EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala enfrenta desafíos en infraestructura vial situándose en el puesto 112 de 141 en índice de competitividad. En desempeño logístico ocupa el 125 de 160. Con una inversión pública promedio de solo 0.6 % del PIB desde 2015 a 2021, son necesarios cambios drásticos e inmediatos para mejorar transporte y desarrollo.
En perspectiva. Hasta ahora, la inversión pública ha sido insuficiente y el crecimiento de la red vial no cubre las exigencias del país. Por eso surge la necesidad de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con el objetivo de mejorar el manejo y desarrollo de proyectos.
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Según Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, la transformación en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones demuestra que los cambios en la gestión mejoran la cobertura y calidad del servicio. Esto indica que una estrategia similar podría revolucionar el sector vial afectado por la falta de inversión y mala gestión.
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El diputado Julio Héctor Estrada insiste en la falta de atención adecuada a la infraestructura vial desde el periodo democrático. Señala que los proyectos han sido esporádicos y sin la continuidad necesaria para ser robustos y eficientes. Esto ha provocado una urgente necesidad de supervisión y planificación más efectiva.
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Estrada resalta la creación de la Superintendencia Vial en 2017-2018 como un intento inicial de reforma. A pesar de sus limitaciones, sentó las bases para la ley actual que pretende superar estas deficiencias con un modelo de pagos por disponibilidad, ajustado a las condiciones financieras y políticas.
Qué destacar. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria busca mejorar la red vial y catalizar el desarrollo económico. Torrebiarte argumenta que al mejorarla se pueden reducir significativamente los costos de transporte y logística. Esto es esencial para atraer inversiones extranjeras y mejorar la competitividad.
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Con mejores carreteras, el tiempo y el costo de mover productos disminuirían. Guatemala se convertiría en eje del comercio centroamericano.
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Estrada apunta que la legislación también aspira a establecer una estructura más transparente y eficiente para la planificación y ejecución de proyectos viales. Esto es fundamental para generar la confianza de los inversionistas internacionales.
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Con su implementación se mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos facilitando el acceso a mercados, servicios y empleo. Este factor, a largo plazo, contribuiría a un ciclo virtuoso de crecimiento económico y mejora social reduciendo la desigualdad y fomentando una distribución más equitativa de los recursos.
Sí, pero. A pesar de los beneficios potenciales, su aplicación enfrenta algunos desafíos que podrían mermar el éxito de esta legislación.
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Estrada advierte que, especialmente, una (dis)continuidad de las políticas entre diferentes administraciones gubernamentales, desestabilizaría los esfuerzos de reforma.
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Torrebiarte recalca la importancia de vencer la resistencia de algunos sectores afectados por la redistribución de recursos o cambios en proyectos. Es crucial el apoyo del sector privado para complementar la labor gubernamental y garantizar la sostenibilidad de los mismos.
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Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar los cambios propuestos. Se asegura así la construcción de infraestructura y su mantenimiento y gestión a largo plazo.
En conclusión. Es vital identificar los desafíos de la implementación de la Ley y las estrategias para superarlos. Se requieren transparencia y ética en su aplicación. El éxito dependerá de la habilidad del gobierno y los actores económicos para gestionar eficazmente y sin corrupción.
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Estrada enumero otros retos políticos como la aprobación continua del Congreso y la alineación entre los distintos niveles de gobierno.
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La norma requiere un compromiso político sólido y de largo plazo que pueda resistir cambios en las administraciones para evitar interrupciones y garantizar la continuidad de los proyectos.
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La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es un paso adelante hacia una Guatemala más conectada y competitiva. Su aplicación práctica y adaptabilidad a coyunturas diversas probarán su efectividad.
Guatemala enfrenta desafíos en infraestructura vial situándose en el puesto 112 de 141 en índice de competitividad. En desempeño logístico ocupa el 125 de 160. Con una inversión pública promedio de solo 0.6 % del PIB desde 2015 a 2021, son necesarios cambios drásticos e inmediatos para mejorar transporte y desarrollo.
En perspectiva. Hasta ahora, la inversión pública ha sido insuficiente y el crecimiento de la red vial no cubre las exigencias del país. Por eso surge la necesidad de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con el objetivo de mejorar el manejo y desarrollo de proyectos.
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Según Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, la transformación en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones demuestra que los cambios en la gestión mejoran la cobertura y calidad del servicio. Esto indica que una estrategia similar podría revolucionar el sector vial afectado por la falta de inversión y mala gestión.
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El diputado Julio Héctor Estrada insiste en la falta de atención adecuada a la infraestructura vial desde el periodo democrático. Señala que los proyectos han sido esporádicos y sin la continuidad necesaria para ser robustos y eficientes. Esto ha provocado una urgente necesidad de supervisión y planificación más efectiva.
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Estrada resalta la creación de la Superintendencia Vial en 2017-2018 como un intento inicial de reforma. A pesar de sus limitaciones, sentó las bases para la ley actual que pretende superar estas deficiencias con un modelo de pagos por disponibilidad, ajustado a las condiciones financieras y políticas.
Qué destacar. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria busca mejorar la red vial y catalizar el desarrollo económico. Torrebiarte argumenta que al mejorarla se pueden reducir significativamente los costos de transporte y logística. Esto es esencial para atraer inversiones extranjeras y mejorar la competitividad.
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Con mejores carreteras, el tiempo y el costo de mover productos disminuirían. Guatemala se convertiría en eje del comercio centroamericano.
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Estrada apunta que la legislación también aspira a establecer una estructura más transparente y eficiente para la planificación y ejecución de proyectos viales. Esto es fundamental para generar la confianza de los inversionistas internacionales.
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Con su implementación se mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos facilitando el acceso a mercados, servicios y empleo. Este factor, a largo plazo, contribuiría a un ciclo virtuoso de crecimiento económico y mejora social reduciendo la desigualdad y fomentando una distribución más equitativa de los recursos.
Sí, pero. A pesar de los beneficios potenciales, su aplicación enfrenta algunos desafíos que podrían mermar el éxito de esta legislación.
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Estrada advierte que, especialmente, una (dis)continuidad de las políticas entre diferentes administraciones gubernamentales, desestabilizaría los esfuerzos de reforma.
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Torrebiarte recalca la importancia de vencer la resistencia de algunos sectores afectados por la redistribución de recursos o cambios en proyectos. Es crucial el apoyo del sector privado para complementar la labor gubernamental y garantizar la sostenibilidad de los mismos.
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Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar los cambios propuestos. Se asegura así la construcción de infraestructura y su mantenimiento y gestión a largo plazo.
En conclusión. Es vital identificar los desafíos de la implementación de la Ley y las estrategias para superarlos. Se requieren transparencia y ética en su aplicación. El éxito dependerá de la habilidad del gobierno y los actores económicos para gestionar eficazmente y sin corrupción.
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Estrada enumero otros retos políticos como la aprobación continua del Congreso y la alineación entre los distintos niveles de gobierno.
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La norma requiere un compromiso político sólido y de largo plazo que pueda resistir cambios en las administraciones para evitar interrupciones y garantizar la continuidad de los proyectos.
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La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es un paso adelante hacia una Guatemala más conectada y competitiva. Su aplicación práctica y adaptabilidad a coyunturas diversas probarán su efectividad.
