marcada por el clientelismo, donde los candidatos son presionados para otorgar puestos. Eso desanima a profesionales idóneos a participar. Además, la polarización entre izquierdas y derechas en la universidad y la impunidad en conflictos sociales deterioran el ambiente.
La politización negativa de espacios como el mencionado de la Universidad de Panamá, donde se refugian manifestantes violentos, también contribuye a que muchos profesionales prefieran mantenerse al margen de la política formal y pública.
La Universidad de Panamá es estatal, ¿considera que se ha vuelto ineficiente en su autogestión?
— Sí, la Universidad ha tenido periodos prolongados de rectorados que han dado lugar a vínculos políticos internos y problemas administrativos. Los fondos no se administran bien y la calidad académica ha decaído, pese a seguir siendo la principal casa de estudios del país.
Además, el crecimiento de universidades privadas ha sido notable, pero muchas enfrentan desafíos similares. La gestión universitaria requiere reformas profundas para recuperar su prestigio y cumplir con su rol formativo.
¿La Universidad de Panamá tiene influencia en lo político?, ¿cómo percibe esa influencia?
— La universidad tiene cierta influencia política, ya que sus pronunciamientos son tomados en cuenta. Sin embargo, esa influencia podría ser mucho mayor y más positiva. Actualmente, su impacto está limitado por los problemas internos y la percepción negativa que ocasiona debido a conflictos y manifestaciones violentas en sus instalaciones.
A pesar de ello, sigue siendo un sector importante en la sociedad panameña, y sus opiniones deberían tener más peso en la toma de decisiones públicas.
¿Cómo se ve desde dentro la corrupción en Panamá y cómo se percibe internacionalmente? ¿Ha cambiado la imagen de paraíso fiscal en los últimos 20 años?
— Es importante diferenciar la corrupción interna de la imagen de Panamá como paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal, ya que cobra impuestos a residentes y empresas. Las sociedades anónimas que se inscribían aquí eran usadas principalmente por bancos extranjeros para manejar fortunas, no por Panamá directamente.
La mala imagen surgió con los llamados Panama Papers, que en realidad se originaron en indagaciones alemanas e investigaciones periodísticas internacionales. Panamá fue injustamente señalada, cuando el problema real era el manejo de bancos suizos y firmas extranjeras, no la jurisdicción panameña en sí.
¿Cómo calificaría los esfuerzos para limpiar la reputación del país frente a la comunidad internacional?
— Al principio fueron muy malos, con estrategias técnicas que no abordaron el problema de forma integral. Panamá careció de una diplomacia fuerte para negociar con los gobiernos, lo que llevó a que permaneciera en las listas negras injustamente.
Con iniciativas como la Ley de Retorsión, que impide contratos con países que no nos sacan de esas listas, se ha avanzado, aunque no se ha aplicado plenamente. Francia, por ejemplo, fue uno de los países más duros con Panamá, influenciada por escándalos propios y no por nuestra realidad.
¿Cómo explica la paradoja de que Panamá, siendo modelo en la región, sea a la vez uno de los países más desiguales?
— La desigualdad en Panamá es alta, pero más por la concentración de riqueza arriba que por la pobreza extrema abajo. Tenemos capitales importantes en diversos sectores, pero también mucha gente en pobreza por falta de educación y oportunidades.
El empleo informal es un problema grave, con casi la mitad de los empleos sin seguridad social ni impuestos. Sin embargo, la vida diaria en Panamá permite sobrevivir con recursos naturales, lo que no ocurre en países con climas diferentes. La pobreza extrema existe, pero afecta a un porcentaje relativamente pequeño.
¿Cuál es su opinión sobre el conflicto con la minera canadiense First Quantum?
Sobre la minera, hubo escepticismo y oposición social, en parte por la falta de confianza en el gobierno para controlar daños ambientales. Además, la izquierda y grupos políticos aprovecharon para politizar el tema, paralizando el país. El gobierno también demonizó a la minera durante dos años, lo que complicó la situación.
Se requiere crear una entidad autónoma que vigile el cumplimiento ambiental, no solo para la minería sino para otras actividades que afectan los bosques y el medio ambiente.
¿Y sobre la situación de la migración en el Darién?
— El problema migratorio en Darién era inmanejable, con más de un millón de migrantes. Con la gestión del presidente actual y la presión de EE. UU., se ha reducido drásticamente el flujo, lo que es un avance importante.
¿Cómo calificaría el Día de la Liberación de los aranceles y la política exterior de EE. UU. bajo Trump?
— Trump es un gran negociador que utiliza tácticas agresivas, subiendo precios para luego ceder. Su estilo es impredecible, pero efectivo en sus objetivos. En política exterior, aunque pelea con China, sabe que necesita negociar con ellos.
Me preocupa más el debilitamiento del liderazgo político estadounidense y la influencia de las migraciones en la sociedad. Trump es producto de esas circunstancias, y su gobierno provoca inestabilidad que afecta también a Panamá, especialmente en temas migratorios.
¿Será capaz Panamá de negociar su posición estratégica entre Washington y Pekín en el contexto actual?
— Panamá debe aprender rápido a manejar esta compleja situación, pues el cambio fue abrupto y tomó por sorpresa a los gobernantes actuales. Las relaciones con China se establecieron inicialmente a escondidas de EE. UU., lo que complicó la diplomacia.
El principal problema es que China no ha firmado el tratado de neutralidad, lo que provoca tensiones. Panamá debe asesorarse bien y actuar con prudencia para mantener su posición estratégica entre estas potencias, aprovechando su tratado con EE. UU. que garantiza la neutralidad del Canal y la seguridad nacional.
Juan David Morgan, referente del derecho y la empresa privada en Panamá, reflexiona sobre el crecimiento de su firma familiar, que entre otros representa a la minera First Quantum, la crisis de idoneidad en la justicia y los desafíos sociales. Destaca la importancia de la educación y la ética profesional para enfrentar la desigualdad y la corrupción.
Subraya su compromiso con la cultura y la filantropía, y advierte sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar oportunidades. Su perspectiva combina experiencia empresarial, visión humanista y un análisis crítico de la realidad panameña.
Usted fundó la firma Morgan & Morgan junto a su padre y su hermano. ¿Cómo surgió la idea?
— Mi padre comenzó su carrera siendo autodidacta, tras la muerte de mi abuelo en una mina en Indonesia. A pesar de haber estudiado solo hasta sexto grado, se convirtió en juez y luego abogado exitoso en Chiriquí. En 1946 fue ministro de Educación y la familia se trasladó a la capital, donde fundamos Morgan & Morgan.
Con mi hermano y mi padre creamos la firma, que inicialmente se enfocó en litigios. Con el tiempo, nos expandimos a asesoría corporativa, representando a un gran número de empresas. Nuestro crecimiento fue paralelo al desarrollo económico de Panamá, especialmente con la llegada de bancos y la transferencia de puertos y el Canal desde EE. UU.
¿Cuál ha sido la decisión más compleja que ha tenido que tomar en su trayectoria profesional y cómo la enfrentó?
— A los 25 años, recién graduado de Yale, acepté ayudar al ministro de Relaciones Exteriores en la negociación de los tratados del Canal. Fue una decisión difícil porque la firma familiar estaba empezando, pero la experiencia fue invaluable. Asumí el Viceministerio y participé en negociaciones internacionales, mientras también daba clases y atendía a mi familia.
Después de esa etapa, rechacé cargos políticos y me enfoqué en la cultura y la educación, presidiendo instituciones como el Museo del Canal, la Ciudad del Saber y el Teatro Nacional. También mantuve la Fundación de la firma, enfocada en asistencia social y educación, combinando así mi pasión por la abogacía y la literatura.
¿Cómo describiría la situación actual del sector legal en Panamá y Centroamérica? ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos?
— La corrupción. Es un problema generalizado que afecta a la judicatura y los tribunales, debido a la falta de idoneidad en quienes ocupan esos cargos. Además, muchas de las carreras públicas previstas en Panamá no se han implementado adecuadamente, lo que limita la profesionalización y el cumplimiento efectivo de la Constitución.
Otro reto grave es la decadencia de la Universidad de Panamá, que produce la mayoría de los abogados, pero enfrenta problemas administrativos y académicos. Esto afecta la calidad de los profesionales y obliga a las firmas a reclutar abogados formados en el extranjero para mantener estándares altos.
¿Por qué considera que cada vez es más frecuente que los perfiles idóneos no quieran participar en política o cargos públicos?
— Personalmente, detesto la política y he rechazado cargos públicos. La política en Panamá está muy marcada por el clientelismo, donde los candidatos son presionados para otorgar puestos. Eso desanima a profesionales idóneos a participar. Además, la polarización entre izquierdas y derechas en la universidad y la impunidad en conflictos sociales deterioran el ambiente.
La politización negativa de espacios como el mencionado de la Universidad de Panamá, donde se refugian manifestantes violentos, también contribuye a que muchos profesionales prefieran mantenerse al margen de la política formal y pública.
La Universidad de Panamá es estatal, ¿considera que se ha vuelto ineficiente en su autogestión?
— Sí, la Universidad ha tenido periodos prolongados de rectorados que han dado lugar a vínculos políticos internos y problemas administrativos. Los fondos no se administran bien y la calidad académica ha decaído, pese a seguir siendo la principal casa de estudios del país.
Además, el crecimiento de universidades privadas ha sido notable, pero muchas enfrentan desafíos similares. La gestión universitaria requiere reformas profundas para recuperar su prestigio y cumplir con su rol formativo.
¿La Universidad de Panamá tiene influencia en lo político?, ¿cómo percibe esa influencia?
— La universidad tiene cierta influencia política, ya que sus pronunciamientos son tomados en cuenta. Sin embargo, esa influencia podría ser mucho mayor y más positiva. Actualmente, su impacto está limitado por los problemas internos y la percepción negativa que ocasiona debido a conflictos y manifestaciones violentas en sus instalaciones.
A pesar de ello, sigue siendo un sector importante en la sociedad panameña, y sus opiniones deberían tener más peso en la toma de decisiones públicas.
¿Cómo se ve desde dentro la corrupción en Panamá y cómo se percibe internacionalmente? ¿Ha cambiado la imagen de paraíso fiscal en los últimos 20 años?
— Es importante diferenciar la corrupción interna de la imagen de Panamá como paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal, ya que cobra impuestos a residentes y empresas. Las sociedades anónimas que se inscribían aquí eran usadas principalmente por bancos extranjeros para manejar fortunas, no por Panamá directamente.
La mala imagen surgió con los llamados Panama Papers, que en realidad se originaron en indagaciones alemanas e investigaciones periodísticas internacionales. Panamá fue injustamente señalada, cuando el problema real era el manejo de bancos suizos y firmas extranjeras, no la jurisdicción panameña en sí.
¿Cómo calificaría los esfuerzos para limpiar la reputación del país frente a la comunidad internacional?
— Al principio fueron muy malos, con estrategias técnicas que no abordaron el problema de forma integral. Panamá careció de una diplomacia fuerte para negociar con los gobiernos, lo que llevó a que permaneciera en las listas negras injustamente.
Con iniciativas como la Ley de Retorsión, que impide contratos con países que no nos sacan de esas listas, se ha avanzado, aunque no se ha aplicado plenamente. Francia, por ejemplo, fue uno de los países más duros con Panamá, influenciada por escándalos propios y no por nuestra realidad.
¿Cómo explica la paradoja de que Panamá, siendo modelo en la región, sea a la vez uno de los países más desiguales?
— La desigualdad en Panamá es alta, pero más por la concentración de riqueza arriba que por la pobreza extrema abajo. Tenemos capitales importantes en diversos sectores, pero también mucha gente en pobreza por falta de educación y oportunidades.
El empleo informal es un problema grave, con casi la mitad de los empleos sin seguridad social ni impuestos. Sin embargo, la vida diaria en Panamá permite sobrevivir con recursos naturales, lo que no ocurre en países con climas diferentes. La pobreza extrema existe, pero afecta a un porcentaje relativamente pequeño.
¿Cuál es su opinión sobre el conflicto con la minera canadiense First Quantum?
Sobre la minera, hubo escepticismo y oposición social, en parte por la falta de confianza en el gobierno para controlar daños ambientales. Además, la izquierda y grupos políticos aprovecharon para politizar el tema, paralizando el país. El gobierno también demonizó a la minera durante dos años, lo que complicó la situación.
Se requiere crear una entidad autónoma que vigile el cumplimiento ambiental, no solo para la minería sino para otras actividades que afectan los bosques y el medio ambiente.
¿Y sobre la situación de la migración en el Darién?
— El problema migratorio en Darién era inmanejable, con más de un millón de migrantes. Con la gestión del presidente actual y la presión de EE. UU., se ha reducido drásticamente el flujo, lo que es un avance importante.
¿Cómo calificaría el Día de la Liberación de los aranceles y la política exterior de EE. UU. bajo Trump?
— Trump es un gran negociador que utiliza tácticas agresivas, subiendo precios para luego ceder. Su estilo es impredecible, pero efectivo en sus objetivos. En política exterior, aunque pelea con China, sabe que necesita negociar con ellos.
Me preocupa más el debilitamiento del liderazgo político estadounidense y la influencia de las migraciones en la sociedad. Trump es producto de esas circunstancias, y su gobierno provoca inestabilidad que afecta también a Panamá, especialmente en temas migratorios.
¿Será capaz Panamá de negociar su posición estratégica entre Washington y Pekín en el contexto actual?
— Panamá debe aprender rápido a manejar esta compleja situación, pues el cambio fue abrupto y tomó por sorpresa a los gobernantes actuales. Las relaciones con China se establecieron inicialmente a escondidas de EE. UU., lo que complicó la diplomacia.
El principal problema es que China no ha firmado el tratado de neutralidad, lo que provoca tensiones. Panamá debe asesorarse bien y actuar con prudencia para mantener su posición estratégica entre estas potencias, aprovechando su tratado con EE. UU. que garantiza la neutralidad del Canal y la seguridad nacional.
